Recuerda que el valor mínimo legal para calcular es un sueldo básico.
Si tiene uno o varios hijos con discapacidad marque únicamente la casilla que corresponde al nivel de inhabilitación del menor de edad. Recuerde que se calcula este valor tomando en cuenta el porcentaje establecido para el nivel de mayor discapacidad.
Noticias de la actualidad legal y preguntas frecuentes
La transformación digital ha modificado la forma en que las personas y las empresas celebran contratos, permitiendo que numerosas operaciones se realicen sin necesidad de acudir físicamente a un establecimiento o suscribir documentos en papel. En este contexto, la firma electrónica constituye una herramienta jurídica que facilita la identificación de los firmantes, permite expresar su voluntad y contribuye a la celebración de negocios por medios digitales.En Ecuador, su utilización se encuentra regulada principalmente por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Esta normativa reconoce efectos jurídicos a la firma electrónica y establece condiciones para su validez, sin eliminar los requisitos que las leyes exigen para determinados contratos. Por ello, el principal desafío jurídico consiste en garantizar que la contratación electrónica respete la voluntad de las partes, la seguridad de la información y los derechos de quienes intervienen en el negocio.ü Concepto:La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos asociados a un mensaje de datos que permite identificar al titular y expresar su aprobación respecto de la información contenida en él. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su función consiste en relacionar al firmante con el documento y manifestar que reconoce y aprueba su contenido.En materia contractual, permite que las partes suscriban acuerdos mediante documentos electrónicos, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Su importancia radica en que facilita la contratación a distancia y permite conservar evidencia electrónica de las declaraciones realizadas.ü Características:La firma electrónica presenta las siguientes características: Identificación: permite vincular la firma con una persona determinada. Autenticidad: facilita la comprobación de la autoría del documento mediante mecanismos técnicos de verificación. Integridad: permite comprobar si el documento firmado ha sido alterado, de acuerdo con las características del sistema utilizado. Manifestación de voluntad: expresa la aprobación del firmante respecto del contenido al que se encuentra asociada. Valor jurídico: puede producir los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme al artículo 14 de la ley. Admisibilidad probatoria: puede presentarse como prueba en un proceso judicial. Seguridad: exige medidas para proteger los datos de creación de la firma y evitar su utilización no autorizada. Estas características contribuyen a la confianza en la contratación electrónica, aunque la validez de cada operación también depende de la capacidad de las partes, el consentimiento, el objeto, la causa y las formalidades que correspondan al contrato.ü Normativa ecuatoriana:La regulación de la firma electrónica se encuentra principalmente en las siguientes disposiciones:Constitución de la República del Ecuador. El artículo 66, numeral 19, reconoce el derecho a la protección de datos personales, relevante cuando la contratación electrónica implica el tratamiento de información de los firmantes. Asimismo, el artículo 76 establece garantías del debido proceso que pueden resultar pertinentes cuando la autenticidad de una firma o de un documento se discute judicialmente.Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Artículo 2: reconoce a los mensajes de datos igual valor jurídico que a los documentos escritos, bajo las condiciones previstas en la ley. Artículo 13: define la firma electrónica. Artículo 14: reconoce a la firma electrónica igual validez y efectos jurídicos que a la firma manuscrita y admite su utilización como prueba judicial. Artículo 15: establece los requisitos de validez de la firma electrónica, incluidos la vinculación con su titular, la posibilidad de verificar su identidad y la seguridad del método empleado. Artículo 16: establece que la firma debe formar parte del mensaje de datos o estar lógicamente asociada a él y contempla la presunción de voluntad del emisor. Artículo 17: establece obligaciones para el titular, entre ellas mantener la firma bajo su control y adoptar medidas para evitar su uso no autorizado. Artículo 45: reconoce la validez de los contratos instrumentados mediante mensajes de datos. Artículo 46: dispone que el perfeccionamiento de los contratos electrónicos se somete a los requisitos y solemnidades legales correspondientes. Estas disposiciones demuestran que el uso de medios electrónicos no constituye, por sí solo, una razón para negar la validez de un contrato. Sin embargo, tampoco significa que cualquier documento digital firmado sea automáticamente válido: deben verificarse los requisitos legales aplicables al negocio concreto.ü La firma electrónica en la celebración de contratos:La firma electrónica puede utilizarse en distintos contratos civiles y mercantiles, como acuerdos de prestación de servicios, contratos comerciales y determinados convenios celebrados entre empresas o particulares. Permite que las partes manifiesten su consentimiento sin coincidir físicamente en un mismo lugar.Para que el contrato produzca los efectos jurídicos correspondientes, deben concurrir los requisitos generales de validez contractual y las formalidades especiales que resulten aplicables. Por ejemplo, la firma electrónica no elimina la necesidad de cumplir una solemnidad legal cuando la ley exige una forma determinada para la celebración de un negocio.En consecuencia, es importante diferenciar entre la firma electrónica como mecanismo de identificación y manifestación de voluntad, y el contrato como acuerdo jurídico que genera obligaciones. La primera contribuye a demostrar la suscripción del documento, mientras que la validez del segundo depende del cumplimiento de las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico.ü Caso práctico:Una empresa ecuatoriana celebra un contrato de prestación de servicios con un profesional independiente. Ambas partes reciben el documento por medios electrónicos y lo suscriben utilizando sus firmas electrónicas. Posteriormente, la empresa se niega a pagar los honorarios acordados y sostiene que el contrato no tiene validez porque nunca se firmó físicamente.En este supuesto, el profesional puede invocar el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que reconoce los efectos jurídicos de la firma electrónica, y el artículo 45, que reconoce la validez de los contratos instrumentados mediante mensajes de datos.Si se cumplen los requisitos legales y se demuestra la autenticidad del documento y el consentimiento de las partes, la ausencia de una firma manuscrita no constituye, por sí sola, una razón suficiente para desconocer el contrato. No obstante, la exigibilidad de las obligaciones dependerá también de las cláusulas pactadas, de la prueba disponible y de las normas aplicables al caso.ü Riesgos y dificultades jurídicas:A pesar de sus ventajas, la contratación electrónica presenta problemas que requieren atención jurídica.Uno de los principales riesgos es el uso no autorizado de una firma electrónica. Si un tercero obtiene los datos de creación de la firma y los utiliza para suscribir un documento, puede surgir una controversia sobre la identidad del firmante y la existencia de consentimiento. En estos casos, deben examinarse los mecanismos de autenticación, los registros técnicos disponibles y las circunstancias de la operación.Otro problema es la alteración del documento después de su suscripción. Si se modifica el contenido contractual, puede ser necesario verificar la integridad del archivo y determinar si las partes aceptaron las cláusulas discutidas.También pueden surgir dificultades cuando una persona firma electrónicamente en nombre de una compañía sin contar con facultades suficientes de representación. La existencia de una firma válida no demuestra, por sí sola, que su titular tenga autorización para obligar a una persona jurídica.Por ello, la seguridad jurídica exige verificar tanto la firma como la identidad, la capacidad y las facultades de quienes intervienen en la contratación.ü Observación jurídica:La firma electrónica fortalece la contratación moderna al facilitar las operaciones y reducir la dependencia de documentos físicos. Sin embargo, su reconocimiento legal no debe confundirse con una garantía absoluta de autenticidad o consentimiento en cualquier circunstancia.El problema jurídico aparece cuando una persona desconoce la firma, alega que sus datos fueron utilizados por un tercero o sostiene que el documento fue alterado. En tales casos, el análisis debe centrarse en la autenticidad de la firma, la integridad del documento, la voluntad contractual y el cumplimiento de las formalidades legales.Por tanto, el desafío consiste en armonizar la eficiencia tecnológica con la protección de los derechos de las partes. La contratación electrónica debe ofrecer agilidad, pero también mecanismos adecuados para verificar la identidad, conservar la documentación y resolver controversias.ü Importancia jurídica:La firma electrónica es importante porque facilita la celebración de contratos a distancia, contribuye a la eficiencia de las relaciones comerciales y permite utilizar documentos electrónicos con efectos jurídicos reconocidos por la legislación ecuatoriana.Además, su regulación fortalece la seguridad jurídica al establecer requisitos para verificar la identidad del firmante y reconocer los documentos electrónicos como elementos que pueden ser valorados en procesos judiciales. Su uso responsable exige, sin embargo, proteger las credenciales de firma y conservar los documentos originales junto con los elementos necesarios para verificar su autenticidad.En conclusión, la firma electrónica constituye una herramienta jurídica fundamental para la contratación en el Ecuador, pues permite manifestar la voluntad de las partes mediante medios digitales y facilita la celebración de negocios sin presencia física. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos reconoce sus efectos jurídicos y establece condiciones para su validez y utilización como prueba.No obstante, su utilización no elimina los requisitos generales de los contratos ni las formalidades especiales exigidas por la ley. En consecuencia, la validez de un contrato suscrito electrónicamente debe analizarse considerando la autenticidad de la firma, el consentimiento de las partes, la capacidad, la representación y el cumplimiento de las disposiciones aplicables. De esta manera, la firma electrónica contribuye a modernizar las relaciones jurídicas sin dejar de lado la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contratantes. Referencias: Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ecuador. (2002, con reformas posteriores). Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Registro Oficial Suplemento No. 557, de 17 de abril de 2002. Ecuador. Código Orgánico Administrativo, artículos 90 y 94, en lo pertinente al gobierno electrónico y a la firma electrónica en el ámbito administrativo. Gobierno Electrónico del Ecuador. Normativa sobre firma electrónica. https://www.firmadigital.gob.ec/normativa/ Defensoría Pública del Ecuador. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. https://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3374Blog escrito por la Consultora Salomé AlbarracínViernes, 06 de noviembre del 2026
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ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 235 DEL COIPLas relaciones de consumo deben desarrollarse bajo principios de transparencia, buena fe e información veraz. Cuando un proveedor ofrece un producto o servicio con determinadas características y, de manera fraudulenta, entrega uno distinto, puede vulnerar los derechos del consumidor y generar responsabilidad penal. En Ecuador, esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de la sección relativa a los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.Esta disposición busca proteger al comprador frente a prácticas fraudulentas que afectan su capacidad de decidir libremente y recibir aquello que efectivamente adquirió.¿Qué establece el artículo 235 del COIP?El artículo 235 del COIP sanciona a la persona que provoque error en el comprador o usuario respecto de la identidad o calidad del bien o servicio vendido, mediante la entrega fraudulenta de un objeto o servicio distinto al ofrecido en la publicidad, información o contrato. También contempla el engaño relacionado con la naturaleza u origen del bien o servicio, cuando se entrega otro que resulta semejante en apariencia al que se creyó adquirir.La norma establece una pena privativa de libertad de seis meses a un año para la persona responsable. Asimismo, cuando se determine la responsabilidad penal de una persona jurídica, se impondrá una multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.¿Cuándo se configura este delito?Para comprender el alcance de esta infracción penal, es necesario identificar los elementos principales de la conducta descrita en la norma.1. El engaño al comprador o usuario. La conducta debe provocar un error respecto de la identidad, calidad, naturaleza u origen del bien o servicio. No se trata únicamente de una insatisfacción con la compra, sino de una conducta fraudulenta que induce a adquirir algo distinto de lo ofrecido.2. La diferencia entre lo ofrecido y lo entregado. El objeto o servicio recibido no corresponde a lo anunciado, informado o acordado contractualmente. La diferencia puede relacionarse con sus características, calidad, naturaleza u origen.3. La existencia de una conducta fraudulenta. El artículo 235 exige que la entrega del objeto o servicio distinto sea fraudulenta. Por tanto, no toda equivocación comercial, deficiencia o incumplimiento contractual constituye automáticamente este delito; deben analizarse las circunstancias concretas y los elementos que permitan establecer la responsabilidad penal.Ejemplos de engaño al compradorEste delito puede comprender distintas situaciones que se presentan en las relaciones comerciales. Por ejemplo:● Identidad del producto: se ofrece y cobra por un artículo de una marca determinada, pero se entrega fraudulentamente otro producto distinto, haciéndolo pasar por el adquirido.● Calidad del bien: se comercializa un producto como si reuniera determinadas características de calidad, pero se entrega fraudulentamente otro que no corresponde a lo ofrecido.● Origen del producto: se presenta un bien como procedente de un país o fabricante específico, pero se entrega otro de origen diferente, ocultando esa circunstancia mediante el engaño.● Prestación de servicios: se contrata un servicio con características concretas y, de manera fraudulenta, se proporciona uno distinto al anunciado o acordado.Estos ejemplos deben examinarse individualmente, pues la aplicación del artículo 235 depende de que los hechos se ajusten a los elementos previstos en la norma penal.Protección de los derechos del consumidorEl artículo 235 del COIP guarda relación con los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Su artículo 4 reconoce, entre otros, el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios, así como la protección frente a la publicidad engañosa y el acceso a mecanismos administrativos y judiciales para la tutela de los derechos del consumidor.Por su parte, el artículo 17 de la misma ley establece la obligación del proveedor de entregar información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna, de manera que el consumidor pueda realizar una elección adecuada y razonable.Estas disposiciones permiten comprender que la transparencia en la oferta y la correspondencia entre lo anunciado y lo entregado son aspectos esenciales de las relaciones de consumo. Sin embargo, la existencia de una infracción a la normativa de protección al consumidor no implica, por sí sola, que se haya configurado el delito previsto en el artículo 235 del COIP.¿Qué sanciones establece la norma?El artículo 235 contempla dos consecuencias penales, según el sujeto responsable:Para la persona natural: pena privativa de libertad de seis meses a un año.Para la persona jurídica: multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general, siempre que se determine su responsabilidad penal.La imposición de estas sanciones requiere que se establezca la responsabilidad correspondiente conforme a las reglas del procedimiento penal. No basta con demostrar que el producto o servicio no cumplió las expectativas del comprador; es necesario acreditar los elementos de la conducta tipificada.¿Qué puede hacer una persona afectada?Cuando un comprador considera que ha sido víctima de un engaño, es recomendable conservar los elementos que permitan demostrar las condiciones de la oferta y la diferencia con lo recibido. Entre ellos pueden encontrarse:● Facturas, recibos y comprobantes de pago.● Contratos, órdenes de compra y documentos relacionados con la contratación.● Publicidad, capturas de pantalla y comunicaciones con el proveedor.● Fotografías, videos e informes técnicos que permitan identificar las características del bien o servicio entregado.● Cualquier otro elemento que contribuya a esclarecer las circunstancias de la operación comercial.Con base en los hechos y las evidencias disponibles, la persona afectada podrá evaluar las acciones legales que correspondan. Si existen indicios de una conducta que se adecue al artículo 235 del COIP, podrá ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen conforme a la ley, sin perjuicio de los mecanismos de protección al consumidor que resulten aplicables.El artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal constituye un mecanismo de protección frente al engaño fraudulento en las relaciones comerciales. Su finalidad es sancionar las conductas que inducen al comprador o usuario a error sobre la identidad, calidad, naturaleza u origen de los bienes o servicios adquiridos.La aplicación de esta disposición exige distinguir entre un simple incumplimiento contractual y una conducta fraudulenta que reúna los elementos del tipo penal. Por ello, la publicidad, la información proporcionada, los términos contractuales y las características del producto o servicio efectivamente entregado pueden resultar determinantes para el análisis jurídico del caso.Conocer esta norma permite a los consumidores identificar posibles vulneraciones de sus derechos y a los proveedores comprender la importancia de actuar con transparencia y respetar las condiciones de los bienes y servicios que ofrecen.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Asamblea Nacional del Ecuador. (2000). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio de 2000.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 03 de Noviembre del 2026
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ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 235 DEL COIPLas relaciones de consumo deben desarrollarse bajo principios de transparencia, buena fe e información veraz. Cuando un proveedor ofrece un producto o servicio con determinadas características y, de manera fraudulenta, entrega uno distinto, puede vulnerar los derechos del consumidor y generar responsabilidad penal. En Ecuador, esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de la sección relativa a los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.Esta disposición busca proteger al comprador frente a prácticas fraudulentas que afectan su capacidad de decidir libremente y recibir aquello que efectivamente adquirió.¿Qué establece el artículo 235 del COIP?El artículo 235 del COIP sanciona a la persona que provoque error en el comprador o usuario respecto de la identidad o calidad del bien o servicio vendido, mediante la entrega fraudulenta de un objeto o servicio distinto al ofrecido en la publicidad, información o contrato. También contempla el engaño relacionado con la naturaleza u origen del bien o servicio, cuando se entrega otro que resulta semejante en apariencia al que se creyó adquirir.La norma establece una pena privativa de libertad de seis meses a un año para la persona responsable. Asimismo, cuando se determine la responsabilidad penal de una persona jurídica, se impondrá una multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.¿Cuándo se configura este delito?Para comprender el alcance de esta infracción penal, es necesario identificar los elementos principales de la conducta descrita en la norma.1. El engaño al comprador o usuario. La conducta debe provocar un error respecto de la identidad, calidad, naturaleza u origen del bien o servicio. No se trata únicamente de una insatisfacción con la compra, sino de una conducta fraudulenta que induce a adquirir algo distinto de lo ofrecido.2. La diferencia entre lo ofrecido y lo entregado. El objeto o servicio recibido no corresponde a lo anunciado, informado o acordado contractualmente. La diferencia puede relacionarse con sus características, calidad, naturaleza u origen.3. La existencia de una conducta fraudulenta. El artículo 235 exige que la entrega del objeto o servicio distinto sea fraudulenta. Por tanto, no toda equivocación comercial, deficiencia o incumplimiento contractual constituye automáticamente este delito; deben analizarse las circunstancias concretas y los elementos que permitan establecer la responsabilidad penal.Ejemplos de engaño al compradorEste delito puede comprender distintas situaciones que se presentan en las relaciones comerciales. Por ejemplo:● Identidad del producto: se ofrece y cobra por un artículo de una marca determinada, pero se entrega fraudulentamente otro producto distinto, haciéndolo pasar por el adquirido.● Calidad del bien: se comercializa un producto como si reuniera determinadas características de calidad, pero se entrega fraudulentamente otro que no corresponde a lo ofrecido.● Origen del producto: se presenta un bien como procedente de un país o fabricante específico, pero se entrega otro de origen diferente, ocultando esa circunstancia mediante el engaño.● Prestación de servicios: se contrata un servicio con características concretas y, de manera fraudulenta, se proporciona uno distinto al anunciado o acordado.Estos ejemplos deben examinarse individualmente, pues la aplicación del artículo 235 depende de que los hechos se ajusten a los elementos previstos en la norma penal.Protección de los derechos del consumidorEl artículo 235 del COIP guarda relación con los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Su artículo 4 reconoce, entre otros, el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios, así como la protección frente a la publicidad engañosa y el acceso a mecanismos administrativos y judiciales para la tutela de los derechos del consumidor.Por su parte, el artículo 17 de la misma ley establece la obligación del proveedor de entregar información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna, de manera que el consumidor pueda realizar una elección adecuada y razonable.Estas disposiciones permiten comprender que la transparencia en la oferta y la correspondencia entre lo anunciado y lo entregado son aspectos esenciales de las relaciones de consumo. Sin embargo, la existencia de una infracción a la normativa de protección al consumidor no implica, por sí sola, que se haya configurado el delito previsto en el artículo 235 del COIP.¿Qué sanciones establece la norma?El artículo 235 contempla dos consecuencias penales, según el sujeto responsable:Para la persona natural: pena privativa de libertad de seis meses a un año.Para la persona jurídica: multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general, siempre que se determine su responsabilidad penal.La imposición de estas sanciones requiere que se establezca la responsabilidad correspondiente conforme a las reglas del procedimiento penal. No basta con demostrar que el producto o servicio no cumplió las expectativas del comprador; es necesario acreditar los elementos de la conducta tipificada.¿Qué puede hacer una persona afectada?Cuando un comprador considera que ha sido víctima de un engaño, es recomendable conservar los elementos que permitan demostrar las condiciones de la oferta y la diferencia con lo recibido. Entre ellos pueden encontrarse:● Facturas, recibos y comprobantes de pago.● Contratos, órdenes de compra y documentos relacionados con la contratación.● Publicidad, capturas de pantalla y comunicaciones con el proveedor.● Fotografías, videos e informes técnicos que permitan identificar las características del bien o servicio entregado.● Cualquier otro elemento que contribuya a esclarecer las circunstancias de la operación comercial.Con base en los hechos y las evidencias disponibles, la persona afectada podrá evaluar las acciones legales que correspondan. Si existen indicios de una conducta que se adecue al artículo 235 del COIP, podrá ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen conforme a la ley, sin perjuicio de los mecanismos de protección al consumidor que resulten aplicables.El artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal constituye un mecanismo de protección frente al engaño fraudulento en las relaciones comerciales. Su finalidad es sancionar las conductas que inducen al comprador o usuario a error sobre la identidad, calidad, naturaleza u origen de los bienes o servicios adquiridos.La aplicación de esta disposición exige distinguir entre un simple incumplimiento contractual y una conducta fraudulenta que reúna los elementos del tipo penal. Por ello, la publicidad, la información proporcionada, los términos contractuales y las características del producto o servicio efectivamente entregado pueden resultar determinantes para el análisis jurídico del caso.Conocer esta norma permite a los consumidores identificar posibles vulneraciones de sus derechos y a los proveedores comprender la importancia de actuar con transparencia y respetar las condiciones de los bienes y servicios que ofrecen.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Asamblea Nacional del Ecuador. (2000). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio de 2000.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 03 de Noviembre del 2026
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En los procesos judiciales que involucran a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos relacionados con la tenencia, el régimen de visitas y los conflictos familiares, escuchar la opinión del menor constituye una garantía fundamental para la protección de sus derechos.En Ecuador, los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) reconocen el derecho de los menores a expresarse libremente y a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. En este contexto, el testimonio reservado puede constituir un mecanismo para conocer su opinión en condiciones que protejan su intimidad, integridad emocional y libertad de expresión, sin que su participación se convierta en una fuente de presión o revictimización.Fundamento jurídico: artículos 59 y 60 del CONAArtículo 59. Derecho a la libertad de expresión.Esta disposición reconoce que los niños, niñas y adolescentes pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, utilizando los medios que consideren adecuados, dentro de las restricciones legales destinadas a proteger los derechos de las demás personas.En el ámbito judicial, este derecho implica que el menor debe tener la oportunidad de manifestar sus sentimientos, experiencias y preferencias respecto de las decisiones que afectan su vida familiar, sin que su opinión sea descalificada únicamente por su edad.Artículo 60. Derecho a ser consultados.Este artículo establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten y que su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez.Además, incorpora una garantía esencial: ningún menor puede ser obligado o presionado para expresar su opinión.Esta disposición resulta especialmente relevante en los procesos de tenencia, en los que el niño puede encontrarse en medio de un conflicto entre sus progenitores. Su participación debe desarrollarse de manera libre, sin intimidaciones, amenazas, manipulación ni exigencias para que manifieste preferencia por uno de ellos.¿Qué es el testimonio reservado del menor?El testimonio reservado del menor es una forma de recibir su declaración procurando proteger su identidad, intimidad, seguridad y estabilidad emocional, de acuerdo con las características del procedimiento y las medidas de protección que correspondan.Su finalidad es permitir que el niño exprese su opinión en un entorno adecuado, con las garantías necesarias para evitar presiones externas y reducir los efectos negativos que podría ocasionar su participación en un conflicto judicial.Es importante precisar que los artículos 59 y 60 del CONA reconocen el derecho a expresarse y a ser escuchado, pero no regulan por sí solos una modalidad procesal específica denominada «testimonio reservado». La forma de recibir la declaración debe determinarse conforme a las normas procesales aplicables y las garantías correspondientes al caso.La opinión del menor en los procesos de tenenciaEn los procesos judiciales de tenencia, la opinión del niño puede aportar información relevante sobre sus vínculos afectivos, su entorno familiar, sus necesidades emocionales y las circunstancias en las que se desarrolla su convivencia con cada progenitor.Sin embargo, escuchar al menor no significa trasladarle la responsabilidad de decidir con quién debe vivir. La decisión corresponde a la autoridad judicial, que debe valorar integralmente su interés superior, las pruebas incorporadas al proceso y las condiciones de protección y cuidado.La opinión del niño debe ser considerada según su edad, madurez y capacidad para comprender la situación. No debe tratarse como una prueba automática de idoneidad o falta de idoneidad de alguno de sus progenitores, sino como un elemento relevante que debe analizarse junto con los demás medios probatorios.Protección frente a amenazas, intimidación y manipulaciónLa prohibición de presionar al menor para que exprese su opinión constituye una garantía indispensable cuando existen conflictos familiares intensos o alegaciones de violencia.Si se advierte que el niño podría estar siendo intimidado, manipulado o condicionado para manifestar una determinada preferencia, resulta pertinente solicitar que su participación se desarrolle mediante un procedimiento adecuado a su edad y situación emocional, con intervención de profesionales especializados cuando corresponda.El objetivo no es orientar su respuesta hacia uno de los progenitores, sino garantizar que pueda expresarse de manera espontánea, auténtica y libre de influencias indebidas.Asimismo, deben evitarse interrogatorios reiterados o confrontaciones innecesarias que puedan incrementar su angustia o colocarlo en una situación de conflicto de lealtades.La reserva y el derecho a la defensaLa protección de la intimidad del menor debe armonizarse con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes. Por ello, la reserva no debe entenderse automáticamente como una exclusión absoluta del conocimiento o contradicción de la prueba.La autoridad judicial debe aplicar las medidas de protección previstas en la normativa correspondiente, procurando que la participación del niño sea segura y que, al mismo tiempo, se respeten las garantías procesales de quienes intervienen en la causa.La forma concreta de recibir, documentar y valorar su declaración dependerá de las reglas procesales aplicables al procedimiento judicial.Los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados en los asuntos que afectan su vida, sin ser obligados ni presionados.En consecuencia, dentro de los procesos de tenencia y régimen de visitas, la participación del menor debe garantizar condiciones de seguridad, respeto, libertad y protección emocional. Su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez, sin atribuirle la responsabilidad de resolver el conflicto de sus progenitores.Escuchar al menor no significa hacerlo escoger entre sus padres; significa reconocerlo como sujeto de derechos y garantizar que su voz sea considerada sin miedo, manipulación ni presiones. Fuente: Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial No. 737, 3 de enero de 2003, arts. 59 y 60.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 27 de Octubre del 2026
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