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Noticias de la actualidad legal y preguntas frecuentes
Una Alternativa para la Resolución de ConflictosEn el sistema legal ecuatoriano, la conciliación ha emergido como una herramienta crucial para la resolución de conflictos en el ámbito penal. En este artículo, exploraremos los artículos pertinentes del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que delinean el marco legal de la conciliación en el derecho penal ecuatoriano, así como los principios y reglas que rigen este proceso.El artículo 663 del COIP establece los casos en los que la conciliación puede presentarse como una opción viable. Estos incluyen delitos con una pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años, ciertos delitos de tránsito y delitos contra la propiedad dentro de ciertos límites monetarios. Sin embargo, es importante destacar que ciertos tipos de delitos, como aquellos que afectan la eficiente administración pública, la integridad y libertad personal con resultado de muerte, la integridad sexual y reproductiva, así como la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, están excluidos de este proceso.Los principios que guían el proceso de conciliación, según el artículo 664 del COIP, son fundamentales para garantizar su eficacia y equidad. La voluntariedad de las partes, la confidencialidad, la neutralidad y la imparcialidad son pilares sobre los cuales se construye este mecanismo de resolución de conflictos. Además, la flexibilidad, la equidad, la legalidad y la honestidad son aspectos esenciales que aseguran un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas.El artículo 665 del COIP establece las reglas generales que rigen el proceso de conciliación. Entre estas reglas se incluye la presentación de una petición escrita de conciliación por parte de la víctima y la persona investigada o procesada, así como la suspensión del proceso penal una vez que se llegue a un acuerdo. Este acuerdo debe ser cumplido en un plazo máximo de ciento ochenta días, durante el cual se suspenden los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente y el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal.En caso de incumplimiento de los acuerdos por parte de la persona investigada o procesada, el fiscal puede revocar el acuerdo y continuar con el proceso penal. Asimismo, el juzgador puede convocar una audiencia para discutir el incumplimiento y, en caso de considerarlo injustificado, revocar el acuerdo y ordenar que se continúe con el proceso conforme a las reglas del procedimiento ordinario.En conclusión, la conciliación en el derecho penal ecuatoriano ofrece una vía alternativa y efectiva para la resolución de conflictos, promoviendo la justicia restaurativa y la reparación del daño causado. Sin embargo, su aplicación debe realizarse con cautela y respetando los principios y reglas establecidos en el COIP para garantizar la equidad y la legalidad en el proceso. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoMiércoles, 24 de Abril del 2024.
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La fijación de la tabla de pensión alimenticia para menores de edad en Ecuador sigue un proceso específico y está regulada por la legislación ecuatoriana.El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador, incluyendo la pensión alimenticia. La ley establece las pautas para determinar la pensión alimenticia de acuerdo con las necesidades del menor y la situación económica de los padres.El Artículo 15 Titulo V, capítulo 1 sobre Derecho de alimentos menciona que se podrá establecer una tabla de pensión alimenticia que tome en cuenta las necesidades de los menores, la capacidad económica de los obligados, estructura de los gastos familiares del alimentante y la inflación. En Ecuador, la tabla de pensión alimenticia es elaborada por el Consejo de la Judicatura, en colaboración con expertos en el área económica y social. Este proceso implica considerar diversos factores, como: Necesidades del Menor: Se evalúan los gastos necesarios para cubrir las necesidades básicas del menor, incluyendo alimentación, educación, salud y vestimenta.Capacidad Económica del Alimentante: Se toma en cuenta la capacidad económica del padre o madre obligado/a pagar la pensión, considerando sus ingresos y gastos.Estándares Socioeconómicos: La tabla de pensión alimenticia se ajusta a los estándares socioeconómicos del país, garantizando un cálculo equitativo y justo.Una vez establecida la tabla de pensión alimenticia, esta sirve como una guía para los jueces al momento de determinar la cantidad de pensión que debe pagar elalimentante. La tabla considera diferentes niveles de ingresos y número de hijos, proporcionando una referencia clara y objetiva para evitar arbitrariedades.En conclusión la fijación de la tabla de pensión alimenticia para menores de edad en Ecuador es un proceso que busca asegurar el bienestar económico de los niños y garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos. Las disposiciones legales establecen criterios claros para determinar la pensión, protegiendo así los derechos de los menores y asegurando el cumplimiento de las obligaciones.Fuente:Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. (2023). Registro Oficial No. 737. Quito, Ecuador.Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeLunes, 22 de Abril del 2024
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El papel del Habeas Data en el Ecuador En la era digital actual, la protección de los datos personales se rige como un pilar fundamental para la prevención, seguridad y confianza en todos los ámbitos de la vida. En Ecuador, esta protección se respalda mediante el habeas data, un mecanismo que garantiza el acceso a la información personal.Este derecho judicial no solo salvaguarda la protección de datos, sino que también resguarda otros derechos fundamentales como el honor, el buen nombre, la privacidad y la autodeterminación informativa, entre otros, cuya importancia se incrementa en la sociedad contemporánea.El artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece las causales para solicitar la acción de habeas data, siendo las dos principales cuando se niegue el acceso a los datos personales o cuando se rechace una actualización, rectificación o eliminación de datos incorrectos. Puesto que aún existe confusión en las personas que buscan utilizar esta acción cuando en medio de la euforia deciden ejercer la garantía sin tener prueba contundente de que el acceso a la información ha sido negado. Es crucial destacar que el requisito de negación debe ser probado para acceder a esta garantía jurisdiccional.A menudo, surge la confusión sobre si las personas jurídicas tienen derecho a accionar esta garantía, dado que la protección de datos se enfoca en lo “personal”. Sin embargo, las personas jurídicas pueden hacer uso de este mecanismo, aunque ciertos derechos personalísimos propios de las personas físicas no les correspondan. No obstante, el derecho fundamental al acceso a la información personal sí se protege en las personas jurídicas.En conclusión, la protección de datos personales es esencial en la sociedad moderna, y el habeas data en Ecuador constituye un recurso valioso para garantizar este derecho fundamental, promoviendo así la seguridad, la confianza y el respeto a la privacidad en el entorno digital y legal. Fuente:Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Art. 50. Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre de 2009.Blog escrito por la Consultora Cristina AulesViernes, 19 de Abril del 2024
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Garantizando la Legalidad y los Derechos IndividualesEl sistema legal ecuatoriano establece procedimientos claros y precisos para abordar situaciones de flagrancia, garantizando la legalidad de las detenciones y protegiendo los derechos individuales de los ciudadanos. En el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se definen las circunstancias en las que se considera que una persona está en situación de flagrancia y se detallan los pasos a seguir para la aprehensión y el procesamiento adecuado.Según el artículo 527 del COIP, se considera que una persona está en flagrancia cuando comete un delito frente a una o más personas, se encuentra en posesión de armas, instrumentos o el producto del ilícito que sugieren la comisión reciente de un delito, o está siendo perseguida de manera continua desde el momento del supuesto delito hasta su captura. Este artículo establece un límite de cuarenta y ocho horas para la persecución ininterrumpida, después del cual la situación de flagrancia ya no es aplicable.Además de las circunstancias de flagrancia, el COIP también otorga facultades para la aprehensión a ciertas personas en casos específicos. Por ejemplo, cualquier persona puede detener a alguien que escape de un centro de rehabilitación o a una persona contra la cual se haya dictado una orden de prisión preventiva. Estas disposiciones buscan garantizar la seguridad pública y la efectividad del sistema judicial.Una vez que se realiza la aprehensión en situación de flagrancia, el COIP establece un procedimiento para la audiencia de calificación dentro de las veinticuatro horas posteriores a la detención. Durante esta audiencia, se evalúa la legalidad de la aprehensión, se formulan cargos si es necesario y se solicitan las medidas cautelares pertinentes. Es importante destacar que se deben respetar los derechos y garantías constitucionales e internacionales de la persona detenida durante todo el proceso.En casos de flagrancia en zonas remotas o en alta mar, el COIP contempla disposiciones especiales para garantizar un debido proceso. La audiencia de calificación se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas siguientes al arribo a un centro poblado o puerto seguro. Durante este proceso, se deben conservar la escena del delito y los indicios encontrados, asegurando así la integridad de la investigación y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.En resumen, el proceso de flagrancia en Ecuador, conforme al COIP, es un componente crucial del sistema legal que busca garantizar la legalidad de las detenciones, proteger los derechos individuales y promover la seguridad pública. Mediante la aplicación rigurosa de las disposiciones legales y el respeto a los principios de justicia y equidad, se busca asegurar un sistema judicial efectivo y transparente en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoMartes, 16 de Abril del 2024.
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