El lavado de activos es una actividad delictiva que busca encubrir el origen ilícito de fondos generados a través de actividades criminales, para darles apariencia de legalidad. Este delito representa una amenaza para la estabilidad financiera y la integridad del sistema económico, razón por la cual Ecuador ha adoptado medidas legales para enfrentar este flagelo. En este artículo, exploraremos la responsabilidad penal de una compañía en el delito de lavado de activos en el contexto ecuatoriano.El marco legal ecuatoriano relacionado con el lavado de activos se encuentra establecido principalmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según el COIP, las personas jurídicas, incluyendo empresas, pueden ser declaradas penalmente responsables si se determina que han participado o se han beneficiado de actividades relacionadas con el lavado de activos.Para que una compañía sea considerada responsable penalmente en el delito de lavado de activos en Ecuador, se deben cumplir ciertos requisitos:- Vinculación con el delito: Se debe demostrar que la empresa estuvo involucrada directamente en la actividad delictiva de lavado de activos, ya sea a través de sus representantes legales o empleados.- Beneficio directo o indirecto: La empresa debe haber obtenido algún beneficio, ya sea financiero o de otra índole, proveniente de las actividades ilícitas de lavado de activos.- Falta de control interno: La responsabilidad penal se establece si se demuestra que la compañía no implementó medidas adecuadas de control interno para prevenir o detectar actividades de lavado de activos.- Conocimiento o negligencia grave: La empresa también puede ser considerada penalmente responsable si se prueba que tenía conocimiento de las actividades de lavado de activos o si hubo una negligencia grave al no detectar o reportar actividades sospechosas.En caso de que tu empresa sea declarada penalmente responsable de lavado de activos, las sanciones pueden ser graves. Estas incluyen multas significativas, la confiscación de los activos provenientes del delito, la suspensión temporal o definitiva de las actividades de la compañía, y la prohibición de contratar con el Estado.Para evitar la responsabilidad penal, las empresas deben implementar políticas y procedimientos sólidos para prevenir delitos como el lavado de activos. Esto incluye establecer un sistema de prevención y detección de lavado de activos, llevar a cabo una debida diligencia en las transacciones comerciales, capacitar a los empleados sobre la importancia del cumplimiento y la detección de actividades sospechosas, y reportar cualquier actividad ilícita a las autoridades pertinentes.En conclusión, el delito de lavado de activos es una seria amenaza para la integridad financiera de Ecuador. La responsabilidad penal de una compañía se basa en su vinculación con el delito y en su falta de control interno para prevenirlo. Para protegerse y contribuir a la lucha contra el lavado de activos, las empresas deben adoptar medidas proactivas y garantizar una cultura organizacional que promueva la ética y la transparencia de la mano de un profesional en la materia.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador. Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 04 de Agosto del 2023.
¡Hola a todos! Soy Tannia, y hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que sucedió en nuestra oficina de Clic Jurídico. Fue un día que jamás olvidaremos, lleno de situaciones que nos hicieron sentir como si estuviésemos en una película de comedia y un thriller legal al mismo tiempo.Era una mañana típica en la oficina, todos estábamos listos para enfrentar las demandas legales del día. Jorge y yo, los fundadores de la firma, estábamos en nuestro despacho, preparándonos para recibir a nuestro primer cliente. Llegó el momento de la cita y, como siempre, nuestro cliente puntualmente se presentó. Era una empresa con un caso jurídico bastante complejo y urgente. Sin perder la calma, Jorge se dispuso a brindarles toda la asesoría necesaria para encontrar una solución.Pero, de repente, todo cambió. Una verdadera avalancha de nuevos clientes irrumpió en la oficina. No podíamos creer lo que veíamos, parecía que toda la ciudad había decidido necesitar nuestra asesoría legal ¡al mismo tiempo! La sala de espera se llenó en un abrir y cerrar de ojos y el timbre de la puerta sonaba sin descanso.Jorge, Camila (nuestra asistente) y yo nos quedamos atónitos. ¡Estábamos totalmente sobrepasados por la situación! Aunque normalmente trabajamos con citas previas para asegurar un servicio de calidad, ese día el caos nos ganó la partida. Pero no había tiempo para desesperarse, Camila rápidamente se puso en acción. A pesar del estrés y la presión, mostró una sonrisa amable y organizó una lista para atender a cada cliente por orden de llegada.En el despacho, Jorge y yo nos turnábamos para atender la reunión inicial y, al mismo tiempo, lidiar con las consultas urgentes. Mantener la calma en medio de esa tormenta de gente esperando ser atendida fue todo un desafío.Sin embargo, en medio del caos, nuestro equipo demostró su profesionalismo y dedicación. A pesar del agotamiento, continuamos dando lo mejor de nosotros a cada cliente. La oficina se llenó de tensión, pero también de empatía y compromiso con aquellos que buscaban nuestra ayuda.Con esfuerzo y paciencia, logramos atender a todos los clientes con éxito. Al final del día, estábamos exhaustos, pero con una gran sensación de logro. Sabíamos que habíamos demostrado nuestro compromiso inquebrantable con nuestros clientes y con nuestra profesión.Esa jornada caótica en la oficina de Clic Jurídico se convirtió en una experiencia inolvidable para todos nosotros. Aprendimos a estar preparados para lo inesperado y reafirmamos la importancia de brindar un servicio de calidad en cualquier circunstancia. Cada desafío que enfrentamos se convirtió en una oportunidad para crecer y mejorar como profesionalesA pesar de haber sido un día de locura, lo recordamos con una sonrisa y con la satisfacción de haber cumplido con nuestro trabajo con excelencia y compromiso. Si algo nos enseñó ese día es que, en Clic Jurídico, siempre estaremos dispuestos a enfrentar cualquier reto y a brindar nuestro mejor servicio a nuestros valiosos clientes. ¡Gracias por ser parte de esta experiencia con nosotros!Blog escrito por la Abg. Tannia MalisaMiércoles 02 de Agosto del 2023.
La prescripción de deudas es un tema legal de gran relevancia que afecta tanto a los deudores como a los acreedores en Ecuador. Este mecanismo legal establece un límite de tiempo para que las deudas puedan ser reclamadas judicialmente. Comprender cómo funciona la prescripción de deudas en Ecuador es fundamental para evitar sorpresas y entender las implicaciones legales que esto conlleva.La prescripción se aplica para proteger a los deudores de deudas que no han sido reclamadas en un período determinado de tiempo. Es importante tener en cuenta que la prescripción no extingue la deuda en sí, sino que impide que el acreedor pueda hacer valer su derecho de exigir su cumplimiento a través de acciones judiciales.En el caso específico de Ecuador, el Código Civil establece diferentes plazos de prescripción para distintos tipos de deudas. Estos plazos varían dependiendo del tipo de obligación y pueden ser diferentes para obligaciones contractuales y extracontractuales.A continuación, se detallan algunos de los plazos de prescripción más comunes en Ecuador:- Deudas por Contrato Escrito: Las deudas derivadas de un contrato escrito prescriben en diez años. Esto incluye, por ejemplo, deudas por préstamos, arrendamientos u otros contratos que estén documentados por escrito.- Deudas por Contrato Verbal: Las deudas que surgen de un contrato verbal o sin contrato escrito prescriben en cinco años. Es esencial tener en cuenta que en estos casos puede ser más complicado probar la existencia de la deuda.- Deudas por Facturas o Títulos de Crédito: Las deudas derivadas de facturas, pagarés u otros títulos de crédito prescriben en tres años. Estos documentos son considerados pruebas escritas y, por lo tanto, tienen un plazo de prescripción menor.- Deudas por Daños a la Propiedad: Las acciones para reclamar indemnizaciones por daños a la propiedad prescriben en tres años a partir de que el afectado tiene conocimiento del daño.- Deudas por Daños Personales o Morales: Las acciones para reclamar indemnizaciones por daños personales o morales prescriben en tres años, contados desde que la víctima tuvo conocimiento del daño y del responsable.Es importante mencionar que la prescripción puede ser interrumpida o suspendida en ciertos casos. La interrupción puede ocurrir cuando el acreedor realiza una gestión extrajudicial, como un reclamo de pago por escrito o un reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Cuando esto sucede, el plazo de prescripción comienza a correr nuevamente desde cero.La suspensión, por otro lado, puede ocurrir en situaciones excepcionales, como cuando el deudor es un menor de edad, está declarado en estado de interdicción o cuando existen obstáculos legales que impiden el ejercicio de la acción.La prescripción de deudas es un aspecto crucial del sistema legal en Ecuador, ya que establece límites de tiempo para el reclamo de deudas por parte de los acreedores. Conocer los plazos de prescripción aplicables a diferentes tipos de deudas es esencial para evitar sorpresas y tener claridad sobre la exigibilidad de las obligaciones.Tanto los deudores como los acreedores deben estar conscientes de los plazos de prescripción y, en caso de estar involucrados en una deuda, es recomendable buscar asesoría legal para entender plenamente las implicaciones y los derechos que les corresponden en virtud de la prescripción. En última instancia, comprender la prescripción de deudas ayuda a mantener una relación más transparente y justa entre las partes involucradas en cualquier obligación financiera en el contexto legal ecuatoriano.Fuente: Código Orgánico General de Procesos, COGEP, (2015), Registro Oficial Suplemento 506.Blog escrito por la Pasante Camila Proaño Sábado, 29 de Julio del 2023.
Las facturas son documentos comerciales de gran relevancia en el mundo empresarial, ya que detallan con precisión las operaciones de compra y venta de bienes y servicios entre dos partes: el proveedor y el cliente. Su función principal se centra en fines contables y legales, pues permiten registrar las transacciones comerciales realizadas y establecer una sólida prueba documental de las operaciones llevadas a cabo.Uno de los aspectos más relevantes de las facturas es su utilidad en situaciones de impago o falta de compensación por parte del cliente. Si se ha entregado un producto o servicio y el cliente aún no ha efectuado el pago correspondiente, el proveedor tiene la opción de emprender acciones legales, haciendo uso de las facturas como una poderosa herramienta de respaldo.Cuando se decide iniciar una demanda por impago, las facturas cobran una importancia vital. Representan la base de la argumentación y respaldan la reclamación del proveedor. En el proceso judicial, estas facturas servirán como pruebas sustanciales para demostrar que se prestó el servicio o se entregó el producto, y que se estableció una obligación de pago por parte del cliente.Es importante destacar que una vez presentada la demanda, la parte demandada tiene la responsabilidad de responder a la misma. En su respuesta, puede proponer una forma de pago o refutar los valores por los cuales se le ha demandado. En este punto, las facturas se convierten en un elemento esencial para fundamentar el reclamo y sustentar los montos solicitados. El siguiente paso en este proceso es la audiencia convocada por el juez, donde ambas partes presentarán sus argumentos y pruebas.Las facturas serán examinadas minuciosamente y tendrán un papel fundamental en la decisión del juez respecto a la validez de las pretensiones de la parte actora.En conclusión, las facturas son un recurso de vital importancia en las relaciones comerciales y en el ámbito legal. No solo facilitan el registro y contabilidad de las transacciones, sino que también se convierten en una herramienta fundamental para proteger los derechos del proveedor en casos de incumplimiento de pago. Es fundamental que las empresas mantengan una adecuada gestión de sus facturas, garantizando su validez y exactitud, para poder contar con una sólida base probatoria en situaciones de conflicto.ReferenciaCOGEP (Código Orgánico General de Procesos). (2015, 22 de mayo). Estado: Reformado (Última reforma: 7 de febrero de 2023).Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaJueves, 27 de Julio del 2023.
El delito de lesiones es uno de los aspectos más importantes del derecho penal en Ecuador. Es una forma de agresión física que causa daño o lesión a otra persona, y puede tener consecuencias graves tanto para el agresor como para la víctima. En este artículo, analizaremos la legislación ecuatoriana relacionada con las lesiones, las penas asociadas y algunas consideraciones sociales en torno a este delito.En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, el delito de lesiones se encuentra regulado en el Título VII, bajo el artículo 374. Según este artículo, se considera lesiones a la acción de causar a otra persona un menoscabo en su integridad física o mental, ya sea mediante violencia física directa o cualquier otra forma de agresión que cause daño a la salud.Las lesiones pueden clasificarse en dos categorías: leves y graves. Las lesiones leves son aquellas que no ponen en peligro la vida o la salud de la víctima, mientras que las lesiones graves son aquellas que ponen en riesgo la vida de la víctima o le causan un perjuicio físico o mental permanente.Las penas para el delito de lesiones en Ecuador varían según la gravedad de la agresión y las circunstancias específicas del caso. Para las lesiones leves, el COIP establece una pena privativa de libertad de seis meses a un año o trabajo comunitario de 30 a 60 días. Por otro lado, para las lesiones graves, la pena privativa de libertad puede ser de tres a cinco años.Es importante mencionar que, si las lesiones causadas a la víctima provocan la pérdida de un órgano o una discapacidad permanente, la pena puede aumentar hasta siete años de prisión.El delito de lesiones tiene un impacto significativo en la sociedad ecuatoriana. Además del daño físico y emocional que sufre la víctima, este tipo de delito puede generar desconfianza en la comunidad y afectar la percepción de seguridad en la sociedad. A menudo, los casos de lesiones pueden derivar en conflictos familiares o comunitarios, lo que aumenta la complejidad de los procesos judiciales y el papel de la justicia restaurativa.Además, es necesario reconocer que las lesiones pueden ser una manifestación de problemas más profundos en la sociedad, como la violencia de género o el abuso doméstico. En muchos casos, el agresor y la víctima tienen algún tipo de relación previa, lo que resalta la importancia de abordar el delito de lesiones desde una perspectiva preventiva y educativa.El delito de lesiones en Ecuador es un tema que requiere una atención especial tanto a nivel legal como social. La regulación legal actual establece penas proporcionales a la gravedad de las agresiones, pero también es fundamental abordar las causas subyacentes y trabajar en la prevención de la violencia.Es necesario fomentar la conciencia pública sobre este tema y promover una cultura de respeto y tolerancia en la sociedad ecuatoriana. Además, las instituciones deben proporcionar el apoyo necesario a las víctimas y garantizar que los procesos judiciales sean justos y efectivos.Solo a través de un enfoque integral y colaborativo, que incluya a las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general, se podrá enfrentar de manera efectiva el delito de lesiones en Ecuador y trabajar hacia una sociedad más segura y justa para todos.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 21 de Julio del 2023
¡No te arriesgues!En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a diferentes desafíos mientras transitamos por las calles y carreteras. Uno de los momentos más tensos puede ser cuando un agente de tránsito nos detiene para emitir una multa. Sin embargo, es importante conocer nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos. En este artículo, abordaremos un tema crucial que afecta a muchos conductores: la concusión, un delito que implica el pedido de dinero por parte de agentes de tránsito para evitar una sanción. Descubriremos las consecuencias legales y cómo actuar de manera adecuada ante esta situación.¿Qué es la concusión?La concusión es un delito que se encuentra tipificado en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) y afecta tanto a los servidores públicos que actúan en virtud de una potestad estatal en instituciones del Estado, como a aquellos que aceptan entregar lo que les solicitan. Consiste en el abuso de cargo o funciones para exigir o solicitar la entrega de beneficios indebidos, ya sea en forma de dinero, regalos, promesas, entre otros, con el objetivo de evitar una multa u obtener algún beneficio indebido.Consecuencias legales: El artículo 281 del COIP establece las penas para quienes cometen concusión. Si un agente de tránsito solicita dinero o cualquier beneficio para no imponerte una multa, es importante entender que estás siendo víctima de este delito. En caso de comprobarse la concusión, el agente podría enfrentar una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la concusión se realiza mediante violencia o amenazas, la pena se agrava y podría llevar a una condena de cinco a siete años de prisión.La importancia de denunciar: Si llegas a ser víctima de un acto de concusión por parte de un agente de tránsito, es fundamental que tomes acciones para denunciarlo. La denuncia es una herramienta vital para combatir este tipo de corrupción y contribuir a una sociedad más justa. Puedes realizar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y proporcionar pruebas como grabaciones de audio o video desde tu teléfono móvil.La responsabilidad vial como ciudadano: Es esencial recordar que la mejor manera de evitar enfrentar situaciones de concusión es cumplir con las normas de tránsito y ser un conductor responsable. Si cometes una infracción, acepta la multa y toma la lección como una oportunidad para mejorar tus habilidades al volante. Si consideras que la multa es injusta, siempre tienes derecho a impugnarla siguiendo los procedimientos legales establecidos.Conclusión: La concusión es un delito grave que afecta a la sociedad y a la confianza en las instituciones públicas. Como ciudadanos responsables, debemos estar informados sobre nuestros derechos y responsabilidades al conducir. Si enfrentas una situación de concusión, denuncia el hecho y coopera para erradicar esta práctica ilegal. Recuerda que la mejor manera de evitar multas y problemas legales es adoptar una actitud responsable al volante. ¡No te arriesgues! Conduce con responsabilidad y conviértete en un ejemplo positivo para los demás conductores.Referencias Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal [COIP]. Registro Oficial, Suplemento 180. (Estado: Reformado, Fecha de publicación: 2014-02-10, Fecha de última reforma: 2023-03-29)Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaMiércoles, 19 de Julio del 2023.
En el sistema de justicia penal, es fundamental contar con medidas cautelares adecuadas que permitan asegurar la comparecencia de los procesados al proceso y garantizar el cumplimiento de las penas impuestas. En este artículo, exploraremos dos aspectos clave relacionados con estas medidas: la flagrancia como situación que justifica la intervención inmediata, y la prisión preventiva como medida cautelar excepcional.La Flagrancia como Situación de Intervención Inmediata: Cuando se comete un delito en presencia de una o más personas, se considera una situación de flagrancia. Además, la persona que se encuentra en posesión de armas, instrumentos o el producto del ilícito, o que está en persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión del delito hasta su aprehensión, también se considera en flagrancia.La flagrancia permite a las autoridades actuar de manera inmediata para detener al sospechoso y preservar las pruebas relacionadas con el delito. Sin embargo, es importante destacar que la flagrancia no puede invocarse si ha transcurrido más de cuarenta y ocho horas entre la comisión del delito y la aprehensión.La Prisión Preventiva como Medida Cautelar Excepcional: Solo se puede imponer cuando se demuestra que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz. Su finalidad principal es garantizar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena impuesta. Para solicitar la prisión preventiva, el fiscal debe fundamentar su petición en elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito, así como en la clara y justificada participación del procesado en la infracción. Es importante señalar que la existencia de indicios de responsabilidad no es motivo suficiente para ordenar la prisión preventiva.Además, se deben presentar indicios que demuestren que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que la prisión preventiva es necesaria para asegurar la presencia del procesado en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Es relevante mencionar que la infracción debe estar sancionada con una pena privativa de libertad superior a un año.Otras Medidas Cautelares y su Prioridad: Antes de recurrir a la prisión preventiva, el juez puede imponer otras medidas cautelares para garantizar la presencia del procesado en el proceso penal. Estas medidas incluyen la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad designada, el arresto domiciliario y el dispositivo de vigilancia electrónica.Es importante destacar que la privación de libertad a través de la detención o la prisión preventiva se considera como una medida de última ratio, es decir, se aplica de forma prioritaria solo cuando las otras medidas cautelares no son suficientes para cumplir su propósito.En conclusión, el sistema de justicia penal, la flagrancia permite una intervención inmediata cuando se comete un delito en presencia de personas o cuando se encuentran pruebas evidentes. Por otro lado, la prisión preventiva se utiliza como una medida cautelar excepcional para asegurar la comparecencia del procesado y el cumplimiento de la pena impuesta. Antes de recurrir a la privación de libertad, se deben agotar otras medidas cautelares que sean adecuadas y efectivas. La finalidad de todas estas medidas es garantizar la justicia y proteger los derechos de las víctimas, así como de los demás participantes en el proceso penal.Referencias Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal [COIP]. Registro Oficial, Suplemento 180. (Estado: Reformado, Fecha de publicación: 2014-02-10, Fecha de última reforma: 2023-03-29)Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaViernes, 14 de Julio del 2023.
En Ecuador, el delito en flagrancia ha sido una herramienta fundamental para combatir eficazmente el crimen y garantizar la seguridad y el orden público. Este concepto legal, respaldado por la Constitución y la legislación ecuatoriana, permite la detención y el enjuiciamiento inmediato de las personas sorprendidas cometiendo un delito. En este artículo, exploraremos en detalle el delito en flagrancia en Ecuador, su definición, procedimiento y su importancia en la lucha contra el crimen en el país.Definición y Características del Delito en Flagrancia:El delito en flagrancia se refiere a la situación en la que una persona es sorprendida en el acto de cometer un delito, o cuando es perseguida inmediatamente después de haber cometido un delito. Según el artículo 527 de la Código Orgánico Integral Penal, se considera delito flagrante cuando:- La persona es sorprendida en el acto de cometer el delito.- Es perseguida inmediatamente después de haberlo cometido y existe evidencia clara de su participación en el delito.- Se encuentra en posesión de objetos, instrumentos o indicios que vinculen directamente a la comisión del delito.El Procedimiento del Delito en Flagrancia es el siguiente:Cuando se produce un delito en flagrancia, la Policía Nacional tiene la facultad de intervenir de inmediato para detener a la persona implicada y llevarla ante la autoridad competente. Una vez detenida, se procede a la formulación de cargos y a la realización de las diligencias investigativas pertinentes. Es importante destacar que, en estos casos, la detención se lleva a cabo sin necesidad de una orden judicial previa, lo cual permite una respuesta rápida y eficiente ante la comisión de un delito.Una vez detenida la persona, se procede a su presentación ante la autoridad competente, que puede ser un juez o un fiscal. En este punto, se llevan a cabo una serie de diligencias legales y judiciales para determinar la culpabilidad y aplicar las sanciones o medidas cautelares correspondientes.Durante el proceso, se garantizan los derechos fundamentales de la persona detenida. Esto incluye el derecho a la defensa, que permite contar con un abogado defensor desde el momento de la detención. Asimismo, se mantiene el principio de presunción de inocencia, lo que implica que la persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.La celeridad procesal es uno de los aspectos destacados del proceso del delito flagrante en Ecuador. Se busca resolver los casos de manera rápida y eficiente, evitando retrasos innecesarios. Esto permite una pronta respuesta a los delitos, garantizando la justicia tanto para las víctimas como para los acusados.Es importante destacar que el proceso del delito flagrante no reemplaza el proceso ordinario de justicia. Sin embargo, su aplicación efectiva contribuye a la prevención del delito, fortalece la confianza en el sistema de justicia y asegura que los delincuentes rindan cuentas por sus acciones.Para concluir, la aplicación efectiva del delito en flagrancia contribuye a garantizar la seguridad ciudadana y a mantener el orden público en el país. Es necesario continuar promoviendo y fortaleciendo este mecanismo legal para seguir combatiendo eficazmente la delincuencia en Ecuador.Fuente: Penal, C. O. I., & OFICIAL, D. D. R. (2017). Código Orgánico Integral Penal, COIP. Blog escrito por la pasante Camila ProañoJueves, 13 de Julio del 2023.
Cuando se trata de conducir un vehículo, la seguridad vial es una responsabilidad compartida por todos. Es importante comprender las leyes que rigen el comportamiento al volante, incluidas aquellas relacionadas con el consumo de drogas y alcohol. En este artículo, te explicaremos las sanciones y medidas preventivas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal para aquellos conductores que operen vehículos bajo el efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o alcohol.Conducción bajo el efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan (Art. 384): Si una persona conduce un vehículo bajo los efectos de drogas ilegales, medicamentos psicotrópicos o preparados que las contengan, se enfrentará a las siguientes sanciones:- Reducción de quince puntos en la licencia de conducir.- Privación de libertad por treinta días.- Aprehensión del vehículo por un período de veinticuatro horas como medida preventiva.Conducción bajo el efecto de alcohol (Art. 385): La conducción de un vehículo en estado de embriaguez es un peligro para todos los usuarios de la vía. Las sanciones para este tipo de conducta varían según el nivel de alcohol en la sangre del conductor:• Nivel de alcohol de 0,3 a 0,8 gramos por litro de sangre:- Multa equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general.- Pérdida de cinco puntos en la licencia de conducir.- Privación de libertad por cinco días.• Nivel de alcohol mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos por litro de sangre:- Multa equivalente a dos salarios básicos unificados del trabajador en general.- Pérdida de diez puntos en la licencia de conducir.- Privación de libertad por quince días.• Nivel de alcohol superior a 1,2 gramos por litro de sangre:- Multa equivalente a tres salarios básicos unificados del trabajador en general.- Suspensión de la licencia de conducir por sesenta días.- Privación de libertad por treinta días.Para conductores de vehículos de transporte público: En el caso de conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, se aplican normas más estrictas:• La tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparados que las contengan es cero.• El nivel máximo de alcohol permitido es de 0,1 gramos por litro de sangre.• En caso de exceder estos límites:- Pérdida de treinta puntos en la licencia de conducir.- Privación de libertad por noventa días.- Aprehensión del vehículo por veinticuatro horas como medida preventiva.En conclusión, la conducción bajo los efectos de drogas o alcohol pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía. Es fundamental cumplir con las normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal para garantizar la seguridad vial.Referencias Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal [COIP]. Registro Oficial, Suplemento 180. (Estado: Reformado, Fecha de publicación: 2014-02-10, Fecha de última reforma: 2023-03-29)Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaJueves, 06 de Julio del 2023.
