Requisitos y Limitaciones:El Código de Comercio ecuatoriano establece una serie de disposiciones relacionadas con la CAPACIDAD MERCANTIL, es decir, quiénes están habilitados legalmente para ejercer actividades comerciales o empresariales. Estas disposiciones buscan proteger a los menores, personas con capacidades limitadas y otros grupos vulnerables, al tiempo que definen responsabilidades claras para quienes participan en el comercio. 1. Capacidad General para Ejercer Actividad Mercantil El Artículo 39 del Código de Comercio señala que cualquier persona que tenga capacidad para contratar según las disposiciones del Código Civil puede ejercer actividades mercantiles o comerciales. No obstante, para ciertos tipos de empresas o actividades específicas, la ley puede imponer requisitos adicionales. Esto asegura que solo quienes cumplan con ciertas cualificaciones puedan operar en áreas comerciales que requieran habilidades o certificaciones específicas. 2. Restricciones para Ejercer el Comercio El Artículo 40 introduce limitaciones para ciertas personas. No pueden actuar como comerciantes o empresarios: a) Los servidores públicos a quienes la ley prohíbe realizar actividades comerciales o empresariales. Esto tiene como fin evitar conflictos de interés y garantizar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones. b) Los quebrados e insolventes que no han obtenido su rehabilitación. Esta medida protege a los acreedores y al sistema financiero de la participación de personas que han demostrado ser incapaces de gestionar sus obligaciones comerciales. 3. Capacidad de los Menores y Personas Bajo Guarda El Artículo 41 aclara que las personas que no tienen capacidad para contratar bajo las leyes comunes tampoco pueden ejercer actividades comerciales, con ciertas excepciones que se detallan en los artículos siguientes. El Artículo 42 establece que los menores emancipados, es decir, aquellos que han sido legalmente liberados de la autoridad parental, pueden ejercer actividades comerciales bajo las limitaciones establecidas por la legislación civil. Además, los menores no emancipados pueden tener intereses en empresas mercantiles (ya sea por donación, herencia, legado u otros medios), pero dichas actividades serán gestionadas a través de su representante legal. 4. Responsabilidad de los Comerciantes El Artículo 43 impone una responsabilidad significativa sobre los comerciantes y empresarios, quienes responderán por sus obligaciones comerciales con todos sus bienes presentes y futuros, a excepción de los bienes inembargables conforme a las leyes civiles. Esto subraya la seriedad con la que el legislador trata las obligaciones derivadas de las actividades comerciales. 5. Actos Comerciales y Responsabilidad conyugal El Artículo 44 trata sobre la responsabilidad compartida en el caso de los cónyuges. Si no hay disolución de la sociedad conyugal o capitulaciones matrimoniales que separen los bienes del cónyuge comerciante, los actos mercantiles de uno de los cónyuges obligan a la sociedad conyugal. Si existen acuerdos que excluyen los bienes del comercio, solo el comerciante será responsable de sus actos con sus bienes propios. 6. Ejercicio del Comercio por Menores Emancipados El Artículo 45 establece que los menores emancipados que cumplen con la edad mínima para trabajar pueden ejercer el comercio siempre que tengan la autorización de su tutor. Esta autorización puede ser formalizada mediante escritura pública y registrada, pero se presume que existe si el menor ejerce públicamente el comercio sin que haya oposición de su tutor. 7. Capacidad Plena de los Menores Autorizados Según el Artículo 46, los menores emancipados autorizados para trabajar son considerados plenamente capaces en el ámbito comercial. Pueden, por ejemplo, comparecer en juicios y realizar actos importantes, como hipotecar o vender bienes inmuebles, con las formalidades requeridas por la ley. 8. Obligaciones de los Menores Administradores de Peculio Finalmente, el Artículo 47 aclara que los menores que administran su peculio profesional (es decir, sus recursos personales) están sujetos a las leyes de comercio, y solo responderán por sus actos comerciales hasta el monto de dicho peculio. Conclusión El Código de Comercio regula detalladamente la capacidad mercantil, asegurando que quienes participen en el ámbito empresarial cumplan con los requisitos legales y se responsabilicen adecuadamente de sus actos. Estas disposiciones buscan proteger tanto a los comerciantes como a las personas con las que interactúan en el curso de sus actividades, manteniendo un equilibrio entre la capacidad individual y las responsabilidades legales. Fuente: Código de Comercio.(2023).Registro Oficial Suplemento No.497.Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoMiércoles, 18 de Septiembre del 2024.
En la actualidad, la responsabilidad ambiental es uno de los temas más cruciales en el ámbito del derecho, especialmente en países con tanta biodiversidad y riqueza natural como Ecuador. La legislación ecuatoriana ha establecido un marco normativo sólido para proteger el medio ambiente y garantizar que quienes causen daños ambientales asuman sus responsabilidades. Uno de los artículos más importantes en este sentido es el Artículo 290 del Código del Ambiente de Ecuador, que aborda la atribución de responsabilidad por la generación de daños ambientales.Atribución de Responsabilidad Ambiental en EcuadorEl Artículo 290 establece las reglas y principios bajo los cuales se determina quién es responsable de los daños al medio ambiente. Esta normativa es crucial, ya que asegura que tanto personas naturales como jurídicas, que realicen actividades económicas que causen perjuicios a la naturaleza, rindan cuentas por sus acciones.1. Responsabilidad extendida en grupos empresarialesSi una persona jurídica (empresa) es parte de un grupo de sociedades, y alguna de estas empresas causa daños ambientales, la responsabilidad puede extenderse a la sociedad matriz, siempre y cuando esta tenga capacidad de decisión sobre las otras compañías del grupo. Esto es particularmente importante en casos donde se detectan fraudes o abusos a la ley por parte de estas empresas. De esta manera, se evita que las empresas eludan responsabilidades escudándose detrás de estructuras corporativas complejas.2. Responsabilidad de los administradoresEl Código del Ambiente no solo señala a las empresas, sino también a las personas naturales o jurídicas que tengan control sobre la actividad que causa el daño. Esto incluye a los administradores y representantes legales de las empresas, quienes serán responsables solidariamente por los daños ambientales generados durante su gestión. Esta disposición es una llamada de atención para que quienes están al frente de las compañías actúen de manera ética y responsable.3. Responsabilidad solidaria entre causantesEn los casos en que varias personas o entidades sean responsables de un mismo daño ambiental, la normativa establece que la responsabilidad será solidaria. Esto significa que cualquiera de los involucrados puede ser obligado a asumir el total de la responsabilidad, aunque luego pueda reclamar a los demás responsables su parte correspondiente. Este principio busca garantizar que no haya impunidad en casos donde múltiples actores causen un daño conjunto.4. Responsabilidad heredadaEl artículo también contempla la eventualidad de la muerte de la persona natural responsable de los daños. En estos casos, las obligaciones económicas pendientes no desaparecen, sino que se transmiten de acuerdo a la ley. Esto asegura que los daños causados no queden sin respuesta, incluso si el responsable fallece.5. Extinción de la persona jurídicaFinalmente, si una empresa responsable de daños ambientales se extingue, sus socios o accionistas deberán asumir las obligaciones económicas pendientes. Esta disposición es clave para evitar que las empresas se disuelvan con el fin de evitar pagar por los daños que hayan causado.En conclusión el Código del Ambiente de Ecuador, y en particular su Artículo 290, establece un marco robusto para garantizar que quienes causen daños ambientales asuman su responsabilidad. Este enfoque es esencial para la protección del medio ambiente en un país tan biodiverso como Ecuador. La responsabilidad solidaria, la transmisión de obligaciones y la posibilidad de extender la responsabilidad a sociedades matrices son mecanismos que refuerzan la protección ambiental y evitan que las empresas o personas puedan eludir sus obligaciones.Como ciudadanos y empresas, es fundamental tomar conciencia de la importancia de estas normativas y trabajar en pro de un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el entorno natural. La naturaleza es un patrimonio de todos, y su preservación es una responsabilidad compartida.Referencia Código del Ambiente (2024). Registro oficial Suplemento 983Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeLunes, 16 de Septiembre del 2024
IntroducciónEn el ámbito fiscal, la obligación tributaria representa el deber legal de los ciudadanos y entidades de contribuir al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos. Sin embargo, existen circunstancias en las que dicha obligación puede extinguirse, es decir, deja de ser exigible por parte del Estado. El artículo 37 del Código Tributario establece varios modos mediante los cuales la obligación tributaria se extingue, parcial o totalmente.DesarrolloSegún el artículo 37, los modos de extinción de la obligación tributaria son los siguientes:1. Solución o pago: Este es el modo más común de extinción de la obligación tributaria, ya que implica el cumplimiento directo de la misma. El contribuyente paga el monto correspondiente, lo que libera su responsabilidad ante el fisco.2. Compensación: Ocurre cuando el contribuyente y el Estado son deudores recíprocos. En estos casos, las deudas se compensan entre sí, extinguiendo ambas en la medida de su equivalencia.3. Confusión: Se da cuando una misma persona reúne en su calidad tanto la figura de deudor como la de acreedor. Esta situación provoca que la obligación se extinga por la fusión de los dos roles en un solo individuo.4. Remisión: El Estado puede renunciar al cobro de la obligación tributaria, ya sea por cuestiones humanitarias, por políticas fiscales o por consideraciones especiales. Esto se conoce como remisión y constituye una forma de condonación de la deuda.5. Prescripción de la acción de cobro: Si el Estado no actúa en el tiempo estipulado por ley para exigir el cobro de una obligación, se extingue el derecho a reclamar dicha deuda, lo que favorece al contribuyente al liberar sus responsabilidades pasadas.ConclusiónLa extinción de la obligación tributaria es un aspecto fundamental en el derecho fiscal, ya que establece los mecanismos mediante los cuales un contribuyente puede quedar liberado de sus deudas tributarias. Los cinco modos de extinción contemplados en el artículo 37—solución o pago, compensación, confusión, remisión y prescripción de la acción de cobro—son herramientas que equilibran la relación entre el Estado y los contribuyentes, garantizando tanto el cumplimiento de las responsabilidades fiscales como la protección de los derechos de los ciudadanos. Así, se promueve una gestión tributaria justa y equitativaBibliografía Código Tributario de la República del Ecuador. (2004). Registro Oficial Suplemento 38 del 14 de junio de 2004, art. 37.Blog escrito por la Consultora Carolina Velasco13 de Septiembre del 2024
IntroducciónEl Artículo 348 del Código Tributario ecuatoriano define lo que se considera una contravención tributaria. Este término hace referencia a las acciones u omisiones que violan las normas tributarias del país, afectando tanto la administración como la correcta aplicación de los tributos. Entender qué constituye una contravención es fundamental para todos los contribuyentes, responsables o incluso funcionarios públicos, ya que el incumplimiento de estas normas puede generar sanciones y complicaciones legales.DesarrolloEl artículo establece que las contravenciones tributarias pueden ser cometidas no solo por los contribuyentes, sino también por terceros o funcionarios públicos. Estas infracciones pueden materializarse de diversas formas, entre ellas: 1. Violación de las normas tributarias: Cualquier acción que infrinja las disposiciones legales relacionadas con la administración y aplicación de los tributos, como el no pago de impuestos en tiempo y forma, constituye una contravención. 2. Obstrucción de la fiscalización: El hecho de obstaculizar los procesos de verificación o fiscalización por parte de las autoridades competentes también es considerado una contravención. Esto incluye, por ejemplo, la no presentación de documentación requerida o la manipulación de información contable. 3. Retraso en trámites administrativos: Otro tipo de contravención es cuando se retardan o impiden trámites como la presentación de recursos administrativos o la atención de reclamos relacionados con la administración tributaria. Las contravenciones tributarias, en resumen, cubren una amplia gama de conductas que, aunque no necesariamente constituyan delitos graves como la evasión fiscal, afectan el correcto funcionamiento del sistema tributario.ConclusiónEl Artículo 348 deja claro que cualquier acción u omisión que viole las normas tributarias o dificulte los procesos administrativos en materia de tributos es considerada una contravención. Las consecuencias de estas infracciones pueden ser severas, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Por ello, es vital que los contribuyentes, terceros y funcionarios públicos estén bien informados y actúen conforme a las disposiciones legales para evitar problemas legales y sanciones. Bibliografía Código Tributario de la República del Ecuador. (2004). Registro Oficial Suplemento 38 del 14 de junio de 2004, art. 348.Blog escrito por la Consultora Carolina VelascoMiércoles, 11 de Septiembre del 2024
En el marco del derecho civil ecuatoriano, el artículo 2077 del Código Civil regula el contrato de comodato, también conocido como préstamo de uso. Este contrato, que se encuentra en la sección dedicada a los contratos de mandato y préstamo, es fundamental para entender cómo se regulan los préstamos no onerosos en la legislación ecuatoriana.¿Qué es el Comodato o Préstamo de Uso?El artículo 2077 define el comodato como un contrato en el que una parte, denominada comodante, entrega gratuitamente una especie, mueble o raíz (bienes muebles o inmuebles), a otra parte, llamada comodatario, para que haga uso de ella. La característica esencial de este contrato es que el bien debe ser restituido en su estado original una vez que el uso para el cual fue prestado ha terminado.Características Principales del ComodatoGratuidad: A diferencia de otros contratos similares, como el arrendamiento, el comodato no implica ningún tipo de compensación económica por el uso del bien. La entrega es gratuita, y el comodatario no está obligado a pagar alquiler ni otro tipo de remuneración.Restitución: El comodatario tiene la obligación de devolver la misma cosa que recibió en comodato. La restitución debe hacerse al término del uso previsto, y el bien debe ser devuelto en el estado en que se recibió, salvo el deterioro natural que se derive del uso adecuado.Entrega del Bien: Según el artículo, el contrato de comodato no se perfecciona sino hasta que se realiza la tradición del bien. Esto significa que el contrato solo se considera válido cuando el bien es entregado físicamente al comodatario.Implicaciones Legales del ComodatoEl contrato de comodato establece una relación de confianza entre las partes, ya que el comodante confía el bien al comodatario sin recibir compensación alguna. La restitución del bien al término del uso es una obligación esencial, y cualquier incumplimiento puede dar lugar a reclamaciones legales.El contrato de comodato es útil en diversas situaciones cotidianas, como cuando se presta un libro, una herramienta o incluso una propiedad, sin que se busque una compensación económica. Sin embargo, es crucial que ambas partes entiendan y acepten las condiciones del contrato para evitar posibles conflictos.En conclusión el artículo 2077 del Código Civil Ecuatoriano proporciona una base clara para la regulación de los préstamos de uso, estableciendo las expectativas y obligaciones de ambas partes involucradas. La gratuidad y la obligación de restitución son los pilares de este contrato, y su validez se basa en la entrega física del bien. Conocer estas disposiciones es esencial para manejar adecuadamente este tipo de acuerdos y garantizar una relación justa y transparente entre el comodante y el comodatario.Referencias: Código Civil (2024). Registro Oficial Suplemento 46Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeLunes, 09 de Septiembre del 2024
En la legislación societaria del Ecuador, el concepto de "velo societario" hace referencia a la separación jurídica entre una sociedad y sus socios, accionistas o administradores. Esta distinción es fundamental para la operación de las empresas, ya que permite que la compañía sea considerada como un sujeto independiente con personalidad jurídica propia, protegiendo de esta manera el patrimonio personal de los socios o accionistas frente a las obligaciones contraídas por la empresa.1. Principio de la Personalidad Jurídica IndependienteEl artículo 17 de la Ley de Compañías establece que una compañía, al ser creada, adquiere personalidad jurídica propia y se convierte en un sujeto de derecho independiente. Esto significa que la sociedad actúa en nombre propio y que sus actos no son directamente atribuibles a sus socios o administradores. Este principio es crucial para la limitación de responsabilidad, ya que protege a los socios y accionistas de que sus bienes personales respondan por las deudas o responsabilidades de la compañía.2. Excepciones al Principio: Fraude y Abuso de la Personalidad JurídicaA pesar de esta separación, el artículo 17 también reconoce situaciones en las que esta distinción puede ser eliminada. El levantamiento del velo societario ocurre cuando se demuestra que la sociedad ha sido utilizada con fines abusivos o fraudulentos, perjudicando los derechos de terceros. En estos casos, el manto de protección que brinda la personalidad jurídica independiente se levanta para atribuir responsabilidad personal y solidaria a las personas detrás de la compañía.El fraude a la ley se configura cuando una sociedad es utilizada como un recurso para evadir obligaciones legales o contractuales, utilizando mecanismos como la simulación o vías de hecho. Asimismo, se incurre en abuso de la personalidad jurídica cuando una sociedad es utilizada con el propósito deliberado de causar daño a terceros o de alcanzar un objetivo ilegítimo.3. Responsabilidad Personal y SolidariaCuando se determina que una sociedad ha sido utilizada para cometer fraude o abuso, las personas que se han beneficiado de estos actos (incluidos socios, accionistas o administradores) serán responsables personal y solidariamente por las obligaciones que surjan de tales actos. Esto significa que, en caso de que los activos de la sociedad no sean suficientes para cubrir las deudas o compensar los daños, los bienes personales de los responsables podrán ser embargados para cumplir con dichas obligaciones. 4. Levantamiento del Velo Societario: Procedimiento Judicial y ArbitralEl levantamiento del velo societario no es una medida que pueda ser tomada a la ligera. La ley establece que solo puede ser ordenado mediante sentencia judicial o laudo arbitral, garantizando así que se cumpla con el debido proceso. Además, no puede ser utilizado como una medida cautelar, lo que refuerza la idea de que es una acción de último recurso.La acción de levantamiento del velo societario, regulada en los artículos 17A y 17B, debe ser presentada en un procedimiento ordinario, y tiene un plazo de prescripción de seis años. Este plazo se cuenta desde el acto que fundamenta la demanda o desde el último de ellos si existieron varios.El artículo 17A también permite solicitar medidas preventivas como la prohibición de enajenar bienes de los responsables mientras se lleva a cabo el proceso. Esto ayuda a asegurar que los activos no sean ocultados o dilapidados durante el curso del juicio.5. Aplicación en la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)El levantamiento del velo societario también es aplicable a las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), un tipo de sociedad que ha ganado popularidad en Ecuador por su flexibilidad. En estos casos, la ley señala expresamente que, si una S.A.S. es utilizada para evadir obligaciones legales o con fines abusivos, los accionistas y administradores responderán de manera solidaria por los perjuicios causados.ConclusiónEl levantamiento del velo societario es una herramienta legal poderosa que busca evitar el uso indebido de la personalidad jurídica de una compañía. Aunque protege a los socios y accionistas en la mayoría de los casos, este principio no es absoluto. Cuando se utiliza una compañía para cometer fraude o causar daño, la ley permite que la responsabilidad se extienda a las personas detrás de la empresa, protegiendo así los derechos de los terceros perjudicados. Fuente: Ley de Compañías. (2023). Registro Oficial No. 312. Ecuador. Blog escrito por la Consultora Camila Proaño Jueves, 05 de Septiembre del 2024
En Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia regula detalladamente la forma en que se debe confiar el ejercicio de la patria potestad en situaciones que afectan directamente a los menores. El artículo 106 de este código establece reglas específicas para la toma de decisiones judiciales en estos casos, orientadas a proteger el interés superior del niño, niña o adolescente.1. Acuerdo de los Progenitores:El primer principio que establece este artículo es el respeto al acuerdo de los progenitores siempre que no afecte negativamente los derechos del menor. Esto significa que si los padres logran un consenso en cuanto al ejercicio de la patria potestad, el juez debe considerar dicho acuerdo, siempre y cuando se asegure de que este no comprometa los derechos fundamentales del niño o niña.2. Patria Potestad en Menores de Doce Años:En ausencia de acuerdo entre los progenitores o si el acuerdo resulta perjudicial para el menor, el artículo estipula que, en general, la patria potestad de los niños menores de doce años se confiará a la madre. Sin embargo, esta regla tiene una excepción: si se demuestra que esta decisión podría dañar los derechos del menor, el juez debe considerar alternativas que garanticen el bienestar del niño o niña.3. Patria Potestad en Adolescentes Mayores de Doce Años:Para los adolescentes que han cumplido doce años, la decisión sobre la patria potestad se basa en la estabilidad emocional y madurez psicológica del progenitor. El juez evaluará cuál de los padres está en mejor posición para proporcionar un ambiente familiar estable y el apoyo necesario para el desarrollo integral del adolescente.4. Igualdad de Condiciones:Si ambos progenitores presentan condiciones similares en cuanto a estabilidad y capacidad para ejercer la patria potestad, el artículo 106 establece una preferencia por la madre. No obstante, esta preferencia debe ser considerada sin perjudicar el interés superior del hijo o hija.5. Causales de Privación:El artículo también aclara que en ningún caso se encomendará la patria potestad a un padre o madre que se encuentre en alguna de las causales de privación establecidas en el artículo 113 del Código. Esto asegura que el ejercicio de la patria potestad se confíe a quienes realmente estén capacitados para ello.6. Falta o Inhabilidad de Progenitores:Si ambos progenitores se encuentran en una situación de falta o inhabilidad para ejercer la patria potestad, el juez debe nombrar un tutor, siguiendo las reglas generales del derecho. Esta medida busca garantizar que siempre haya una figura adecuada para velar por el bienestar del menor.Valoración de la Opinión de los Menores:El artículo 106 también contempla la valoración de la opinión de los menores. La opinión de los niños menores de doce años se tomará en cuenta según su desarrollo, mientras que la opinión de los adolescentes será obligatoria para el juez, a menos que sea evidentemente perjudicial para su desarrollo integral.En conclusión, el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador establece un marco detallado para la toma de decisiones sobre el ejercicio de la patria potestad, priorizando siempre el interés superior del menor y asegurando que la decisión final respalde su bienestar y desarrollo integral.Referencia Código de la niñez y adolescencia (2023). Registro oficial 737Blog escrito por la Consultora Emelin Quishpe02, de Septiembre del 2024
El interés superior del niño es un principio fundamental en la legislación ecuatoriana, especialmente en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). Este principio guía la interpretación y aplicación de todas las normas relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que sus necesidades y derechos prevalezcan sobre otros intereses. A continuación, se presenta un análisis de cómo este principio se refleja en varios artículos del CONA, destacando su relevancia y aplicación en diferentes contextos.1. El Artículo 11 del CONA define el interés superior del niño como un principio orientado a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este principio obliga a todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, así como a las instituciones públicas y privadas, a ajustar sus decisiones y acciones para asegurar su cumplimiento. En este sentido, el interés superior del niño no solo es un principio rector, sino también un criterio de interpretación de la ley.Este artículo también resalta la importancia de considerar un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, de manera que se promueva la realización de sus derechos y garantías de la forma más adecuada. Además, establece que el interés superior del niño prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural, lo que demuestra su primacía en la jerarquía de principios legales. 2. Artículo 14: Aplicación e Interpretación Más Favorable al NiñoEl Artículo 14 refuerza la importancia del interés superior del niño al establecer que ninguna autoridad judicial o administrativa puede justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por la falta o insuficiencia de normas o procedimientos expresos. Esto subraya la obligación de las autoridades de interpretar y aplicar las normas siempre en beneficio de los menores, asegurando que sus derechos no sean vulnerados por vacíos legales o ambigüedades normativas.3. Artículo 258: Testimonio del Niño, Niña y Adolescente OfendidoFinalmente, el Artículo 258 regula el procedimiento para la toma de testimonio de niños, niñas y adolescentes en casos de infracciones penales, asegurando que se respete su interés superior. Este artículo garantiza que el testimonio se realice en condiciones que protejan la intimidad y la integridad física y emocional del menor, y que el proceso sea lo menos traumático posible para el niño, niña o adolescente.ConclusiónEl interés superior del niño, tal como se establece en el CONA, es un principio fundamental que guía todas las decisiones y acciones relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Este principio asegura que los derechos de los menores sean siempre priorizados, independientemente de las circunstancias, y que las normas y procedimientos legales se interpreten y apliquen siempre en su beneficio. Así, el interés superior del niño se convierte en un pilar esencial para la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Fuente: Código de la Niñez y Adolescencia. (2023). Registro oficial 737. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoJueves, 29 de Agosto del 2024
El artículo 250 del Código de la Función Judicial de Ecuador establece los requisitos necesarios para desempeñarse como jueza o juez de paz. Este rol, crucial en la resolución de conflictos a nivel local, se diferencia de otras funciones judiciales en varios aspectos importantes. A continuación, desglosamos los requisitos y su implicancia para los aspirantes a estos cargos.Requisitos FundamentalesMayor de Edad y Derechos de Participación Política: La persona debe ser mayor de edad y estar en pleno goce de sus derechos de participación política. Esto garantiza que el candidato tenga la madurez y los derechos necesarios para ejercer la función con responsabilidad y sin conflictos de interés.· Instrucción Primaria Completa: Se requiere al menos haber completado la instrucción primaria. Este requisito asegura que el aspirante posea una base educativa mínima para comprender y gestionar las funciones básicas del cargo.· Dominio de Idiomas Predominantes en la Parroquia: Es esencial que el aspirante pueda comunicarse en los idiomas predominantes de la parroquia donde ejercerá el cargo. Este requisito facilita la comunicación efectiva y el acceso a la justicia para todos los miembros de la comunidad.· Domicilio Permanente en la Parroquia: El aspirante debe residir de manera ininterrumpida en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se desempeñará. La residencia no debe ser menor a tres años, lo cual asegura que el juez de paz esté familiarizado con la comunidad y sus particularidades.· Respeto y Consideración de la Comunidad: Debe gozar del respeto y apoyo de la comunidad en la que ejercerá. Este aspecto es crucial para garantizar la legitimidad y la aceptación del juez de paz dentro de la comunidad local.Exoneración de Requisitos Profesionales en DerechoA diferencia de otros cargos judiciales, no se exige que los jueces de paz sean profesionales en derecho. Esto permite que personas con otros tipos de formación y experiencia, pero con un profundo conocimiento de su comunidad y de sus normas, puedan asumir este rol.Proceso de Elección y DesignaciónEl artículo menciona que “El Consejo de la Judicatura” será el encargado de establecer el sistema de elección y designación de los jueces y juezas de paz. Esto implica que el proceso de selección será regulado por esta entidad para asegurar la transparencia y la idoneidad en la elección de los candidatos.En conclusión el artículo 250 del Código de la Función Judicial de Ecuador presenta un marco inclusivo y accesible para la selección de jueces de paz, asegurando que estas figuras clave en la justicia comunitaria sean locales, respetadas y capacitadas para cumplir sus funciones. Este enfoque busca fortalecer la justicia a nivel local, facilitando un sistema más cercano y adaptado a las necesidades de cada comunidad.Referencia Código de la Función Judicial (2024). Registro Oficial Suplemento 544Blog escrito por la Consultora Emelin Quishpe Lunes, 26 de Agosto del 2024
