Protegiendo al Comprador En el vasto universo del Derecho Civil, la compraventa de bienes juega un papel fundamental, siendo una de las figuras jurídicas más comunes y relevantes. Dentro de este marco, el Código Civil contempla diversos mecanismos destinados a salvaguardar los intereses de las partes involucradas, y uno de los más significativos es la acción redhibitoria, especialmente diseñada para enfrentar los vicios ocultos que puedan afectar la cosa vendida. El artículo 1797 del Código Civil establece que la acción redhibitoria es el recurso que tiene el comprador para rescindir la venta o negociar una reducción proporcional del precio cuando se enfrenta a vicios ocultos, conocidos como "redhibitorios". Estos vicios son defectos que, de haber sido conocidos por el comprador al momento de la transacción, podrían haber influido en su decisión de compra. Características de estos Vicios: Para que un defecto sea considerado redhibitorio, debe cumplir con ciertos criterios, según lo dispuesto en el artículo 1798: 1. Existencia al Tiempo de la Venta: El vicio debe haber estado presente en la cosa vendida en el momento de la transacción. 2.Inaptitud para el Uso Natural: El defecto debe ser tal que la cosa vendida no sirva para su uso natural, o solo sirva de manera imperfecta, de modo que el comprador, conociendo estos vicios, no habría adquirido la propiedad o lo habría hecho a un precio mucho menor. 3.Ocultamiento por Parte del Vendedor: El vendedor debe haber ocultado estos vicios, y deben ser de tal naturaleza que el comprador no los haya podido fácilmente identificar, ya sea por negligencia grave por parte del vendedor o debido a la naturaleza de la profesión u oficio del comprador. Derechos del Comprador ante Vicios Redhibitorios: El artículo 1803 establece que los vicios redhibitorios otorgan al comprador el derecho de exigir la rescisión de la venta o la rebaja del precio, según considere más conveniente. Esta flexibilidad proporciona al comprador una vía eficaz para proteger sus intereses, adaptándose a las circunstancias específicas de cada caso.Es importante destacar que, a través del contrato, las partes pueden designar como redhibitorios ciertos defectos que naturalmente no lo son, según lo dispuesto en el mismo artículo. Esta cláusula contractual permite a las partes adaptar la legislación a las particularidades de la transacción. ConclusionesLa acción redhibitoria en la compraventa es una herramienta esencial para equilibrar las relaciones entre compradores y vendedores, proporcionando un mecanismo eficaz para enfrentar los vicios ocultos que podrían afectar la calidad de la cosa adquirida. Su existencia y regulación en el Código Civil reflejan la preocupación por garantizar la equidad en las transacciones comerciales y fortalecer la confianza en el sistema jurídico. En última instancia, la acción redhibitoria se presenta como un recurso valioso para aquellos compradores que, de buena fe, confían en la calidad de los bienes que adquieren, ofreciéndoles la posibilidad de corregir situaciones adversas derivadas de vicios ocultos. Fuente: Código Civil del Ecuador, C. C. (2005). Registro Oficial Suplemento 46.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 22 de Diciembre del 2023.
La legislación ecuatoriana, plasmada en el Código Civil, brinda un marco jurídico para la resolución extrajudicial de litigios mediante la figura de la transacción. Conforme al Artículo 2348, la transacción se define como un contrato mediante el cual las partes involucradas ponen fin a un litigio pendiente o previenen uno eventual de manera extrajudicial. No obstante, se destaca que la simple renuncia a un derecho no disputado no constituye una transacción según este artículo.El Artículo 2361 del Código Civil establece las condiciones bajo las cuales una transacción puede rescindirse. En caso de que, a través de títulos auténticos, se demuestre que una de las partes no tenía derecho sobre el objeto de la transacción, y estos títulos fueran desconocidos por la parte afectada al momento de la transacción, se puede solicitar la rescisión. La posibilidad de rescisión está condicionada al hecho de que los títulos no hayan sido extraviados u ocultados dolosamente.Es fundamental tener presente que, según el Artículo 2362, la transacción posee efectos de cosa juzgada en última instancia. Aunque puede impugnarse o rescindirse en circunstancias específicas, su validez como resolución del litigio se reconoce. Además, la transacción, de acuerdo con el Artículo 2363, solo afecta a los contratantes directos y no a otros interesados en el negocio, a menos que exista solidaridad.En resumen, las transacciones, al reconocer o declarar derechos preexistentes, no generan un nuevo título. Sin embargo, cuando implican la transferencia de la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo. Estas disposiciones legales proporcionan un marco claro y estructurado para la terminación extrajudicial de disputas en Ecuador a través de contratos de transacción, asegurando la validez y eficacia de este proceso legal. Fuente: Asamblea Nacional. (2005). Código Civil del Ecuador, C. C. Registro Oficial Suplemento 46. Quito,Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoLunes, 11 de Diciembre del 2023
La institución del matrimonio lleva consigo no solo la unión afectiva y emocional de dos personas, sino también una serie de aspectos legales y económicos que regulan la vida en común. En este contexto, la sociedad conyugal es un concepto fundamental que define la administración y distribución de los bienes durante el matrimonio. En este artículo, exploraremos los fundamentos legales que rigen la sociedad conyugal y los procesos de su liquidación. Disolución de la Sociedad Conyugal Según el artículo 189 del código civil, la sociedad conyugal puede disolverse por diversas razones: 1. Terminación del Matrimonio: La disolución automática de la sociedad conyugal ocurre al finalizar el matrimonio. 2.Sentencia de Posesión Definitiva: En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, una sentencia que otorgue la posesión definitiva de los bienes del desaparecido puede disolver la sociedad conyugal. 3.Sentencia Judicial a Pedido de Cualquiera de los Cónyuges: Uno de los cónyuges puede solicitar la disolución de la sociedad conyugal mediante una sentencia judicial. 4Declaración de Nulidad del Matrimonio: Si el matrimonio es declarado nulo, la sociedad conyugal también se disolverá. Es importante destacar que, en el caso de separación parcial de bienes, la sociedad continúa en los bienes no incluidos en la separación. Liquidación de la Sociedad Conyugal El artículo 113 del código civil establece que cualquiera de los cónyuges tiene el derecho de solicitar la liquidación de la sociedad conyugal durante un proceso de divorcio. Este proceso implica la determinación de los activos y pasivos acumulados durante el matrimonio y la fijación de la cantidad que cada cónyuge tiene derecho a recibir, de acuerdo con el artículo anterior. El artículo 157 detalla los elementos que componen el haber de la sociedad conyugal, es decir, los bienes a favor que tienen los conyugues: 1. Salarios y Emolumentos: Incluye los ingresos provenientes de empleos y oficios durante el matrimonio. 2. Frutos, Réditos y Lucro: Abarca los beneficios financieros, ya sea de bienes compartidos o de propiedades individuales de los cónyuges durante el matrimonio.3. Aportaciones de Dinero: El dinero aportado por cualquiera de los cónyuges a la sociedad conyugal debe ser restituido en igual cantidad. 4.Cosas Fungibles y Muebles: Incluye los bienes muebles y fungibles aportados por los cónyuges, con la obligación de la sociedad de restituir su valor al momento del aporte o adquisición. 5. Bienes Adquiridos Onerosamente: Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio a título oneroso forman parte de la sociedad conyugal. Es importante destacar que los pasivos de la sociedad conyugal, es decir, las deudas adquiridas en matrimonio también deben liquidarse y ser divididas entre los conyugues. Conclusión La sociedad conyugal y su posterior liquidación son aspectos cruciales en la vida legal y financiera de los cónyuges. Estos procesos buscan garantizar una distribución justa de los bienes acumulados durante el matrimonio y proteger los derechos de ambas partes involucradas. Es fundamental comprender y respetar estas disposiciones legales para asegurar un proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal que sea equitativo y justo para todos los implicados. Fuente: Asamblea Nacional. (2005). Código Civil del Ecuador, C. C. Registro Oficial Suplemento 46. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila Proaño Viernes, 01 de Diciembre del 2023
Derogar sin impacto real, pero con gran carga política.La reciente derogación del decreto presidencial que regula las cantidades máximas admisibles para la tenencia de sustancias destinadas al consumo personal en Ecuador ha generado polémica. Sin embargo, más allá de su aparente relevancia, este decreto gubernamental carece de un impacto práctico tangible en la persecución del consumo de drogas.El argumento central detrás de esta medida se ampara en la supuesta incompatibilidad de la derogada tabla referencial con la Constitución ecuatoriana, la cual reconoce las adicciones como problemas de salud pública y garantiza el derecho a la rehabilitación y tratamiento de los consumidores. No obstante, este cambio legislativo parece ser más un juego de palabras en el ámbito jurídico que una solución efectiva.El código penal ya establece la no punibilidad de la posesión de sustancias sujetas a fiscalización para uso personal, dejando la responsabilidad de definir los límites mínimos a otras normativas. Esto genera un ciclo sin fin: las cantidades establecidas son meramente referenciales y no tienen un peso determinante en los procesos judiciales.La carga probatoria recae sobre la fiscalía para demostrar la intención de traficar, más allá de las cantidades establecidas, utilizando una serie de verbos rectores. Sin embargo, la dificultad en probar estas intenciones diluye cualquier efecto práctico de la derogación de la tabla. La sentencia de la Corte Constitucional, específicamente la Sentencia No. 7-17-CN/19, corroboró que la tabla derogada era meramente referencial y su superación no implicaba por sí sola una prueba de tráfico.En esencia, el decreto presidencial parece más una formalidad legal que una acción significativa en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. La tabla, desde su origen, nunca tuvo un uso práctico, ya que, según las leyes constitucionales y las sentencias judiciales, la carga recae en probar la intención de traficar, sin importar si la cantidad supera los límites de la tabla.En lugar de generar un cambio sustancial en el enfoque hacia la tenencia para consumo personal, el decreto presidencial parece ser más un juego retórico, desviando la atención de cuestiones más profundas y relevantes en la lucha contra el tráfico y el consumo indebido de sustancias. Por lo tanto, la derogación de la tabla de cantidades máximas admisibles se presenta como un acto simbólico más que como un paso concreto hacia una política más efectiva y justa en el manejo de las adicciones en Ecuador. ReferenciaCorte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia No. 7-17-CN/19.Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaJueves, 30 de Noviembre del 2023.Las opiniones vertidas en este blog no representan la postura de Clic Jurídico.
Una Mirada a su Marco LegalLa desaparición involuntaria de personas es un delito grave que socava los fundamentos mismos de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. En el marco legal, el Artículo 163.1 del COIP establece las bases para la persecución y sanción de quienes cometan este acto reprensible. La normativa se centra en casos donde una persona, en contra de su voluntad, es privada de su libertad, retenida, arrebatada, desaparecida o trasladada a un lugar distinto, mientras se niega información sobre su paradero o destino.Según el texto legal, la pena privativa de libertad para este delito oscila entre siete y diez años. Sin embargo, la gravedad de la situación determina que existen circunstancias agravantes que elevan la pena, imponiendo sanciones más severas cuando se cumplen ciertos criterios.En primer lugar, si la privación de libertad se prolonga por más de ocho días, la pena se incrementa a diez a trece años. Esta disposición reconoce la magnitud del daño infligido cuando la víctima es sometida a un periodo prolongado de incertidumbre y angustia.La protección especial se extiende a personas vulnerables, como menores de dieciocho años, mayores de sesenta y cinco, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o aquellos afectados por enfermedades que comprometen su vida. Cuando el delito se comete contra estos grupos, la pena también se acentúa, reflejando la necesidad de una protección más fuerte para quienes están en situaciones de mayor fragilidad.El uso de medios de transporte ya sea nave, aeronave o cualquier otro, con fines delictivos, también se considera una circunstancia agravante. La comisión total o parcial del delito desde el extranjero también merece una sanción más severa, reconociendo la complejidad y la necesidad de cooperación internacional en la persecución de estos crímenes.Otro elemento clave es cuando el delito es cometido por personas que tienen algún tipo de relación familiar, de poder o autoridad sobre la víctima. Este aspecto incluye a docentes, ministros de culto, personal de salud u otros profesionales que han abusado de su posición para cometer la infracción. La violencia física, sexual o psicológica contra la víctima también se considera agravante.Finalmente, el artículo aborda el caso más extremo, la muerte de la víctima como consecuencia de la desaparición involuntaria. En este caso, la pena privativa de libertad se eleva significativamente a veintidós a veintiséis años.Es importante destacar que el marco legal establece que, para el procesamiento de este delito, la acumulación de indicios tiene la misma fuerza vinculante que la prueba directa en la etapa de juicio. Esto permite una mayor eficacia en la persecución de los responsables, siempre y cuando los indicios se basen en hechos reales probados, estén relacionados con el delito, sean unívocos y directos.En resumen, el Artículo 163.1 del COIP proporciona un marco legal integral para abordar el delito de desaparición involuntaria, reconociendo la gravedad de la situación y estableciendo sanciones proporcionadas a la magnitud del acto delictivo. La protección de las personas más vulnerables y la cooperación internacional son elementos clave en la lucha contra este tipo de crímenes atroces. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaViernes, 24 de Noviembre del 2023
En Ecuador, la falsificación de documentos es un delito grave, regido por el Artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo establece claramente las consecuencias legales para aquellos que se involucran en la falsificación, destrucción o adulteración de documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales. El texto legal señala que cualquier individuo que altere el contenido o propósito de documentos designados por la ley para certificar actos de relevancia jurídica enfrentará sanciones significativas. La pena prevista para este delito consiste en una privación de libertad que oscila entre cinco y siete años. La inclusión de documentos públicos y privados en la ley destaca la importancia de preservar la integridad de la información que respalda actos legales. Los documentos públicos, al ser instrumentos que certifican hechos jurídicos, requieren una protección rigurosa para mantener la confianza en el sistema legal y garantizar la validez de los actos oficiales. La imposición de una pena privativa de libertad busca disuadir a aquellos que puedan considerar la falsificación como un medio para obtener beneficios ilícitos o evadir responsabilidades legales. Esta medida subraya la gravedad del delito y la necesidad de preservar la integridad del sistema documental en Ecuador. En conclusión, el Artículo 328 del COIP establece claramente las consecuencias legales para aquellos que participan en la falsificación de documentos en Ecuador. La protección de la autenticidad de los documentos, ya sean públicos o privados, es esencial para el buen funcionamiento del sistema legal y la preservación de la confianza en los actos jurídicos. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 17 de Noviembre del 2023
Comprendiendo las Leyes y las SancionesEn Ecuador, el delito de tentativa de asesinato es un tema legal de gran importancia que se rige por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La legislación ecuatoriana define la tentativa como la ejecución de actos que no logran consumarse debido a circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que se haya iniciado de manera deliberada la ejecución de un delito. La tentativa de asesinato se considera un delito grave, y las sanciones asociadas son significativas.Según el artículo 39 del COIP, la tentativa se refiere a la ejecución que no llega a consumarse, a pesar de que el autor haya iniciado de manera intencional actos idóneos y conducentes que inequívocamente apuntan a la realización de un delito. En otras palabras, si una persona comienza deliberadamente a llevar a cabo un asesinato, pero no logra concretarlo debido a circunstancias ajenas a su control, será considerada culpable de tentativa de asesinato.En el contexto de la tentativa de asesinato, la legislación ecuatoriana establece que las sanciones son proporcionales a la gravedad del delito. La pena aplicable por tentativa de asesinato es de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se hubiera consumado. Esto refleja la seriedad con la que se trata este tipo de delito en el sistema de justicia penal ecuatoriano.Para comprender mejor la tentativa de asesinato en Ecuador, es relevante conocer también el delito de asesinato. El artículo 140 del COIP establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Sin embargo, esta pena se incrementa cuando concurren circunstancias agravantes, como las siguientes:1. Asesinato de un familiar: Si el autor mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano, la pena se agravará.2. Colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad: Si el autor aprovecha la situación de vulnerabilidad de la víctima, se aumentará la pena.3. Peligro para la vida de otras personas: Si el asesinato se realiza poniendo en peligro la vida o la salud de otras personas mediante medios como inundación, envenenamiento o incendio, la pena se incrementa.4. Uso de medios capaces de causar grandes estragos: Si el autor utiliza medios capaces de causar daños significativos, la pena se agravará.5. Aumento deliberado del dolor a la víctima: Si el autor prolonga deliberadamente el sufrimiento de la víctima, la pena se incrementará.6. Relación con otras infracciones: Si el asesinato se relaciona con la preparación, facilitación, consumación u ocultamiento de otra infracción, la pena se agravará.7. Condiciones específicas de comisión: Si la muerte ocurre en ciertas circunstancias, como concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, eventos deportivos o calamidades públicas, la pena será más severa.8. Asesinato de dignatarios o autoridades: Si el acto se comete en contra de dignatarios, candidatos a elección popular, miembros de las Fuerzas Armadas, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial en relación con sus funciones, la pena se agravará.El delito de tentativa de asesinato en Ecuador es un tema legal complejo que involucra la ejecución de actos con la intención de cometer un asesinato, aunque el resultado no se concrete debido a circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Las sanciones por este delito son significativas y proporcionales a la gravedad de la acción.Es importante destacar que, en el sistema legal ecuatoriano, se toman en cuenta las circunstancias agravantes que pueden influir en la sentencia en casos de asesinato consumado. La justicia en Ecuador busca proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, garantizando que quienes intenten cometer un asesinato sean responsables de sus acciones y enfrenten las consecuencias legales correspondientes.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoLunes, 06 de Noviembre del 2023.
Una Mirada a la Extensión y Retención IndebidaEn el mundo legal, la protección de los derechos de los menores es una prioridad fundamental. En ese sentido, el régimen de visitas es un aspecto crucial que se utiliza para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a sus seres queridos y un entorno familiar enriquecedor. Sin embargo, es importante entender que el régimen de visitas no se limita únicamente a los progenitores. En este blog, exploraremos la extensión del régimen de visitas a ascendientes y otros parientes, así como la protección contra la retención indebida de los hijos.Extensión del Régimen de Visitas a Ascendientes y ParientesEl Artículo 124 del CONA nos ofrece una perspectiva importante en este tema. Establece que el juez tiene la facultad de extender el régimen de visitas a los ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente título. Esto significa que no solo los padres biológicos tienen derecho a visitar a sus hijos, sino también otros familiares que tengan una afinidad significativa con los menores.Además, la ley brinda la posibilidad de extender el régimen de visitas a otras personas, ya sean parientes o no, que tengan un vínculo afectivo con el niño, niña o adolescente. Esto demuestra un enfoque más amplio y comprensivo de la importancia de mantener las relaciones familiares y afectivas en beneficio de los menores.La Garantía de que el Menor de Edad Regrese a Su HogarEl Artículo 125 de la legislación aborda un tema crucial: la retención indebida de un hijo o hija. Esta disposición legal establece que si un padre, una madre o cualquier persona retiene indebidamente a un menor cuya patria potestad, tenencia o tutela ha sido otorgada a otro, o si obstaculizan el régimen de visitas, pueden ser requeridos judicialmente para que entreguen al menor de inmediato a la persona que debe tenerlo. Además, quien retiene indebidamente al menor queda obligado a indemnizar los daños ocasionados por esta acción, incluyendo los gastos derivados del requerimiento y la restitución.En caso de que el requerido no cumpla con la orden judicial, el juez puede decretar un apremio personal en su contra. Además, se puede ordenar, sin necesidad de resolución previa, el allanamiento del inmueble en el que se encuentra o se supone que se encuentra el hijo o hija, con el fin de lograr su recuperación. Esto demuestra la seriedad con la que se toma la protección de los derechos de los menores y la importancia de su bienestar.Proceso de Atención InmediataEs fundamental destacar que el proceso de atención a estos casos se debe llevar a cabo de forma inmediata. En este sentido, existen dos vías para abordar la retención indebida de un menor. La primera opción es presentar una denuncia ante la junta de protección cantonal, que es un paso inicial para abordar el problema. La segunda opción es iniciar un proceso de recuperación ante el juez de la niñez y adolescencia, lo que brinda un marco legal más completo para resolver la situación.En conclusión, el régimen de visitas no se limita exclusivamente a los progenitores, sino que se extiende a ascendientes, parientes y otras personas con afinidad hacia los menores. Además, la ley garantiza que los menores de edad sean devueltos a su hogar en caso de retención indebida, con procedimientos judiciales que se deben atender de forma inmediata. Estas medidas reflejan el compromiso de la legislación en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que crezcan en entornos familiares y afectivos adecuados.ReferenciaCódigo de la Niñez y Adolescencia. Ley 100. Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003. Última modificación: 06-may.-2019. Estado: Reformado.Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaViernes, 3 de Noviembre del 2023
En Ecuador, el contrato de prenda es una herramienta legal fundamental en el ámbito financiero y comercial. Permite a las partes involucradas asegurar el cumplimiento de obligaciones mediante la entrega de un bien mueble como garantía. En este artículo, exploraremos en detalle el contrato de prenda en Ecuador, su función, regulación y aplicaciones.El contrato de prenda en Ecuador es un acuerdo legal mediante el cual un deudor (prestatario) entrega un bien mueble como garantía a un acreedor (prestamista) para respaldar el cumplimiento de una deuda u obligación. Este bien entregado como garantía se conoce como la "prenda". En caso de que el prestatario no cumpla con los términos acordados, el prestamista tiene el derecho de tomar posesión de la prenda y venderla para recuperar el monto adeudado.El contrato de prenda en Ecuador se encuentra regulado en el Código Civil, donde se establecen las condiciones, derechos y obligaciones tanto del deudor como del acreedor en un contrato de prenda.Por otro lado, el contrato de prenda se utiliza en diversos contextos:Créditos Garantizados: Las instituciones financieras utilizan con frecuencia contratos de prenda para garantizar préstamos, como préstamos automotrices, préstamos empresariales y otros tipos de financiamiento.Garantía Comercial: Las empresas pueden utilizar este tipo de contrato para garantizar transacciones comerciales, como la venta de bienes con pago a plazos.Garantía de Cumplimiento de Obligaciones: Puede ser empleado para garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales, como el pago de alquileres o deudas comerciales.Es esencial que ambas partes involucradas en un contrato de prenda en Ecuador entiendan a fondo los términos y condiciones del acuerdo. El deudor debe ser consciente de las consecuencias en caso de incumplimiento, ya que la pérdida de la prenda puede tener un impacto significativo en su situación financiera.En resumen, el contrato de prenda en Ecuador es una herramienta legal esencial que permite garantizar el cumplimiento de obligaciones mediante la entrega de bienes muebles como garantía. Su regulación proporciona un marco jurídico sólido para estas transacciones, lo que brinda seguridad tanto a los prestatarios como a los prestamistas en el contexto financiero y comercial del país. Fuente: Código Civil. (2005).Registro Oficial de Suplemento 46 de 24 de junio de 2005.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 27 de octubre del 2023.
