Recuerda que el valor mínimo legal para calcular es un sueldo básico.
Si tiene uno o varios hijos con discapacidad marque únicamente la casilla que corresponde al nivel de inhabilitación del menor de edad. Recuerde que se calcula este valor tomando en cuenta el porcentaje establecido para el nivel de mayor discapacidad.
Noticias de la actualidad legal y preguntas frecuentes
Dentro de un proceso penal, las víctimas, los testigos y otras personas que participan pueden encontrarse en una situación de riesgo debido a amenazas, intimidaciones o represalias. Por esta razón, el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), dirigido por la Fiscalía General del Estado. Su finalidad no es únicamente brindar seguridad, sino también ofrecer una atención integral que permita a las personas protegidas participar en el proceso penal sin que su vida o integridad se encuentren expuestas a un riesgo indebido. - ¿Qué es el SPAVT?El SPAVT es un sistema de protección y asistencia dirigido y articulado por la Fiscalía General del Estado, destinado a salvaguardar la integridad física, psicológica y social de las víctimas, testigos y otros participantes que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su participación en un proceso penal. Su intervención puede comprender la etapa preprocesal y las diferentes etapas del proceso penal. - Fundamento legal:· Constitución de la República del Ecuador: artículo 198.Establece que la Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal. Además, dispone que la Fiscalía coordinará la participación obligatoria de las entidades públicas relacionadas con los objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. Este artículo constituye la principal base constitucional del SPAVT. · Constitución de la República del Ecuador: artículo 78.Reconoce a las víctimas de infracciones penales el derecho a una protección especial, así como a la no revictimización, particularmente durante la obtención y valoración de las pruebas. Por ello, el SPAVT constituye uno de los mecanismos institucionales destinados a hacer efectiva esta protección.· Código Orgánico Integral Penal: artículo 447.Regula el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal y establece que este debe contar con una normativa elaborada en coordinación con las entidades públicas que apoyan al sistema. Esta disposición complementa el mandato constitucional y permite estructurar jurídicamente su funcionamiento. - Características principales del SPAVT: 1. Protección frente a una situación de riesgo: Para que una persona pueda ingresar al sistema debe existir una situación que justifique la necesidad de protección. Por ejemplo, amenazas, intimidación, persecución o un riesgo para su vida o integridad como consecuencia de su participación en un proceso penal. La Fiscalía evalúa las circunstancias del caso para determinar la procedencia de las medidas de protección. 2. Atención integral: El SPAVT no se limita a proporcionar seguridad policial. La atención puede incluir asistencia psicológica, jurídica y social, dependiendo de las necesidades y del nivel de riesgo de la persona protegida. 3. Protección diferenciada: Las medidas de protección no son iguales para todos los casos. La respuesta depende del nivel de riesgo y de las circunstancias particulares de la víctima, testigo u otro participante. La Fiscalía contempla, entre otras medidas, protección policial semipermanente o permanente en situaciones de mayor peligro. 4. Participación interinstitucional: El SPAVT funciona mediante la coordinación de diferentes instituciones públicas y, cuando corresponde, organizaciones de la sociedad civil. Esto se debe a que la protección de una persona puede requerir respuestas en materia de seguridad, salud, atención psicológica o asistencia social. 5. Reserva y confidencialidad: La información relacionada con las personas protegidas y los procedimientos de protección debe mantenerse bajo estricta reserva, debido a que su divulgación podría poner en peligro a las víctimas, testigos u otros participantes. La Fiscalía ha recordado expresamente la importancia de esta obligación de confidencialidad. - ¿Cómo funciona el ingreso al SPAVT?De manera general, cuando existen elementos que evidencian una situación de riesgo, se puede solicitar la intervención del sistema a través de la autoridad competente. El caso es analizado mediante informes y evaluaciones para determinar la existencia del riesgo y las medidas que resulten necesarias.Una vez que la persona ingresa al sistema, puede recibir atención psicológica, acompañamiento y medidas de seguridad. Si el riesgo continúa, la protección puede mantenerse o ajustarse de acuerdo con la situación concreta. La Fiscalía también contempla mecanismos orientados a facilitar la reincorporación de la persona a su vida social una vez que finaliza la situación de protección. - Problemas y desafíos del SPAVT:A pesar de su importancia, uno de los principales desafíos del SPAVT consiste en garantizar que las medidas de protección sean efectivas y adecuadas al nivel de riesgo de cada persona. La protección no debe entenderse como una medida automática ni uniforme, ya que cada caso presenta circunstancias diferentes. Además, resulta fundamental mantener la reserva de la información, coordinar adecuadamente a las instituciones involucradas y evitar que la víctima sea sometida nuevamente a situaciones que puedan generar revictimización. Por ello, la eficacia del sistema no depende únicamente de la existencia de normas, sino también de una adecuada evaluación del riesgo y de la aplicación efectiva de las medidas de protección. - Caso práctico: protección de una víctima dentro del SPAVT:Un ejemplo de aplicación del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal puede presentarse cuando una persona es víctima o testigo de un delito grave y, después de denunciar o colaborar con la investigación, comienza a recibir amenazas o intimidaciones relacionadas con su participación en el proceso. En estas circunstancias, la Fiscalía puede evaluar el nivel de riesgo y determinar la necesidad de incorporar a la persona al SPAVT. Dependiendo de las circunstancias, la protección puede incluir medidas de seguridad y asistencia psicológica, social y jurídica. Este tipo de intervención permite que la víctima o testigo pueda continuar participando en el proceso penal sin que el temor a represalias constituya un obstáculo para el acceso a la justicia.- Importancia del SPAVT:La importancia del SPAVT radica en que permite garantizar que las víctimas y los testigos puedan participar en la investigación y en el proceso penal sin quedar desprotegidos frente a posibles amenazas o represalias. Además, contribuye al acceso a la justicia y al principio de no revictimización, ya que una persona que teme por su seguridad puede verse impedida de denunciar o colaborar con el esclarecimiento de un delito. Por ello, el sistema cumple una doble función: proteger a la persona en situación de riesgo y contribuir al adecuado desarrollo de la justicia penal. - Observación:Es importante diferenciar entre las medidas de protección que puede requerir una víctima dentro de un proceso penal y el ingreso formal al SPAVT. No toda víctima o testigo ingresa automáticamente al sistema; el ingreso depende de una evaluación de riesgo y de la procedencia de la protección especializada. Esto permite que las medidas se adapten a la gravedad y circunstancias particulares de cada caso. En conclusión, el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema de justicia penal ecuatoriano. Su fundamento se encuentra principalmente en los artículos 78 y 198 de la Constitución y en el artículo 447 del COIP. Su importancia radica en que no se limita a brindar seguridad, sino que busca ofrecer una protección integral a las personas que, debido a su participación en un proceso penal, enfrentan una situación de riesgo. De esta manera, el SPAVT contribuye a proteger la vida e integridad de las personas y a garantizar que puedan ejercer sus derechos y participar en el proceso penal sin ser objeto de amenazas, intimidación o nuevas formas de victimización. Referencias: Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Fiscalía General del Estado. Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) Fiscalía General del Estado. Protección y asistencia a víctimas y testigosBlog escrito por la Consultora Salomé Albarracín Miércoles, 09 de Septiembre del 2026
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La protección de los niños, niñas y adolescentes constituye una obligación que involucra al Estado, la familia, las instituciones y a la sociedad en general. En este sentido, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) establece un conjunto de disposiciones destinadas a prevenir y atender situaciones que puedan afectar su integridad física, psicológica o sexual.¿Qué se entiende por maltrato?El artículo 67 del CONA establece una definición amplia de maltrato, comprendiendo toda conducta, sea por acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente. Esta protección alcanza a cualquier persona, incluidos progenitores, familiares, educadores y quienes se encuentren a cargo de su cuidado.La norma también reconoce expresamente el maltrato psicológico, entendido como aquel que genera perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima. Dentro de esta modalidad se encuentran, entre otras conductas, las amenazas de causar daño al menor de edad, a sus bienes o a personas vinculadas con él.Particular relevancia tiene el denominado maltrato institucional, que puede producirse dentro de instituciones públicas o privadas como consecuencia de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas. La responsabilidad no se limita al autor directo cuando las autoridades conocen la situación y no adoptan medidas para prevenirla, detenerla, remediarla o sancionarla.Abuso y explotación sexualEl CONA también contempla una protección específica frente al abuso sexual. El artículo 68 considera abuso sexual el contacto físico o las sugerencias de naturaleza sexual a las que sea sometido un niño, niña o adolescente, incluso cuando exista un aparente consentimiento, cuando estas se produzcan mediante seducción, chantaje, intimidación, engaño, amenazas u otros medios.La norma dispone, además, que cualquier forma de acoso o abuso sexual debe ser puesta en conocimiento del agente fiscal competente, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones administrativas que correspondan.Por su parte, el artículo 69 identifica como formas de explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. Se considera prostitución infantil la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución, mientras que la pornografía infantil comprende representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de sus órganos genitales con determinadas finalidades.Tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentesEl artículo 70 regula el tráfico de niños, niñas y adolescentes, comprendiendo su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país, cuando tenga como finalidad su utilización en actividades como prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas.Asimismo, el artículo 71 contempla la situación de pérdida de niños, niñas y adolescentes, entendida como su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar donde se supone que deben permanecer, sin conocimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado.El deber de denunciar y protegerUna de las obligaciones más relevantes previstas por el CONA corresponde a las personas que, debido a su profesión u oficio, tengan conocimiento de hechos que presenten características de maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico o pérdida. El artículo 72 establece que deben denunciar estos hechos dentro de las veinticuatro horas siguientes a su conocimiento ante las autoridades competentes.La protección no se limita al deber de denunciar. El artículo 73 establece que todas las personas tienen el deber de intervenir cuando se encuentren frente a casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico, explotación sexual u otras violaciones de derechos, debiendo requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.Prevención como mecanismo de protecciónEl CONA establece que la protección de niños, niñas y adolescentes no debe limitarse a responder frente a una vulneración ya producida. El Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas destinadas a prevenir estas conductas.Entre las políticas previstas se encuentran la asistencia a los niños, niñas y adolescentes y a sus responsables de cuidado, la prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación sexual, la búsqueda y recuperación de quienes se encuentren perdidos o hayan sido víctimas de traslado ilegal o tráfico, así como el fomento de una cultura de buen trato.De igual manera, las instituciones públicas y privadas deben adoptar medidas destinadas a erradicar el maltrato institucional y garantizar que sus prácticas administrativas, pedagógicas, formativas y de cuidado respeten los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.Las prácticas culturales no justifican el maltratoEl artículo 76 establece una regla de especial importancia: no puede justificarse una conducta de maltrato alegando que constituye un método formativo o una práctica cultural tradicional. Por tanto, el carácter educativo, disciplinario o tradicional que se pretenda atribuir a una conducta no elimina las responsabilidades que puedan derivarse de ella.Protección frente al traslado y retención ilícitosEl artículo 77 prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes cuando estas acciones vulneren el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas o las normas relativas a la autorización para salir del país.Cuando un niño, niña o adolescente ha sido trasladado o retenido ilegalmente, tiene derecho a ser reintegrado a su medio familiar y a mantener las visitas con sus progenitores y otros parientes, conforme a las disposiciones del Código.Otras formas de abusoLa protección establecida por el CONA comprende también otras situaciones que pueden poner en riesgo la vida o integridad de los menores de edad. El artículo 78 reconoce su derecho a ser protegidos frente al consumo y uso indebido de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes o psicotrópicas; la participación en su producción, comercialización o publicidad; el uso de armas, explosivos y sustancias peligrosas; la exposición pública de enfermedades o discapacidades con fines económicos; y la inducción a juegos de azar.Medidas de protecciónAnte las situaciones contempladas en este título, las autoridades administrativas y judiciales competentes pueden disponer una o varias medidas de protección. Estas incluyen la custodia familiar o acogimiento institucional, la incorporación del niño, niña o adolescente y su familia a programas de protección y atención, la concesión de boletas de auxilio, la amonestación al agresor, su incorporación a programas especializados, su salida de la vivienda cuando represente un riesgo para la víctima y la prohibición de acercamiento o contacto.También pueden disponerse medidas relacionadas con las funciones del agresor, el funcionamiento de instituciones donde se haya producido maltrato institucional, la participación en procesos formativos y el seguimiento por parte de equipos de trabajo social para verificar la rectificación de las conductas.En situaciones de emergencia que presenten indicios serios de agresión o amenaza contra la integridad física, psicológica o sexual del niño, niña o adolescente, determinadas entidades de atención autorizadas pueden ejecutar provisionalmente varias de estas medidas y poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente dentro del plazo máximo de setenta y dos horas.Exámenes médico-legales y protección de la víctimaFinalmente, el artículo 80 establece garantías específicas para la práctica de exámenes médico-legales. Estos deben realizarse bajo estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional del niño, niña o adolescente.La norma busca evitar la revictimización al prohibir que la víctima sea sometida nuevamente al mismo examen o reconocimiento médico-legal, salvo que ello resulte imprescindible para su tratamiento y recuperación. Asimismo, los profesionales de la salud deben conservar de manera segura los elementos de prueba encontrados y rendir testimonio sobre el contenido de sus informes.Las disposiciones analizadas evidencian que la protección de niños, niñas y adolescentes requiere una actuación integral que comprenda prevención, denuncia, intervención inmediata, protección y seguimiento. El CONA no solo identifica las principales formas de vulneración de derechos, sino que establece obligaciones concretas para quienes conocen estos hechos y faculta a las autoridades para adoptar medidas destinadas a proteger a la víctima.En consecuencia, frente a cualquier situación que pueda comprometer la integridad física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, la respuesta debe orientarse prioritariamente a garantizar su protección y evitar la continuidad o agravamiento de la vulneración de sus derechos. Fuente: Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial No. 737.Blog escrito por la Abg. Camila Proaño Miércoles, 02 de septiembre del 2026
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Este tema permite analizar cómo ha evolucionado el Derecho: tradicionalmente, los animales fueron considerados principalmente como bienes o cosas susceptibles de propiedad; sin embargo, actualmente existe una tendencia jurídica que reconoce su capacidad de sentir y la necesidad de otorgarles una protección especial. En el Ecuador, esta evolución ha sido impulsada especialmente por la Constitución de 2008, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y, de manera relevante, por la jurisprudencia constitucional sobre la protección de los animales. La protección jurídica de los animales plantea, por tanto, un debate importante: determinar si deben seguir siendo considerados únicamente objetos de derecho o si, debido a su condición de seres sintientes, requieren un régimen jurídico diferenciado.¿Qué significa que un animal sea un ser sintiente?Un ser sintiente es aquel que posee la capacidad de experimentar sensaciones y responder a determinados estímulos, incluyendo, según sus características biológicas y fisiológicas, experiencias como dolor, sufrimiento o placer. Jurídicamente, esta condición resulta relevante porque obliga a superar una visión exclusivamente patrimonial de los animales y exige considerar sus necesidades propias de protección.En Ecuador, el desarrollo más importante sobre esta materia proviene de la Sentencia No. 253-20-JH/22, caso “Mona Estrellita”, en la cual la Corte Constitucional analizó la protección de los animales dentro del régimen de los derechos de la naturaleza. La Corte explicó que existen animales con capacidad de sintiencia en sentido estricto y reconoció que los animales pueden ser sujetos de derechos, aunque sus derechos no deben equipararse automáticamente a los derechos reconocidos a los seres humanos. La protección debe determinarse considerando las características y necesidades propias de cada especie. FUNDAMENTO JURÍDICO EN EL ECUADOR:La protección jurídica de los animales en Ecuador no se encuentra concentrada en una sola norma. Su regulación se construye a partir de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Código Orgánico del Ambiente y el Código Orgánico Integral Penal, especialmente en materia de fauna urbana y maltrato animal.Constitución de la República del Ecuador:Artículo 10: La naturaleza como titular de derechos.El artículo 10 de la Constitución establece que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Además, reconoce expresamente que:“La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”Este artículo es fundamental porque permite comprender el punto de partida constitucional de la protección animal. Los animales forman parte de la naturaleza y, posteriormente, la Corte Constitucional desarrolló el alcance de esta relación en el caso Mona Estrellita, reconociendo que los derechos de los animales constituyen una dimensión específica de los derechos de la naturaleza. Artículo 71: derecho de la naturaleza al respeto integral.El artículo 71 reconoce el derecho de la naturaleza a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.La importancia de esta disposición para la protección animal consiste en que la Constitución ecuatoriana no protege únicamente espacios naturales o ecosistemas en abstracto. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado una interpretación según la cual la protección de la naturaleza también puede comprender a animales determinados, atendiendo a sus características particulares y a su relación con el ecosistema.La Corte Constitucional señaló expresamente que los derechos de los animales constituyen una expresión particular de los derechos de la naturaleza. Artículo 73: medidas de precaución y restricción.El artículo 73 dispone que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir, entre otros supuestos, a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.Esta norma resulta especialmente importante para la fauna silvestre. La protección jurídica no debe iniciarse únicamente después de la desaparición o muerte de los animales; el Estado tiene también una obligación de adoptar medidas destinadas a prevenir daños graves o irreversibles.Código Orgánico del Ambiente:El Código Orgánico del Ambiente (COA) constituye una de las principales normas legales relacionadas con la protección y manejo de los animales en Ecuador.Art. 55.- De las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad.Art. 57.- De las obras, proyectos, actividades y régimen de propiedad en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los criterios técnicos para las obras, proyectos o actividades que se realicen en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. En las zonas especiales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad no se afectará el derecho de propiedad de las propiedades de dominio público, privado o comunitario. El aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad deberá considerar los planes de ordenamiento territorial y los modelos de desarrollo.Protección penal frente al maltrato animal:La protección jurídica de los animales también se desarrolla a través del Código Orgánico Integral Penal (COIP).El artículo 249 del COIP sanciona las lesiones ocasionadas a animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana. La normativa penal establece consecuencias más graves cuando las lesiones son ocasionadas mediante actos de crueldad o tortura.Por su parte, el artículo 250 contempla una sanción penal para determinados actos de carácter sexual cometidos contra animales que integran la fauna urbana.La incorporación de estas conductas en el ámbito penal demuestra que el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce que determinadas formas de violencia contra los animales trascienden una simple infracción administrativa y pueden constituir conductas penalmente relevantes. CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ANIMALES:Reconocimiento de los animales como sujetos de derechos:La característica más importante del desarrollo jurisprudencial ecuatoriano consiste en que determinados animales pueden ser reconocidos como sujetos de derechos.La Sentencia No. 253-20-JH/22 estableció que los animales no deben ser considerados únicamente como objetos sobre los cuales las personas ejercen derechos. La Corte reconoció que los animales forman parte de la naturaleza y que sus derechos constituyen una dimensión particular de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, es importante realizar una precisión jurídica: esto no significa que los animales tengan exactamente los mismos derechos que los seres humanos. La Corte fue clara al indicar que la protección debe responder a las características propias de cada especie.Protección diferenciada según la especie:No todos los animales tienen las mismas necesidades ni enfrentan los mismos riesgos.Por esta razón, la protección jurídica debe considerar factores como:La especie animal, sus características biológicas, sus necesidades fisiológicas, su hábitat, su comportamiento natural, su grado de dependencia respecto de los seres humanos y su condición de animal silvestre o integrante de la fauna urbana. Este criterio es conocido dentro de la jurisprudencia constitucional como una interpretación que debe considerar las particularidades propias de cada especie y las relaciones existentes entre los seres vivos y su entorno. La tenencia implica responsabilidad:Tener un animal de compañía o mantener un animal bajo cuidado no significa tener un poder ilimitado sobre él.El propietario, cuidador o responsable debe procurar su bienestar y evitar situaciones de violencia, sufrimiento o abandono. El Código Orgánico del Ambiente establece un enfoque de manejo responsable de la fauna urbana, lo que convierte a la tenencia en una relación que genera obligaciones jurídicas. Protección preventiva:La legislación ecuatoriana no busca únicamente sancionar el daño después de que este ocurre.También establece mecanismos relacionados con:Educación sobre bienestar animal, prevención del maltrato, control responsable de poblaciones, campañas de esterilización, adopción responsable, prevención de enfermedades e investigación de denuncias por maltrato. Por ello, la protección animal tiene una dimensión preventiva, administrativa, ambiental y penal. DIFERENCIA ENTRE ANIMALES COMO SERES SINTIENTES Y ANIMALES COMO “COSAS”:Tradicionalmente, el Derecho Civil trató a los animales desde una perspectiva patrimonial, es decir, principalmente como bienes susceptibles de propiedad. Sin embargo, el desarrollo constitucional y jurisprudencial ecuatoriano ha generado una transformación de esta visión.Actualmente, a partir del caso Mona Estrellita, no resulta jurídicamente adecuado analizar la situación de un animal únicamente desde la perspectiva de quién es su propietario o poseedor. También deben considerarse las necesidades propias del animal y su condición de integrante de la naturaleza.La discusión jurídica, por tanto, ya no se limita a preguntar:¿A quién pertenece el animal?También es necesario preguntarse:¿Qué protección jurídica requiere ese animal de acuerdo con su especie, sus necesidades y su capacidad de experimentar sufrimiento o bienestar?CASO “MONA ESTRELLITA”: PRINCIPAL JURISPRUDENCIA ECUATORIANA:La Sentencia No. 253-20-JH/22 constituye el precedente más importante para este tema en Ecuador.El caso se relacionó con Estrellita, una mona chorongo que había vivido durante varios años bajo el cuidado de una persona. Posteriormente, la autoridad ambiental realizó su decomiso debido a que se trataba de un animal silvestre.La acción llegó a conocimiento de la Corte Constitucional mediante la revisión de una acción de hábeas corpus. Para el momento en que se presentó la acción, el animal había fallecido; sin embargo, la Corte consideró necesario pronunciarse debido a la importancia constitucional del caso.La Corte Constitucional reconoció que los animales silvestres son sujetos de derechos de protección, como integrantes de la naturaleza. También aclaró que sus derechos no son idénticos a los derechos humanos y deben interpretarse considerando las características propias de cada especie y su interacción con el ecosistema. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ANIMALES, MALTRATO, RESPONSABILIDAD Y MECANISMOS DE DEFENSAProtección de los animales silvestres:La protección jurídica de los animales silvestres tiene una importancia especial en el Ecuador debido a su estrecha relación con la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. A diferencia de los animales de compañía o de la fauna urbana, los animales silvestres forman parte de ecosistemas naturales y requieren condiciones específicas para desarrollar sus ciclos de vida.La Constitución de la República, especialmente en sus artículos 71, 72 y 73, protege a la naturaleza, su existencia, sus ciclos vitales y sus procesos evolutivos. Esta protección comprende también a las especies animales que forman parte de los ecosistemas.El artículo 73 de la Constitución resulta particularmente importante, ya que establece que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción respecto de actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.Por esta razón, la protección de los animales silvestres no se limita a sancionar la muerte o captura ilegal de un animal. También implica adoptar medidas destinadas a prevenir la destrucción de su hábitat, el tráfico de especies, la contaminación y otras actividades que puedan poner en peligro su supervivencia.La fauna urbana y su protección:El Código Orgánico del Ambiente, en sus disposiciones relativas a la fauna urbana, establece un marco jurídico para regular la relación entre los seres humanos y determinados animales que viven dentro de espacios urbanos.La fauna urbana puede incluir, entre otros:Animales de compañía, animales destinados al trabajo u oficio, animales destinados al consumo, animales destinados al entretenimiento, animales considerados plagas y otros animales determinados conforme a las competencias legales correspondientes. Esta clasificación permite que las autoridades establezcan medidas específicas según el tipo de animal y la relación que mantiene con las personas. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, esta clasificación no elimina la obligación de garantizar su bienestar y protección. El hecho de que un animal tenga una determinada función económica, de compañía o de trabajo no justifica actos de crueldad, violencia o sufrimiento innecesario.Bienestar animal y tenencia responsable:Uno de los aspectos fundamentales de la protección jurídica es el concepto de bienestar animal. El bienestar animal implica que las personas responsables de un animal deben garantizar, de acuerdo con las características de cada especie, condiciones adecuadas de alimentación, cuidado, salud y protección.La tenencia responsable, por tanto, no debe entenderse únicamente como el derecho de una persona a tener un animal, sino como una relación que genera deberes jurídicos y sociales.Entre las principales responsabilidades se encuentran:Proporcionar alimentación y agua adecuadas: El cuidador debe procurar que el animal tenga acceso a alimentación y agua suficientes según sus necesidades.Garantizar condiciones adecuadas de vida: El lugar donde se encuentre el animal debe permitir su protección y bienestar, considerando su tamaño, especie y características.Evitar el maltrato: Ninguna persona puede utilizar la tenencia de un animal como justificación para ocasionarle sufrimiento, lesiones o actos de crueldad.Brindar atención cuando sea necesaria: El responsable debe adoptar medidas razonables para proteger la salud y el bienestar del animal.Evitar el abandono: El abandono puede colocar al animal en una situación de riesgo y generar consecuencias jurídicas conforme a la normativa aplicable. Por tanto, la relación entre una persona y un animal debe analizarse desde un enfoque de responsabilidad y protección, y no únicamente desde una visión de propiedad.EL MALTRATO ANIMAL Y SU RELEVANCIA JURÍDICA:El maltrato animal constituye una de las principales problemáticas relacionadas con la protección de los animales. Desde una perspectiva jurídica, el maltrato puede manifestarse mediante diferentes conductas, tales como:Golpes o lesiones, actos de crueldad, tortura, abandono, privación de alimento o agua, mantener al animal en condiciones incompatibles con sus necesidades y utilización de animales en actividades que les generen sufrimiento injustificado. Es importante señalar que no todas estas conductas reciben exactamente el mismo tratamiento jurídico. Dependiendo de la conducta, del animal involucrado y de las circunstancias del caso, pueden existir consecuencias administrativas, penales o civiles.PROTECCIÓN PENAL DE LA FAUNA URBANA:El Código Orgánico Integral Penal incorpora disposiciones relacionadas con la protección de los animales que forman parte de la fauna urbana. Dentro de esta materia, es importante analizar especialmente los artículos relacionados con las lesiones y muerte causadas a animales de fauna urbana, así como las circunstancias que pueden agravar la conducta cuando existe crueldad.La incorporación de estas conductas en el ámbito penal demuestra que el legislador ecuatoriano ha considerado que determinadas formas de violencia contra los animales poseen una gravedad suficiente para generar responsabilidad penal.No obstante, existe una observación jurídica importante: la protección penal no abarca necesariamente a todos los animales de la misma forma, ya que las disposiciones penales deben analizarse conjuntamente con las normas ambientales y la protección constitucional de los derechos de la naturaleza.Esta diferencia entre fauna urbana y fauna silvestre genera uno de los principales debates jurídicos sobre la necesidad de contar con una protección más coherente e integral.RESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADORES Y PROPIETARIOS:La persona que mantiene un animal bajo su cuidado asume determinadas obligaciones respecto de su bienestar. Esto significa que la tenencia de un animal no puede interpretarse como un poder absoluto sobre él. El cuidador debe actuar considerando las necesidades propias de la especie.Si una persona incumple sus deberes y ocasiona un daño al animal, pueden generarse diferentes consecuencias jurídicas según el caso concreto.Por ejemplo, podrían existir:Sanciones administrativas, cuando se incumplen ordenanzas o normas sobre bienestar animal. Responsabilidad penal, cuando la conducta encaja dentro de un tipo penal. Responsabilidad civil, cuando la conducta produce daños que generen la obligación de reparar conforme a las reglas aplicables. Medidas de protección o decomiso, especialmente cuando resulte necesario proteger al animal. En consecuencia, la responsabilidad relacionada con los animales puede tener un carácter multidimensional, pues intervienen normas constitucionales, ambientales, administrativas, penales y civiles.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO:El Estado también tiene un papel fundamental en la protección jurídica de los animales. La Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y establece obligaciones de protección, prevención y restauración. Por ello, las autoridades públicas no solamente deben actuar cuando ya se ha producido un daño.También tienen el deber de desarrollar mecanismos de prevención, control y protección. En el ámbito de la fauna urbana, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos tienen competencias relacionadas con el manejo y protección de estos animales.Esto puede incluir, dentro de sus respectivas competencias:Regulación de la tenencia responsable. Campañas de educación. Control de poblaciones animales. Programas de esterilización. Atención de denuncias. Aplicación de sanciones administrativas. Protección frente al abandono y maltrato. La eficacia de la protección animal depende, por tanto, no solamente de la existencia de normas, sino también de la actuación efectiva de las instituciones públicas.PRINCIPIOS APLICABLES A LA PROTECCIÓN ANIMAL:A partir de la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y la jurisprudencia constitucional, pueden identificarse varios principios importantes.Principio de protección: Los animales requieren una protección jurídica que tome en cuenta sus necesidades propias y evite daños injustificados.Principio de prevención: Las autoridades y particulares deben adoptar medidas para evitar que se produzcan daños, lesiones o situaciones que pongan en riesgo a los animales.Principio de precaución: Cuando exista un riesgo grave para especies o ecosistemas, las autoridades deben adoptar medidas de protección incluso cuando exista incertidumbre sobre la magnitud del daño.Principio de bienestar animal: Las personas responsables de animales deben procurar condiciones compatibles con las necesidades de cada especie.Protección diferenciada según la especie: No todos los animales requieren las mismas condiciones. Por ello, la protección jurídica debe considerar sus características biológicas, fisiológicas y ecológicas.JURISPRUDENCIA PRINCIPAL: SENTENCIA NO. 253-20-JH/22, CASO “MONA ESTRELLITA”:La jurisprudencia más importante en Ecuador sobre los animales como seres sintientes y su protección jurídica es la Sentencia No. 253-20-JH/22, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, conocida como el caso de “Mona Estrellita”.El caso se originó a partir de la situación de Estrellita, una mona chorongo que había permanecido durante aproximadamente dieciocho años bajo el cuidado de una persona. Posteriormente, debido a que se trataba de un animal perteneciente a la fauna silvestre, la autoridad ambiental procedió a su decomiso. Después de su traslado, Estrellita falleció.La persona que la había cuidado presentó una acción de hábeas corpus, argumentando que la mona había sido privada de su libertad y que las condiciones posteriores a su decomiso habían afectado su bienestar.Aunque al momento de la revisión constitucional Estrellita ya había fallecido, la Corte Constitucional decidió pronunciarse debido a la importancia jurídica del caso y a la necesidad de desarrollar el alcance de la protección constitucional de los animales.La Corte realizó una interpretación de los artículos 10 y 71 de la Constitución, relacionados con la naturaleza como sujeto de derechos, y concluyó que los animales forman parte de la naturaleza y pueden ser considerados sujetos de derechos, cuya protección debe analizarse de acuerdo con sus características y necesidades propias.Este criterio representa uno de los avances más importantes del Derecho ecuatoriano en materia de protección animal.¿Qué estableció la Corte Constitucional?La Corte Constitucional desarrolló varios criterios fundamentales.Los animales no son únicamente objetos de protección:Uno de los principales aportes de la sentencia consiste en superar una visión jurídica según la cual los animales son analizados exclusivamente como bienes, recursos o elementos pertenecientes a una persona.La Corte señaló que los animales, como elementos de la naturaleza, pueden ser considerados sujetos de derechos. Esto significa que la protección jurídica no debe depender exclusivamente del interés o afectación que pueda sufrir una persona.Por ejemplo, si un animal es víctima de maltrato, la discusión jurídica no debe limitarse a establecer quién es su propietario. También debe analizarse si se han vulnerado las condiciones necesarias para garantizar la vida, integridad y bienestar del propio animal.Los derechos de los animales son una dimensión de los derechos de la naturaleza:La Corte Constitucional estableció que los derechos de los animales constituyen una dimensión específica de los derechos de la naturaleza.Este criterio tiene una gran importancia jurídica porque conecta directamente la protección animal con el modelo constitucional ecuatoriano.El artículo 10 de la Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de los derechos que le reconoce la Constitución. A su vez, el artículo 71 reconoce el derecho de la naturaleza al respeto integral de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.A partir de estas disposiciones, la Corte desarrolló una interpretación según la cual los animales pueden recibir una protección constitucional propia como parte de la naturaleza.Los animales no tienen necesariamente los mismos derechos que los seres humanos:La Corte Constitucional no afirmó que los animales tengan exactamente los mismos derechos que las personas.Los derechos de un animal deben interpretarse considerando sus propias características biológicas y las necesidades correspondientes a su especie.Por ejemplo, las necesidades de una mona chorongo no son las mismas que las de un perro o un gato. Tampoco son iguales las necesidades de un animal silvestre y las de un animal que forma parte de la fauna urbana.Por esta razón, la protección jurídica debe ser diferenciada y adecuada a cada especie.Esta interpretación evita la humanización jurídica de los animales. El objetivo no es convertir a los animales en personas, sino reconocer que poseen características propias que requieren protección.Derechos que pueden ser reconocidos a los animales:A partir de la interpretación constitucional desarrollada por la Corte, los animales pueden ser titulares de derechos compatibles con su naturaleza y características.Entre los principales derechos que pueden identificarse se encuentran:Derecho a la vida: Los animales deben ser protegidos frente a actos de violencia, crueldad o conductas que puedan ocasionar su muerte injustificada.Derecho a la integridad: La integridad implica la protección frente a lesiones, tortura, maltrato y otras formas de violencia.Derecho a la libertad: Este derecho adquiere especial importancia respecto de los animales silvestres, cuya forma natural de vida se encuentra vinculada con la libertad y el desarrollo dentro de su hábitat. Sin embargo, este derecho debe interpretarse de acuerdo con la especie. Por ejemplo, la situación de un animal silvestre que ha sido mantenido en cautiverio no puede analizarse de la misma manera que la de un animal doméstico.Derecho al desarrollo de sus comportamientos naturales: La protección de un animal debe considerar la posibilidad de desarrollar comportamientos propios de su especie. Por esta razón, una medida adoptada por una autoridad o por un particular debe analizar si permite al animal mantener condiciones compatibles con su naturaleza.IMPORTANCIA JURÍDICA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS ANIMALES COMO SERES SINTIENTES:El reconocimiento de los animales como seres sintientes tiene una gran importancia porque transforma la forma tradicional de entender la relación entre los seres humanos y los animales.La protección jurídica ya no debe limitarse únicamente a sancionar actos graves de violencia. También debe promover una relación basada en el bienestar, la responsabilidad y el respeto hacia las necesidades propias de cada especie.Este avance resulta especialmente importante en Ecuador debido a que el país posee uno de los sistemas constitucionales más innovadores del mundo al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos.El caso Mona Estrellita permitió extender este debate hacia los animales y establecer que la protección constitucional no debe limitarse únicamente a ecosistemas, bosques, ríos o especies consideradas de manera colectiva. En determinadas circunstancias, un animal individualmente considerado también puede ser objeto de protección constitucional.¿QUIÉN PUEDE DEFENDER LOS DERECHOS DE UN ANIMAL?Este constituye uno de los principales desafíos jurídicos.Los animales no pueden comparecer personalmente ante un juez ni presentar por sí mismos una demanda. Por esta razón, resulta necesario determinar quién puede actuar en defensa de sus derechos.Dentro del sistema ecuatoriano, la defensa de los derechos de la naturaleza tiene una característica importante: el artículo 71 de la Constitución establece que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.Esto permite sostener que la defensa jurídica de un animal, como integrante de la naturaleza, puede ser promovida por personas u organizaciones que busquen proteger sus derechos.Sin embargo, todavía existe el desafío de desarrollar mecanismos procesales más específicos que permitan establecer con claridad la representación y defensa de los animales en los procesos judiciales.En conclusión, la protección jurídica de los animales en Ecuador ha experimentado una evolución significativa, especialmente a partir del reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos y del desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 253-20-JH/22, conocida como el caso Mona Estrellita. Este precedente permitió superar parcialmente una visión tradicional que analizaba a los animales únicamente como objetos de propiedad y reconoció que, debido a sus características propias, pueden ser considerados sujetos de derechos como una dimensión específica de los derechos de la naturaleza.Sin embargo, este avance constitucional también evidencia la necesidad de fortalecer y armonizar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Aunque existen normas en la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente, el Código Orgánico Integral Penal y las ordenanzas municipales, todavía existen desafíos relacionados con la representación judicial de los animales, la determinación de mecanismos adecuados para defender sus derechos y la aplicación uniforme de criterios de bienestar animal.Por tanto, el principal desafío del Derecho ecuatoriano no consiste únicamente en reconocer que los animales requieren protección, sino en convertir el reconocimiento constitucional y jurisprudencial en mecanismos jurídicos efectivos. La condición de los animales como seres sintientes exige que las autoridades, los cuidadores y la sociedad adopten decisiones que consideren sus necesidades, su integridad, su bienestar y las características propias de cada especie.Finalmente, el caso Mona Estrellita demuestra que el Derecho ecuatoriano continúa evolucionando hacia una concepción más amplia de la protección de la naturaleza. El reconocimiento de los animales como sujetos de derechos constituye un avance jurídico importante, pero su verdadera eficacia dependerá de la creación y aplicación de normas, políticas públicas y mecanismos judiciales que permitan garantizar una protección real y efectiva. REFERENCIAS: Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Asamblea Nacional del Ecuador. (2017). Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento No. 983, 12 de abril de 2017. Corte Constitucional del Ecuador. (2022). Sentencia No. 253-20-JH/22: Caso “Mona Estrellita”. Consulta oficial del caso en la Corte Constitucional del Ecuador El reconocimiento de los animales como seres sintientes representa un cambio profundo en la evolución del Derecho: ya no basta con preguntarse quién tiene derecho sobre un animal, sino que también es necesario preguntarse qué derechos y necesidades deben ser protegidos en favor del propio animal.Blog escrito por la Consultora Salomé Albarracín Lunes, 31 de agosto del 2026
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En el ámbito del derecho penal, la solución de un conflicto no necesariamente debe conducir a la continuación de un proceso hasta obtener una sentencia. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos la conciliación, como una herramienta orientada a solucionar determinados conflictos penales mediante acuerdos entre la víctima y la persona investigada o procesada.La conciliación permite que las partes, bajo determinadas condiciones y dentro de los límites establecidos por la ley, alcancen un acuerdo que atienda las consecuencias derivadas de la infracción y permita poner fin al conflicto penal.El consentimiento como elemento fundamentalEl artículo 662 del COIP establece como regla general que la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos requiere el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del procesado. Este consentimiento puede ser retirado en cualquier momento de la actuación.Esta regla garantiza que la conciliación no sea impuesta a ninguna de las partes. Su finalidad es que la solución del conflicto surja de una decisión voluntaria y consciente de quienes intervienen en él.Además, los acuerdos deben establecer obligaciones razonables y proporcionales al daño ocasionado y a la infracción cometida, evitando que las condiciones pactadas resulten desproporcionadas.Protección de las partes durante el procedimientoLa participación del procesado en un mecanismo alternativo no puede ser utilizada posteriormente como prueba de admisión de culpabilidad en otros procedimientos jurídicos. De igual manera, el incumplimiento de un acuerdo no puede utilizarse como fundamento para establecer una condena o agravar una pena.El COIP también dispone que los facilitadores deben actuar con imparcialidad y procurar que tanto la víctima como el procesado se conduzcan con respeto mutuo.A ello se suma el derecho de ambas partes a consultar con un defensor público o privado, garantizando que la decisión de conciliar pueda adoptarse con asesoramiento jurídico.¿Cuándo procede la conciliación?El artículo 663 del COIP determina los casos en los que puede presentarse la conciliación. Esta podrá solicitarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, siempre que se trate de determinadas infracciones.Entre ellas se encuentran los delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años; determinados delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte ni lesiones graves que produzcan incapacidad permanente, pérdida o inutilización de un órgano; y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general.Sin embargo, la ley establece expresamente determinadas exclusiones. No pueden someterse a este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten los intereses del Estado, los delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.Por tanto, la conciliación no constituye una alternativa aplicable a cualquier infracción penal, sino un mecanismo sujeto a límites materiales y temporales establecidos expresamente por la ley.Principios que rigen la conciliaciónDe acuerdo con el artículo 664 del COIP, la conciliación se encuentra sometida a los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.Estos principios buscan garantizar que el acuerdo sea producto de una decisión libre de las partes y que el procedimiento se desarrolle dentro de un marco de equilibrio y respeto.La voluntariedad resulta especialmente relevante, pues ninguna de las partes puede ser obligada a aceptar un acuerdo. Asimismo, la imparcialidad y neutralidad buscan evitar que quien intervenga como facilitador favorezca los intereses de una de las partes.Procedimiento para alcanzar un acuerdoEl artículo 665 del COIP establece las reglas para la sustanciación de la conciliación.La víctima y la persona investigada o procesada deben presentar ante la o el fiscal una petición escrita de conciliación que contenga los acuerdos.Cuando la solicitud se presenta durante la fase de investigación, la o el fiscal elaborará un acta en la que constará el acuerdo y sus condiciones, suspendiendo su actuación hasta que se cumpla lo pactado. Una vez cumplido el acuerdo, la investigación será archivada conforme a las reglas establecidas en el COIP.Cuando la solicitud se presenta durante la etapa de instrucción, la o el fiscal solicitará a la o el juzgador la convocatoria a una audiencia. En ella se escuchará a las partes y, de ser procedente, se aprobará la conciliación. La resolución correspondiente dispondrá la suspensión del proceso hasta el cumplimiento del acuerdo y el levantamiento de las medidas cautelares o de protección que hubieren sido dictadas.Cumplimiento e incumplimiento del acuerdoEl cumplimiento del acuerdo produce consecuencias jurídicas relevantes. Una vez satisfechas las condiciones pactadas, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio de la acción penal.Por el contrario, si la persona procesada incumple las condiciones acordadas o transgrede los plazos establecidos, la o el fiscal o la víctima pueden solicitar la convocatoria a una audiencia para discutir el incumplimiento y la eventual revocatoria de la resolución de conciliación.Si la o el juzgador determina que existe un incumplimiento injustificado que amerita dejar sin efecto el acuerdo, podrá revocarlo y ordenar que el proceso continúe conforme a las reglas del procedimiento ordinario.Plazo para cumplir la conciliaciónEl COIP establece que el plazo máximo para cumplir los acuerdos de conciliación es de ciento ochenta días, sin que se admita prórroga.Durante este período se suspende el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente.Además, una vez revocada el acta o resolución de conciliación, no podrá volver a concederse este mecanismo.La conciliación constituye una herramienta jurídica que permite solucionar determinados conflictos penales mediante acuerdos voluntarios entre la víctima y la persona investigada o procesada. Su aplicación, sin embargo, se encuentra condicionada por los requisitos, límites y exclusiones establecidos en el COIP.Su importancia radica en que permite que determinados conflictos sean solucionados mediante acuerdos razonables y proporcionales, sin desconocer las garantías de las partes ni los límites establecidos por la legislación penal.La conciliación, por tanto, representa una alternativa al desarrollo ordinario del proceso penal, pero su procedencia exige verificar previamente la naturaleza de la infracción, la oportunidad procesal, la voluntad de las partes y el cumplimiento de las condiciones previstas por la ley. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014.Blog escrito por la Abg. Camila Proaño Viernes, 28 de agosto del 2026
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