Un Marco Legal en el Código de ComercioLa contabilidad es un pilar fundamental para el funcionamiento y la gestión de cualquier negocio. En el marco del Código de Comercio, la normativa sobre la contabilidad de los comerciantes y empresarios establece directrices claras y precisas que buscan regular la manera en que deben llevar sus registros contables y las implicaciones de estos en procesos judiciales y arbitrales.1. Obligación de Llevar ContabilidadEl Art. 28 del Código establece que los comerciantes tienen la obligación de llevar una contabilidad conforme a lo dispuesto en la ley. Esto significa que deben llevar un registro ordenado y sistemático de sus operaciones comerciales, lo cual no solo es crucial para la gestión interna del negocio, sino que también asegura transparencia y responsabilidad ante terceros, incluidos socios, proveedores y el Estado.2. Inspección y Exhibición ContableLos artículos 29 y 32 introducen la posibilidad de que en procesos judiciales o arbitrales, el juez o árbitro ordene la inspección o exhibición de los registros contables. Esto puede hacerse a solicitud de parte o de oficio, lo que implica que los registros contables son susceptibles de revisión siempre que se relacionen con el asunto en litigio. La inspección debe ser específica y no puede generalizarse, asegurando que solo se examinen los rubros controvertidos.Este acceso a la información contable es crucial para garantizar que las decisiones judiciales se basen en datos precisos y actualizados. Además, la normativa permite que la información obtenida durante la inspección sea incorporada al proceso judicial, ya sea a través de copias o capturas de datos, lo que moderniza y agiliza los procedimientos.3. Valor de la ContabilidadEl Art. 30 aclara que la contabilidad que no cumpla con las normas legales no tendrá valor en los procesos judiciales o arbitrales. Esto resalta la importancia de mantener registros adecuados y cumplir con las normativas vigentes. Si ningún comerciante presenta registros conforme a derecho, el juez o árbitro tomará decisiones basadas en otras pruebas, lo que puede ser perjudicial para aquellos que no mantengan una contabilidad adecuada.Por otro lado, los libros y asientos contables son considerados prueba fehaciente de los actos del comerciante, según el Art. 31. Esto significa que una vez que se presenta un registro contable, no se aceptará prueba que lo contradiga, fortaleciendo así la posición del comerciante que lleva una contabilidad organizada y conforme a la ley.4. Conservación y Respaldo de DocumentosEl Art. 35 establece que los comerciantes y sus herederos deben conservar los libros de contabilidad y sus comprobantes hasta que se complete la liquidación de sus negocios y, adicionalmente, por un período de siete años después de dicha liquidación. Esta disposición es fundamental para garantizar que haya un historial claro de las operaciones comerciales, lo que puede ser vital en caso de auditorías o litigios futuros.Además, se permite el uso de tecnología para archivar documentos, como microfilm o discos ópticos, lo que facilita la conservación de la información y mejora la eficiencia en la gestión documental.5. Confidencialidad y Protección de la InformaciónEl Art. 38 menciona que la información y recomendaciones de los profesionales que asisten a los comerciantes están sujetas a un régimen de confidencialidad. Esta protección es esencial para fomentar un ambiente de confianza entre comerciantes y asesores, permitiendo que los empresarios compartan información sensible sin temor a represalias o divulgaciones no autorizadas.La contabilidad, según lo dispuesto en el Código de Comercio, es mucho más que un simple requisito legal; es una herramienta estratégica que permite a los comerciantes llevar un control adecuado de sus operaciones, cumplir con sus obligaciones tributarias y protegerse en caso de disputas legales. La regulación clara y específica en torno a la contabilidad busca fomentar la transparencia y la confianza en el entorno comercial, lo que es esencial para el desarrollo económico y la estabilidad del mercado. En un mundo donde la información es poder, mantener una contabilidad adecuada es una necesidad ineludible para cualquier empresario. Fuente: Código de Comercio. (2023). Registro Oficial Suplemento No.497. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoViernes, 01 de Noviembre del 2024
La razón social es un elemento esencial en el mundo empresarial, ya que permite identificar a cada compañía en el mercado y distinguirla de otras. Su importancia radica no solo en la creación de una identidad corporativa, sino también en los derechos de exclusividad y protección que brinda a cada empresa sobre su nombre. En Ecuador, el artículo 16 de la Ley de Compañías establece disposiciones claras sobre el uso y protección de la razón social, garantizando que cada nombre empresarial sea único y distintivo. A continuación, exploraremos la relevancia y el marco regulador de este artículo en la estructura corporativa.El artículo 16 de la Ley de Compañías en Ecuador establece que la razón social o denominación de cada compañía es una propiedad exclusiva de esta y no puede ser utilizada por ninguna otra empresa o individuo. Este derecho de exclusividad protege a las compañías del uso indebido o confusión en el mercado, lo que es esencial para el reconocimiento y la fidelidad de los consumidores hacia una marca o empresa.El artículo también contempla la situación de los grupos empresariales, donde diferentes compañías pueden estar vinculadas a una sociedad matriz y desear incluir parte de la identidad de esta en sus propios nombres. En estos casos, el reglamento exige la autorización de la sociedad matriz y una aprobación regulada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Este procedimiento asegura que el vínculo entre las compañías del grupo se haga de manera legítima y regulada, sin comprometer la exclusividad de la razón social y manteniendo la claridad para el consumidor.La regulación también busca evitar conflictos legales y competencia desleal, asegurando que cada razón social o denominación sea un recurso único, distintivo y protegido. La Superintendencia de Compañías es la entidad encargada de revisar y aprobar los nombres, garantizando que estos cumplan con los parámetros establecidos y no generen confusión en el mercado.La razón social representa mucho más que un nombre; es un recurso legal y estratégico para cada compañía. Al garantizar la exclusividad y protección de este, el artículo 16 de la Ley de Compañías en Ecuador permite a las empresas consolidar su identidad y mantener una posición única en el mercado. Además, establece un marco regulador claro y preventivo en casos de grupos empresariales, permitiendo la vinculación entre compañías bajo un mismo grupo sin vulnerar los derechos de cada una. Esta regulación fortalece la transparencia y la confianza en el sistema corporativo, beneficiando tanto a las empresas como a los consumidores. Fuente: Ley de compañías. (2023). Registro oficial suplemento 312. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Carolina VelascoMiércoles, 30 de Octubre del 2024
Transferencia de participaciones.La Ley de Compañías en Ecuador establece disposiciones clave sobre el capital social, la transmisión de participaciones, y los derechos y obligaciones de los socios en las compañías de responsabilidad limitada. Los artículos 110 al 113 abordan temas esenciales en torno a la modificación del capital social, el derecho de preferencia de los socios, la amortización de participaciones, y la transferencia de estas. Derecho de Preferencia en el Aumento de CapitalEl artículo 110 otorga a los socios un derecho de preferencia en el caso de un aumento de capital social. Este derecho les permite suscribir nuevas participaciones en proporción a sus aportes actuales, evitando así la dilución de sus participaciones. La única excepción a este derecho ocurre si el contrato social establece lo contrario, situación en la cual los socios no gozarían de esta preferencia. Esta disposición protege el interés de los socios actuales, al darles prioridad antes de que se abran las nuevas participaciones a terceros. Reducción del Capital Social en Compañías de Responsabilidad LimitadaEl artículo 111 establece que la reducción del capital social en una compañía de responsabilidad limitada solo puede realizarse en situaciones específicas, garantizando así la estabilidad financiera de la sociedad. Los casos en que se permite la reducción son los siguientes:1. Exclusión de uno o más socios: Si un socio es excluido, su aporte debe ser liquidado y devuelto.2. Absorción de pérdidas: Para cubrir pérdidas de la compañía, se puede reducir el capital social, afectando a todos los socios por igual.3. Amortización de participaciones sociales: Este mecanismo permite reducir el capital para amortizar participaciones, siguiendo el procedimiento del artículo 112.4. Condonación del capital no pagado: En caso de capital suscrito, pero no pagado, se puede condonar esa deuda.5. Eliminación de capital excedente: Si parte del capital no es necesario para el funcionamiento de la empresa, se puede eliminar.Esta normativa protege a la compañía, ya que limita las circunstancias en las cuales se puede reducir su capital social, manteniendo un control sobre su solvencia y fortaleza económica. Amortización de Participaciones SocialesLa amortización de las participaciones sociales, según el artículo 112, requiere un acuerdo previo para reducir el capital. Este proceso no puede sobrepasar el 50% del capital social, asegurando que la compañía mantenga un nivel adecuado de capital para operar. La amortización permite a los socios recuperar parte de su inversión sin tener que vender sus participaciones, brindando una alternativa para reducir su involucramiento financiero en la compañía sin necesidad de ceder sus derechos o responsabilidades. Transferencia de ParticipacionesEl artículo 113 regula la transferencia de participaciones en una compañía de responsabilidad limitada. La participación de un socio es libremente transferible entre socios, facilitando la circulación interna de capital. Sin embargo, para ceder las participaciones a terceros, se requiere la aprobación unánime de los socios, lo cual debe constar por escrito, ya sea en una junta general o mediante otro medio verificable. Esta cláusula protege el interés de los socios al controlar la entrada de nuevos miembros.El proceso de transferencia incluye varios requisitos, como:1. Formalización mediante documento privado: El contrato de cesión debe realizarse por escrito.2. Inscripción en el Libro de Participaciones y Socios: Una vez inscrita la cesión, el representante legal debe anular el certificado de aportación anterior y emitir uno nuevo a favor del cesionario.3. Registro Mercantil: La cesión también debe inscribirse en el Registro Mercantil, lo cual le otorga validez y oponibilidad frente a terceros.Además, el artículo permite la prenda de participaciones, pero requiere la aprobación unánime de los socios. Este detalle añade una capa de seguridad en la gestión de las participaciones, asegurando que todos los socios están de acuerdo en mantener dichas participaciones como garantía.Los artículos 110 a 113 de la Ley de Compañías protegen tanto a los socios como a la propia estructura de las compañías de responsabilidad limitada. Al otorgar derechos de preferencia en aumentos de capital, regular la reducción del mismo, y detallar el procedimiento para la cesión de participaciones, se crea un marco legal que fomenta la estabilidad de la sociedad y protege los intereses de sus socios. Estas normas aseguran que cualquier cambio en el capital o en la composición de socios sea cuidadosamente controlado y alineado con los intereses de todos los involucrados, fortaleciendo la seguridad jurídica y la sostenibilidad empresarial. Fuente: Ley de Compañías. (2023). Registro oficial No.312. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoLunes, 28 de Octubre del 2024
El artículo 112 del Código de Comercio regula la cesión y transmisión de derechos y documentos, estableciendo un marco claro para su aplicación en diferentes casos, ya sean títulos a la orden, nominativos o al portador. Este artículo refleja la evolución normativa frente a los cambios en la manera en que se negocian y transfieren los derechos, adaptándose a un contexto moderno donde la digitalización juega un papel esencial.Formas Tradicionales de Cesión y Transmisión En el ámbito tradicional, la cesión o transmisión de derechos y documentos se realiza de manera diferenciada dependiendo de la naturaleza del título:1. Títulos a la orden: En este caso, la transferencia se efectúa mediante el endoso, es decir, la firma y entrega del título al nuevo beneficiario. Este acto es fundamental en los títulos que otorgan derechos de cobro, como pagarés o cheques.2. Títulos nominativos: Aquí, la cesión requiere una notificación a la parte obligada, lo que asegura que todos los involucrados en la relación jurídica conozcan el cambio de titularidad.3. Títulos al portador: Para estos títulos, la mera entrega física es suficiente para transferir los derechos, dado que quien posea el título es considerado su legítimo titular.Títulos Valor ElectrónicosEl segundo inciso del artículo introduce una dimensión crucial: los títulos valor electrónicos. En este caso, la transmisión y cesión seguirán las mismas reglas que los títulos tradicionales, pero con la particularidad de que estos pueden realizarse mediante medios electrónicos, utilizando firmas electrónicas o manuscritas.El reconocimiento de los títulos valor electrónicos es especialmente relevante en el marco de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Dicha ley establece los requisitos para que un documento electrónico sea considerado válido y con efectos legales, otorgando a los títulos electrónicos la misma validez jurídica que aquellos emitidos en papel.Principios Fundamentales del Marco ElectrónicoEl artículo aclara que no se podrá negar efectos jurídicos a un título valor por el simple hecho de estar en formato electrónico, siempre que cumpla con los requisitos legales. Este principio refleja una alineación con el avance tecnológico y con la necesidad de que los documentos y transacciones electrónicas gocen de plena validez dentro del ordenamiento jurídico.Sin embargo, se establece una limitante: los títulos valor al portador no podrán emitirse ni existir en formato electrónico. Esto se debe a la naturaleza propia de los títulos al portador, cuyo principal rasgo es la legitimación a través de la posesión física del documento.La regulación de los títulos valor electrónicos en Ecuador refleja un esfuerzo por adaptar las normas tradicionales a la realidad tecnológica actual. La posibilidad de transmitir derechos y documentos a través de medios electrónicos, utilizando firmas digitales, abre la puerta a una mayor eficiencia en las transacciones comerciales y financieras, sin comprometer la seguridad jurídica. No obstante, esta modernización se ajusta a principios fundamentales del derecho mercantil, como la legitimación y la seguridad en la titularidad de los derechos. Fuente: Código de comercio. (2019). Registro Oficial Suplemento No.497. EcuadorBlog escrito por la Consultora Camila ProañoViernes, 25 de Octubre del 2024
El Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador establece un marco legal robusto para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho de mantener relaciones significativas con sus progenitores y familiares, aun cuando no residan con ellos. Uno de los aspectos más importantes en este sentido es el derecho de visitas, regulado en los artículos 122 a 125 del Código, que establece las condiciones bajo las cuales uno de los progenitores o familiares puede mantener contacto con el menor, especialmente en casos de separación o conflictos familiares.Obligatoriedad del Régimen de Visitas El artículo 122 del Código establece que, cuando el juez confía la tenencia o la patria potestad a uno de los progenitores, es obligatorio que regule el régimen de visitas para que el otro progenitor mantenga contacto con sus hijos. El objetivo de esta disposición es preservar el vínculo familiar y permitir que ambos progenitores sigan participando en la vida del niño, niña o adolescente, incluso después de una separación.Sin embargo, el derecho de visitas no es absoluto. En casos donde haya evidencias de violencia física, psicológica o sexual por parte de uno de los progenitores, el juez puede limitar o suspender las visitas, priorizando siempre el interés superior del menor. Este principio rector busca proteger a los niños de cualquier daño físico o emocional que pueda resultar del contacto con un progenitor agresor. Las limitaciones pueden incluir desde la supervisión de las visitas hasta la prohibición total de las mismas, dependiendo de la gravedad de la situación.Forma de Regular el Régimen de Visitas En la regulación del régimen de visitas, el artículo 123 establece que el juez debe actuar de manera flexible y considerar varias circunstancias. En casos donde no exista un acuerdo entre los progenitores o los familiares, o si el acuerdo al que han llegado es perjudicial para los derechos del menor, el juez tomará decisiones basadas en los siguientes criterios:Cumplimiento de las Obligaciones Parentales: El juez evaluará si el progenitor solicitante ha cumplido con sus responsabilidades, como la manutención y el cuidado emocional del menor.Informes Técnicos: Se solicitarán informes técnicos que puedan proporcionar una visión clara de la situación familiar, la relación entre los progenitores y el menor, y el impacto que el régimen de visitas podría tener en el bienestar del niño.Estos informes técnicos son fundamentales para que el juez pueda tomar decisiones informadas, priorizando siempre el bienestar y el desarrollo integral del menor.Extensión del Régimen de Visitas a Otros Familiares El derecho de visitas no se limita solo a los progenitores. Según el artículo 124, el juez puede extender el régimen de visitas a ascendientes y otros parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de consanguinidad en la línea colateral (como los abuelos, tíos, primos, etc.), siempre que esto sea beneficioso para el menor. Además, personas no parientes, pero que tengan un vínculo afectivo significativo con el niño, niña o adolescente, también pueden solicitar un régimen de visitas. Esto subraya la importancia de las relaciones familiares y afectivas en el desarrollo de los menores, asegurando que el aislamiento de su entorno familiar no afecte su bienestar emocional.Consecuencias de la Retención Indebida del Menor El artículo 125 establece sanciones claras para cualquier persona, incluyendo a los padres, que retenga indebidamente al menor cuando la tenencia o patria potestad ha sido otorgada a otra persona. Si un progenitor u otra persona obstaculiza el régimen de visitas, el juez puede requerir judicialmente la entrega inmediata del menor y ordenar la indemnización de los daños ocasionados por dicha retención.En caso de que la persona requerida no cumpla con la orden judicial, el juez puede decretar medidas más drásticas, como el apremio personal (es decir, la detención de la persona) y el allanamiento del inmueble donde se encuentre el menor para garantizar su recuperación. Estas disposiciones son medidas firmes para asegurar que se cumplan los derechos del niño y los acuerdos establecidos por el juez.En conclusión, el Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador refleja un compromiso claro con la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El derecho de visitas es una herramienta clave para garantizar que, incluso en situaciones de conflicto o separación, los menores mantengan contacto con sus progenitores y familiares de manera segura y supervisada cuando sea necesario. El interés superior del menor es el principio rector que guía todas las decisiones en esta área, asegurando que se preserve el bienestar físico y emocional de los niños, niñas y adolescentes en todo momento.Este marco legal no solo garantiza el derecho de los progenitores a mantener contacto con sus hijos, sino que también protege a los menores de situaciones de riesgo, como la violencia intrafamiliar, proporcionando soluciones legales efectivas para prevenir daños y promover la estabilidad emocional y social de los menores.Referencia: Código de la Niñez y Adolescencia (2023). Registro Oficial 737. EcuadorBlog escrito por la Consultora Emelin QuishpeMiércoles, 23 de Octubre del 2024
La propiedad intelectual (PI) es un concepto que se refiere a los derechos que tienen los creadores sobre sus obras e invenciones. En un mundo cada vez más globalizado y digital, proteger la creatividad y la innovación es fundamental para fomentar el desarrollo cultural y económico de una sociedad. En este contexto, el Artículo 89 establece una tipología clara de los derechos de propiedad intelectual, que se divide en derechos de autor y derechos conexos, propiedad industrial y obtenciones vegetales. Cada uno de estos aspectos juega un papel crucial en la salvaguarda de los intereses de los creadores y la promoción del progreso.Derechos de Autor y Derechos ConexosLos derechos de autor son la forma más reconocida de propiedad intelectual, protegiendo las creaciones literarias, artísticas y científicas. Estos derechos otorgan al creador el control sobre el uso y distribución de su obra, permitiéndole recibir reconocimiento y compensación por su trabajo. Además, los derechos conexos amplían esta protección a quienes contribuyen a la creación de una obra, como intérpretes y productores. Este sistema no solo promueve la creatividad, sino que también asegura que los creadores puedan vivir de su trabajo, incentivando la producción cultural.Propiedad IndustrialPor otro lado, la propiedad industrial abarca las invenciones, marcas, diseños industriales y secretos comerciales. Este ámbito es esencial para las empresas, ya que protege sus innovaciones y les otorga una ventaja competitiva en el mercado. La protección de marcas, por ejemplo, permite a los consumidores identificar y confiar en productos específicos, fomentando la lealtad del cliente. La propiedad industrial, al resguardar las invenciones y creaciones, estimula la inversión en investigación y desarrollo, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico.Obtenciones VegetalesFinalmente, las obtenciones vegetales representan una categoría específica dentro de la propiedad intelectual, que protege los derechos de los breeders o mejoradores de plantas. Este aspecto es crucial para la agricultura y la seguridad alimentaria, ya que fomenta la innovación en la creación de nuevas variedades de cultivos que pueden ser más resistentes a plagas, enfermedades o condiciones climáticas adversas. Al proteger estas invenciones, se incentiva la investigación y el desarrollo en el sector agrícola, beneficiando tanto a productores como a consumidores.La propiedad intelectual, tal como se detalla en el Artículo 89, es esencial para la promoción de la creatividad y la innovación en diversas áreas. Los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales son pilares que sostienen la economía del conocimiento y la cultura. Al garantizar la protección de las obras y las invenciones, se fomenta un entorno donde los creadores pueden prosperar, y la sociedad en su conjunto se beneficia del avance cultural y tecnológico. En un futuro donde la innovación será cada vez más crítica, es vital que continuemos apoyando y fortaleciendo los marcos de propiedad intelectual que permiten que las ideas florezcan y se conviertan en realidades. Fuente: COESSIC (2024). Registro oficial suplemento1435. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Carolina VelascoLunes, 21 de Octubre del 2024
El derecho penal de Ecuador, al igual que en muchas jurisdicciones, establece ciertos principios que permiten exonerar a una persona de responsabilidad penal cuando su conducta, aunque típica (es decir, encuadrada en la descripción legal de un delito), está justificada por circunstancias especiales. Estas situaciones están previstas en los artículos 30 y 33, que tratan sobre las causas de exclusión de la antijuridicidad y la legítima defensa, respectivamente.Este artículo establece que no hay infracción penal cuando una conducta típica está justificada por circunstancias de estado de necesidad o legítima defensa. Estas son circunstancias en las que, aunque una persona comete un acto que, en principio, sería punible, este acto no se considera infracción penal debido a razones justificadas por el contexto en que se realiza.Además, el artículo también contempla que no existe infracción cuando el acto se realiza en cumplimiento de una orden legítima y expresa de una autoridad competente o en cumplimiento de un deber legal. En estos casos, la persona no actúa por voluntad propia, sino que obedece una obligación impuesta por la ley o una orden jerárquica, siempre que estas sean legítimas y puedan ser debidamente comprobadas.La legítima defensa es uno de los supuestos más reconocidos para la exclusión de la antijuridicidad. Según el artículo 33, se permite cuando una persona actúa para defender cualquier derecho, propio o de un tercero. Sin embargo, para que esta defensa se considere legítima, deben cumplirse tres requisitos fundamentales:1.Agresión actual e ilegítima: Esto significa que la defensa solo es válida si se enfrenta a una agresión que está ocurriendo en ese momento, y esta agresión debe ser ilegítima, es decir, contraria a la ley. No se puede invocar la legítima defensa si el ataque ya ha finalizado o si aún no ha comenzado.2. Necesidad racional de la defensa: La respuesta a la agresión debe ser proporcional y necesaria para repeler o evitar el daño. No se puede exceder en la intensidad o los medios utilizados en la defensa, ya que estos deben estar en relación con la amenaza o el ataque.3. **Falta de provocación suficiente**: La persona que se defiende no debe haber provocado el ataque de manera significativa. Es decir, la legítima defensa no puede ser invocada si quien actúa en defensa es en parte responsable de haber iniciado o provocado la agresión.La exclusión de la antijuridicidad y la legítima defensa son elementos clave dentro del sistema penal ecuatoriano. Ambos conceptos protegen a las personas que se ven obligadas a actuar de manera que, en otras circunstancias, sería considerada delictiva. No obstante, estas defensas solo son válidas si cumplen con los requisitos estrictamente estipulados por la ley, garantizando así que no se abuse de ellas. Fuente: Código Orgánico Integral Penal. (2024). Registro de Suplemento No. 180.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoViernes, 18 de Octubre del 2024
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), regula en el Ecuador los derechos de autor y los derechos conexos. Este último grupo abarca aquellos derechos que, aunque no se centran directamente en la obra original, protegen a quienes participan en su difusión o interpretación, como los artistas, productores y organismos de radiodifusión. En el artículo 224 del COESCCI se detallan los titulares de estos derechos, destacando el reconocimiento de su aporte fundamental a la industria creativa.El artículo 224 del COESCCI establece que los titulares de derechos conexos son, principalmente, tres grupos: 1. Artistas intérpretes o ejecutantes: Se refiere a aquellos que interpretan, recitan, actúan, cantan, o ejecutan una obra. Los derechos conexos les permiten tener control sobre la reproducción y difusión de sus interpretaciones, asegurando que su esfuerzo sea compensado. Este derecho es crucial para artistas en diferentes ámbitos, garantizando su participación justa en la distribución de los beneficios económicos que genera su labor. 2. Productores de fonogramas: Incluye a las personas físicas o jurídicas que realizan la primera grabación de los sonidos de una interpretación o cualquier otro sonido. Estos productores invierten recursos en la grabación y distribución del fonograma, por lo que el COESCCI reconoce su derecho a ser retribuidos por el uso de esa grabación. Su derecho abarca la reproducción, distribución y cualquier otra forma de explotación del fonograma. 3. Organismos de radiodifusión: Son las empresas que transmiten señales audiovisuales o sonoras al público. El derecho conexo de los organismos de radiodifusión cubre la retransmisión, grabación y uso de su señal por parte de terceros. Este derecho protege sus inversiones en la transmisión de contenidos, permitiéndoles controlar y beneficiarse de la explotación de su señal por otros.Estos derechos conexos no interfieren con los derechos de autor, sino que coexisten con ellos, asegurando que tanto los creadores de la obra como quienes contribuyen a su difusión y ejecución reciban su compensación correspondiente.El artículo 224 del COESCCI reconoce que la creación y difusión de obras artísticas y culturales es un esfuerzo colectivo que involucra a más personas que solo al autor. Al proteger a artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, este marco legal garantiza que todos los actores que participan en el ciclo de producción, distribución y difusión cultural reciban un reconocimiento y compensación justa. Esto refuerza la importancia de los derechos conexos en la economía creativa ecuatoriana.Fuente: CODIGO ORGANICO ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS. (2017). Registro oficial suplemento 1435. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeMiércoles, 16 de Octubre del 2024
En Ecuador, la inclusión laboral de personas con discapacidad no solo es un tema de justicia social, sino también una obligación legal. La Ley Orgánica de Discapacidades, específicamente en su Artículo 47, establece normas claras que buscan promover la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral tanto público como privado. A continuación, exploraremos los puntos clave de esta normativa, su impacto y los desafíos que enfrentan las organizaciones para cumplir con esta obligación.¿Qué establece el Artículo 47 sobre la inclusión laboral?1. Obligatoriedad para empleadores con 25 o más trabajadoresEl Artículo 47 impone una clara responsabilidad a los empleadores públicos y privados que cuenten con una nómina de al menos 25 trabajadores. Estos deben contratar al menos un 4% de personas con discapacidad para puestos permanentes que se consideren apropiados en relación con sus conocimientos y capacidades individuales. Este requisito tiene un enfoque inclusivo, buscando respetar tanto las condiciones físicas como las aptitudes de los candidatos, y promoviendo la equidad de género y la diversidad de discapacidades.2. Distribución equitativaPara evitar la concentración de estas oportunidades en ciertas áreas geográficas, la ley exige que el porcentaje de inclusión se distribuya equitativamente en las provincias (para empleadores nacionales) o en los cantones (para empleadores provinciales). Esto asegura que las oportunidades laborales para personas con discapacidad estén disponibles en todo el país, promoviendo la equidad regional.3. Excepciones y consideraciones especialesEn ciertas áreas de trabajo, como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Policías Municipales y empresas de seguridad y vigilancia privada, el porcentaje de inclusión laboral solo aplica para el personal administrativo. Esto se debe a la naturaleza de las funciones operativas en estas instituciones, las cuales pueden implicar riesgos físicos que podrían comprometer la integridad de las personas con discapacidad.4. Adecuación del ambiente laboralLa ley subraya que las personas con discapacidad deben tener acceso a un entorno de trabajo adecuado para el desarrollo de sus capacidades. Esto implica que los empleadores deben garantizar:El uso de herramientas técnicas y tecnológicas que faciliten el trabajo.La adaptación del ambiente laboral para que las personas con discapacidad puedan cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y segura.5. Transporte adecuadoSi el empleador ofrece servicio de transporte para su personal, las unidades deben estar adaptadas para permitir el acceso a personas con discapacidad. En caso de que esto no sea posible, se pueden ofrecer otros beneficios sociales como alternativa, de acuerdo con el reglamento de la ley.6. Exclusión de ciertos tipos de contratosFinalmente, para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral, la normativa excluye aquellos contratos que no tengan carácter permanente o estable. Esto significa que los empleadores solo deben considerar a los trabajadores con contratos fijos para determinar el 4% de inclusión obligatoria.Desafíos para los empleadoresImplementar esta normativa puede suponer ciertos desafíos, especialmente para empresas que no han adaptado aún sus espacios o procesos de selección. Algunas de las principales barreras incluyen:Falta de infraestructura adecuada para personas con discapacidad.Desconocimiento sobre las adaptaciones necesarias en términos de tecnología y ergonomía.Resistencia al cambio en la cultura organizacional, que podría no estar acostumbrada a la diversidad funcional.Desafíos logísticos para cumplir con la distribución geográfica de las contrataciones.En conclusión la inclusión laboral de personas con discapacidad, establecida en el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades de Ecuador, es un paso importante hacia una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, para que esta normativa sea efectiva, es fundamental que los empleadores no solo cumplan con los porcentajes requeridos, sino que también adopten una visión inclusiva que valore el talento y las capacidades de las personas con discapacidad. Las adaptaciones en el entorno laboral, así como el respeto por las particularidades de cada trabajador, son claves para garantizar un empleo digno y equitativo para todos.Referencia Ley Orgánica de Discapacidades (2019). Registro Oficial Suplemento 796. EcuadorBlog escrito por la Consultora Emelin QuishpeLunes, 14 de Octubre del 2024.
