En
el vasto conocimiento de la historia humana, la huelga ha
sido una herramienta fundamental para los trabajadores en la defensa de sus
derechos laborales y económicos. Surgió como respuesta a las condiciones
laborales injustas y ha sido utilizada como medio de presión para la
negociación con los empleadores y el Estado. Responde a una interrupción
de la actividad laboral por parte de los trabajadores para defender sus
intereses y derechos económicos. Es un derecho irrenunciable e irreversible que
asiste a los trabajadores.
Es
así como este figura fue reconocida en la Constitución de 1978 y posteriormente
en las de 1998 y 2008. La legislación regula los procedimientos que deben
seguir los trabajadores para ejercer este derecho, incluyendo la notificación a
las autoridades competentes y la organización de un comité especial en ausencia
de un comité de empresa.
Entre
nociones históricas de huelgas se encuentran; Primera Huelga Nacional
Unitaria (13 de noviembre de 1975): Convocada por varias organizaciones
sindicales y de trabajadores. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha
que incluía demandas relacionadas con los derechos laborales, la reforma
agraria y la nacionalización de sectores clave de la economía. Segunda
Huelga Nacional Unitaria (18 de mayo de 1977): Convocada por
organizaciones sindicales y de trabajadores. Con una duración de 24 horas.
Reiteración de las demandas de la primera huelga nacional unitaria. Tercera
Huelga Nacional Unitaria (13 de mayo de 1981): Convocada por el Frente
Unitario de los Trabajadores y la Federación de Estudiantes Universitarios. Con
una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas relacionadas
con los precios de los productos básicos, los salarios, la seguridad social, la
reforma agraria y la oposición a la carrera armamentista. Cuarta Huelga
Nacional Unitaria (9 de diciembre de 1981): Convocada por el Frente
Unitario de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Servidores Públicos
y la Federación de Estudiantes Universitarios. Con una duración de 24 horas.
Plataforma de lucha que incluía demandas similares a las anteriores,
especialmente relacionadas con los salarios y la separación del ministro de
Finanzas.
En
contraste, el paro también es reconocido por la
Constitución, otorgando a los empleadores el derecho de declararlo, según el
Código del Trabajo. Responde al cierre del centro de trabajo decidido por el
empresario o empleadores coligados. La legislación contempla los casos en que
puede declararse el paro, como crisis económicas o falta de materia prima, y
los procedimientos que deben seguir los empleadores, incluyendo la comunicación
formal a las autoridades y a los trabajadores afectados. Esta suspensión del
trabajo puede tener repercusiones en la estabilidad económica de la empresa
y en el empleo de los trabajadores afectados.
Históricamente
bajo el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera en Ecuador, se introdujo la
figura del paro patronal como respuesta a la situación derivada de la deuda
privada externa en la economía nacional. Esta deuda estaba denominada en
dólares en lugar de sucres, lo que implicaba ciertas dificultades para la
economía ecuatoriana. Para hacer frente a esta situación, se adoptaron medidas
adaptadas a los programas de "Estabilización Económica" impuestos por
el Fondo Monetario Internacional y el Comité de Gestión de los bancos
extranjeros. Estas medidas incluyeron la sucretización de la deuda externa, que
se llevó a cabo mediante la emisión de decretos, destacando el Decreto
Ejecutivo 877 que devaluaba el sucre al aumentar la cotización del dólar en el
mercado oficial. La devaluación del sucre y otras medidas
económicas propuestas, como la eliminación de subsidios y el estímulo a los
exportadores, generaron descontento entre los sectores populares y laborales.
En noviembre de 1983, se produjo una nueva huelga nacional en la que participaron
diversos movimientos sindicales y sociales, incluida la Union General de
Trabajadores del Ecuador (UGTE) y sectores gremiales vinculados al Partido
Comunista Marxista Leninista del Ecuador. Esta huelga fue una expresión de
protesta contra la política económica del gobierno y buscaba un cambio
ideológico en la conducción del Estado. En respuesta a la presión social y
laboral, el sector empresarial decretó un paro empresarial para
protestar por las medidas económicas del gobierno y exigir un cambio en la
dirección del Estado. Tanto el paro propuesto por los empleadores
como la huelga nacional del pueblo fueron considerados como medidas de término
indefinido, lo que paralizaría todo el sector productivo hasta que se derogaran
las medidas impuestas por el gobierno. Sin embargo, esta idea fue descartada
debido a la crisis económica que enfrentaba Ecuador y las repercusiones
negativas que tendría en los grupos más vulnerables de la sociedad.
La
huelga es un derecho de los trabajadores para defender sus
intereses, el paro es un derecho de los empleadores para proteger
sus negocios. Ambos pueden tener impactos significativos en la economía, tanto
a nivel de la empresa como a nivel nacional, dependiendo de su duración y
alcance. Ambos derechos están sujetos a restricciones, especialmente en lo que
respecta a la paralización de servicios públicos y la necesidad de garantizar
su funcionamiento.
Entre
las diferencias encontramos las de sus definiciones, en el caso el paro se
define como la paralización de la producción por parte de los empleadores
debido a situaciones externas, como la falta de insumos o capital. Se
diferencia de la huelga, que es la paralización organizada por los trabajadores
para reclamar mejores condiciones laborales.
Referencias Bibliográficas
Chiriboga, G.
(1995). Conflictos colectivos, huelgas y paros temporales 1973-1994:
estadísticas laborales de Ecuador.
Ninahualpa,
L (2009) La huelga y el paro [Tesis para la obtención de Maestría, Universidad
Técnica Particular de Loja] https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6329/1/tesisluis.pdf
Sánchez,
K. (2022). Tipificación de la sanción por Paro Patronal ilegal en el Código
Orgánico Integral Penal Ecuatoriano [Tesis para la obtención del Título de
Abogada, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil] http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/5294/1/T-ULVR-4287.pdf
Tamiraz, M., Sacta, R., Zabala, D., & Sánchez, J. (2019). La huelga en el sector público ecuatoriano. Revista IURIS, 2(17).
En el vasto conocimiento de la historia humana, la huelga ha sido una herramienta fundamental para los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales y económicos. Surgió como respuesta a las condiciones laborales injustas y ha sido utilizada como medio de presión para la negociación con los empleadores y el Estado. Responde a una interrupción de la actividad laboral por parte de los trabajadores para defender sus intereses y derechos económicos. Es un derecho irrenunciable e irreversible que asiste a los trabajadores.Es así como este figura fue reconocida en la Constitución de 1978 y posteriormente en las de 1998 y 2008. La legislación regula los procedimientos que deben seguir los trabajadores para ejercer este derecho, incluyendo la notificación a las autoridades competentes y la organización de un comité especial en ausencia de un comité de empresa.Entre nociones históricas de huelgas se encuentran; Primera Huelga Nacional Unitaria (13 de noviembre de 1975): Convocada por varias organizaciones sindicales y de trabajadores. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas relacionadas con los derechos laborales, la reforma agraria y la nacionalización de sectores clave de la economía. Segunda Huelga Nacional Unitaria (18 de mayo de 1977): Convocada por organizaciones sindicales y de trabajadores. Con una duración de 24 horas. Reiteración de las demandas de la primera huelga nacional unitaria. Tercera Huelga Nacional Unitaria (13 de mayo de 1981): Convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores y la Federación de Estudiantes Universitarios. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas relacionadas con los precios de los productos básicos, los salarios, la seguridad social, la reforma agraria y la oposición a la carrera armamentista. Cuarta Huelga Nacional Unitaria (9 de diciembre de 1981): Convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Federación de Estudiantes Universitarios. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas similares a las anteriores, especialmente relacionadas con los salarios y la separación del ministro de Finanzas.En contraste, el paro también es reconocido por la Constitución, otorgando a los empleadores el derecho de declararlo, según el Código del Trabajo. Responde al cierre del centro de trabajo decidido por el empresario o empleadores coligados. La legislación contempla los casos en que puede declararse el paro, como crisis económicas o falta de materia prima, y los procedimientos que deben seguir los empleadores, incluyendo la comunicación formal a las autoridades y a los trabajadores afectados. Esta suspensión del trabajo puede tener repercusiones en la estabilidad económica de la empresa y en el empleo de los trabajadores afectados. Históricamente bajo el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera en Ecuador, se introdujo la figura del paro patronal como respuesta a la situación derivada de la deuda privada externa en la economía nacional. Esta deuda estaba denominada en dólares en lugar de sucres, lo que implicaba ciertas dificultades para la economía ecuatoriana. Para hacer frente a esta situación, se adoptaron medidas adaptadas a los programas de "Estabilización Económica" impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Comité de Gestión de los bancos extranjeros. Estas medidas incluyeron la sucretización de la deuda externa, que se llevó a cabo mediante la emisión de decretos, destacando el Decreto Ejecutivo 877 que devaluaba el sucre al aumentar la cotización del dólar en el mercado oficial. La devaluación del sucre y otras medidas económicas propuestas, como la eliminación de subsidios y el estímulo a los exportadores, generaron descontento entre los sectores populares y laborales. En noviembre de 1983, se produjo una nueva huelga nacional en la que participaron diversos movimientos sindicales y sociales, incluida la Union General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y sectores gremiales vinculados al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador. Esta huelga fue una expresión de protesta contra la política económica del gobierno y buscaba un cambio ideológico en la conducción del Estado. En respuesta a la presión social y laboral, el sector empresarial decretó un paro empresarial para protestar por las medidas económicas del gobierno y exigir un cambio en la dirección del Estado. Tanto el paro propuesto por los empleadores como la huelga nacional del pueblo fueron considerados como medidas de término indefinido, lo que paralizaría todo el sector productivo hasta que se derogaran las medidas impuestas por el gobierno. Sin embargo, esta idea fue descartada debido a la crisis económica que enfrentaba Ecuador y las repercusiones negativas que tendría en los grupos más vulnerables de la sociedad.La huelga es un derecho de los trabajadores para defender sus intereses, el paro es un derecho de los empleadores para proteger sus negocios. Ambos pueden tener impactos significativos en la economía, tanto a nivel de la empresa como a nivel nacional, dependiendo de su duración y alcance. Ambos derechos están sujetos a restricciones, especialmente en lo que respecta a la paralización de servicios públicos y la necesidad de garantizar su funcionamiento.Entre las diferencias encontramos las de sus definiciones, en el caso el paro se define como la paralización de la producción por parte de los empleadores debido a situaciones externas, como la falta de insumos o capital. Se diferencia de la huelga, que es la paralización organizada por los trabajadores para reclamar mejores condiciones laborales. Referencias BibliográficasChiriboga, G. (1995). Conflictos colectivos, huelgas y paros temporales 1973-1994: estadísticas laborales de Ecuador. Ninahualpa, L (2009) La huelga y el paro [Tesis para la obtención de Maestría, Universidad Técnica Particular de Loja] https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6329/1/tesisluis.pdf Sánchez, K. (2022). Tipificación de la sanción por Paro Patronal ilegal en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano [Tesis para la obtención del Título de Abogada, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil] http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/5294/1/T-ULVR-4287.pdf Tamiraz, M., Sacta, R., Zabala, D., & Sánchez, J. (2019). La huelga en el sector público ecuatoriano. Revista IURIS, 2(17).Blog escrito por el Consultor José BarrigaSábado, 03 de Mayo del 2025
Leer más...
La cesión de deuda es una figura legal que permite transferir una obligación de pago o de prestación de servicios de una persona a otra. Aunque en la práctica suele confundirse con la cesión de crédito, su estructura y consecuencias jurídicas son diferentes, ya que aquí no se cede el derecho de cobro, sino la obligación de cumplir. Según los artículos 284 al 287 del Código de Comercio, la cesión de deuda se puede entender bajo las siguientes reglas: ¿Cómo se realiza la cesión de deuda? La transferencia de una obligación puede surgir de dos formas: ● Por acuerdo entre el deudor originario y el nuevo deudor, lo cual requiere el consentimiento expreso del acreedor. ● Por acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor, donde el nuevo deudor asume directamente la obligación. El consentimiento del acreedor es crucial. Sin su autorización, aunque el nuevo deudor se comprometa a pagar, tanto el deudor original como el nuevo quedarán solidariamente obligados, es decir, ambos podrán ser exigidos por la totalidad de la deuda. ¿Puede liberarse al deudor originario? Sí. El acreedor tiene la facultad de liberar al deudor originario si así lo desea. No obstante, si no existe una liberación expresa, el principio general será que el deudor originario y el nuevo deudor responderán solidariamente ante el acreedor. Este matiz es importante porque el acreedor puede escoger a quién reclamar el cumplimiento: al antiguo deudor, al nuevo, o a ambos. ¿Es posible el consentimiento anticipado? El Código también contempla el consentimiento anticipado. Esto puede darse si: ● El consentimiento consta por escrito en el contrato inicial. ● Se emite un documento separado que haga referencia expresa al contrato original. En estos casos, la cesión surte efectos cuando el acreedor es notificado o cuando reconoce la transferencia. Este mecanismo facilita las operaciones comerciales, ya que no es necesario pedir autorización nuevamente si ya estaba prevista en el acuerdo inicial. ¿Qué excepciones puede oponer el nuevo deudor? El nuevo deudor puede oponer al acreedor todas las excepciones reales que tenía el deudor original. Estas son las defensas que derivan directamente de la naturaleza de la obligación (por ejemplo, que el contrato es nulo). Sin embargo, no puede alegar las excepciones personales del deudor originario (como una incapacidad personal para pagar) ni utilizar el derecho de compensación que el deudor original tuviera contra el acreedor. Este punto protege al acreedor, asegurando que la cesión no lo coloque en una posición menos favorable. La cesión de deuda permite mayor flexibilidad en las relaciones contractuales, pero debe manejarse con cuidado para evitar situaciones de incertidumbre o solidaridad no deseada. El consentimiento del acreedor sigue siendo la piedra angular para que la cesión sea válida y eficaz. Fuente: Código de Comercio. (2019). Registro Oficial Suplemento No. 497. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoLunes, 28 de Abril del 2025
Leer más...
Esta figura antes cuestionada ahora cuenta con aceptación unánime en la región, influenciada por convenios internacionales que establecen un marco normativo común. Este marco ha guiado la formulación de normativa interna, lo que explica las similitudes dentro de las consideraciones internas de cada país.Cuando se menciona sobre la autoridad designante, se observa que Fiscalía es consistentemente identificada como la entidad clave en la toma de decisiones sobre el empleo del agente encubierto. Este papel se fundamenta en la transición hacia sistemas procesales acusatorios orales en la región, donde la Fiscalía, como ente encargado de la investigación, se ve naturalmente capacitada para dirigir estas operaciones especiales. A pesar de esta tendencia común, existen variaciones importantes, como en Perú donde se requiere un informe adicional de la Policía Nacional antes de que la Fiscalía pueda autorizar la intervención de un agente encubierto, mientras que en Bolivia es el juez quien emite la autorización mediante resolución judicial. En Ecuador, la figura del agente encubierto está establecida en el COIP, donde Fiscalía tiene la exclusividad para planificar y ejecutar operaciones encubiertas. La legislación ecuatoriana aún no detalla exhaustivamente todos sus aspectos, centrando más en las características esenciales que deben tener estas operaciones.Respecto a los requisitos personales del agente encubierto, se observan divergencias entre algunos países. Mientras que en Colombia y Perú se permite la participación de particulares, bajo ciertas condiciones específicas como la confianza ganada o la previa vinculación con la organización criminal, en Bolivia se restringe estrictamente a funcionarios policiales con idoneidad comprobada. La legislación ecuatoriana no detalla explícitamente los requisitos personales, limitándose a mencionar la participación de Personal Especializado de Fiscalía o la Policía Judicial.Los requisitos para la aplicación de la técnica del agente encubierto incluyen la necesidad de una investigación previa sustancial que justifique su uso y la existencia de indicios de actividad delictiva. Esto garantiza que su aplicación no sea arbitraria y esté respaldada por un análisis previo de la situación. Dentro de la normativa ecuatoriana, se especifica que la investigación previa es crucial para asegurar elementos probatorios sólidos antes de emplear esta técnica, lo cual se considera fundamental desde una perspectiva de debido proceso.En cuanto a la forma de designación del agente encubierto, en todos los países se requiere la emisión de un documento donde se detallen los presupuestos legales, los principios que guiarán la operación encubierta, la duración y condiciones de la misma. Continuando se menciona su responsabilidad legal por sus acciones durante la operación. Se contempla que puede llegar a ser sujeto de responsabilidad penal y civil por cualquier acto realizado fuera de las directrices legales o que cause daño desproporcionado a bienes jurídicos. Sobre su protección se establece que, en Perú se garantiza la protección del agente encubierto mediante dos mecanismos, el ocultamiento de su identidad durante la investigación y una protección continua una vez finalizada. Pasa similar en Bolivia, donde se establece un grupo de apoyo permanente para su seguridad física, apoyo psicológico periódico, inclusión prioritaria en programas de protección a testigos si es necesario, y protección constante para su familia, además del mantenimiento confidencial de su identidad durante el tiempo necesario. En el país se cuenta con un Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, dirigido por la Fiscalía General del Estado.En cuanto a los permisos, los agentes encubiertos tienen autorizaciones orientadas a obtener pruebas delictivas y desarticular organizaciones criminales. Estas incluyen la obtención de identidades falsas para proteger su seguridad y la de sus familias, la capacidad de infiltrarse en organizaciones criminales para obtener pruebas, y en casos necesarios, la facultad de cometer actos ilícitos bajo supervisión judicial y sin consecuencias penales directas. Además, pueden transportar y adquirir objetos relacionados con el delito. Dentro del país, estos permisos están limitados por el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien se permite la infiltración en organizaciones criminales, se prohíbe impulsar o cometer delitos que afecten los derechos generales de las personas. La licencia para actuar con identidad falsa se otorga por un máximo de dos años y puede ser prorrogada bajo evaluación fiscal.Se debate intensamente sobre los costos sociales asociados con la implementación de agentes encubiertos. Donde una preocupación central es el potencial impacto hacia los derechos, como el derecho a la vida y la salud de terceros, cuando un agente encubierto se ve obligado por la organización criminal a participar en actividades delictivas graves, como homicidios o tráfico de drogas. Aunque estos derechos están protegidos por la Constitución, se justifica su vulneración bajo el principio de necesidad, argumentando que el fin de desarticular organizaciones criminales justifica estos medios excepcionales.Se detallan algunos beneficios del agente encubierto tales como, la dotación de pruebas suficientes donde la técnica permite obtener información y pruebas cruciales que son inaccesibles desde fuera de la organización criminal; la recuperación de Ingresos Ilícitos la cual permite identificar los instrumentos y beneficios obtenidos por las actividades delictivas, facilitando así su recuperación por parte del Estado; la sanción a los responsables se enfoca en la investigación de los mandos medios y altos de las organizaciones criminales, no solo en los ejecutores menores; la desestructuración de organizaciones criminales donde el objetivo es desmantelar las estructuras centrales, deteniendo a sus cabecillas y desarticulando su funcionamiento interno; y la respuesta a la seguridad pública que contribuye a la confianza pública al desarticular organizaciones que amenazan el orden social.La intervención del agente encubierto está estrictamente enfocada en recolectar información relevante para la comisión o planeación de delitos, no para divulgar aspectos íntimos de la vida privada de los investigados. Toda la información obtenida se mantiene en secreto bajo el principio de reserva judicial y se utiliza únicamente para el esclarecimiento de delitos graves, como el narcotráfico o el sicariato. El derecho a la no autoincriminación implica que nadie puede ser obligado a declarar en su contra ni contribuir a su propia condena. La información recopilada por agentes encubiertos no se considera autoincriminación porque no es una declaración voluntaria del acusado, sino una recopilación de datos relevantes para la investigación penal, filtrada por controles judiciales y fiscales para evitar cualquier abuso.La técnica del agente encubierto es necesaria para combatir eficazmente a organizaciones criminales que operan con métodos sofisticados y rápidos. Se justifica como el único medio efectivo para infiltrarse en estos grupos y recolectar pruebas sobre delitos graves como extorsión, tráfico de drogas u otros. A pesar de las críticas sobre engaño y traición, se sostiene que los beneficios para la sociedad superan estos aspectos éticos cuestionables. La técnica es vista como una herramienta legítima cuando se utiliza en casos extremos donde las repercusiones sociales son significativas.La jurisprudencia internacional, como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha abordado este tema, estableciendo que el uso de agentes encubiertos no necesariamente viola los derechos fundamentales siempre que el delincuente mantenga su libertad de decisión y acción, incluso si interactúa con agentes encubiertos sin saberlo.Referencias BibliográficasArcos, D. (2017). Debate sobre la justificación del agente encubierto en el Ecuador. (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito.Farto, A. (2017). El Agente Encubierto en el Código Orgánico Integral Penal. (Tesis de pregrado). Universidad San Francisco de Quito, Quito. https://core.ac.uk/reader/160260200 Yánez, P. (2017).La figura del agente encubierto en el sistema penal ecuatoriano. (Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca. https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27078/1/Monograf%c3%ada.pdfBlog escrito por el consultor José BarrigaViernes, 25 de Abril del 2025
Leer más...
El Código Tributario ecuatoriano establece una arquitectura clara y funcional para la gestión de los tributos en el país. Desde el nivel central hasta el local, cada autoridad tiene asignadas competencias definidas, que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con transparencia, equidad y eficiencia.Comprender estas disposiciones no solo es útil para los especialistas en derecho o contabilidad, sino para cualquier ciudadano que desee conocer mejor cómo opera el sistema fiscal del país y cuáles son sus derechos y deberes dentro de él.Capítulo I: Los órganos de la administración tributariaArtículo 64: Administración Tributaria CentralA nivel nacional, la dirección de la administración tributaria recae en el Presidente de la República, quien la ejerce a través de los organismos establecidos por la ley. Esto abarca no solo los tributos fiscales, sino también otros tributos cuya base impositiva coincida o se relacione con la de los impuestos nacionales.Asimismo, la administración tributaria central puede encargarse de la recaudación de tributos destinados a otras entidades públicas, cuando así lo determine la ley, incluso si dichos tributos corresponden a gobiernos autónomos descentralizados.Artículo 65: Administración Tributaria SeccionalEn el ámbito local, la dirección tributaria corresponde a las autoridades seccionales: Prefectos Provinciales y Alcaldes Municipales, quienes ejercen esta función a través de las dependencias y órganos que establezca la normativa legal.Estas autoridades gestionan los tributos propios de sus jurisdicciones, así como aquellos tributos adicionales cuya base impositiva coincida con la de los tributos principales, incluso si su recaudación ha sido atribuida a otros organismos.Artículo 66: Administración Tributaria de ExcepciónExisten casos excepcionales en los que la ley otorga directamente a una entidad pública la gestión de sus propios tributos. En tales situaciones, la administración será ejercida por los órganos señalados por la misma ley, o, en su defecto, por las autoridades responsables de ordenar o ejecutar la recaudación.Capítulo II: Facultades de la Administración TributariaArtículo 67: Facultades generalesLa administración tributaria está facultada para: Aplicar la ley tributaria; Determinar la obligación tributaria; Resolver reclamos y recursos presentados por los sujetos pasivos; Imponer sanciones por infracciones; Celebrar transacciones en los términos legales; Recaudar los tributos. Estas competencias le otorgan un marco jurídico para actuar de forma eficaz, transparente y dentro del principio de legalidad.Artículo 68: Facultad determinadoraLa determinación de la obligación tributaria consiste en una serie de actos reglados que permiten establecer, en cada caso, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y el monto del tributo. Esta facultad incluye la verificación, corrección o complementación de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, así como la adopción de medidas necesarias para establecer el tributo correspondiente.Artículo 69: Facultad resolutivaLas autoridades administrativas competentes deben emitir resoluciones debidamente motivadas, dentro del plazo legal, respecto de cualquier consulta, petición, reclamo o recurso interpuesto por los sujetos pasivos o personas que se consideren afectadas por un acto tributario.Artículo 70: Facultad sancionadoraLas sanciones previstas por la ley serán impuestas mediante resolución administrativa, respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.Artículo 71: Facultad recaudadoraLa recaudación de tributos se llevará a cabo por las autoridades designadas, según los procedimientos establecidos por la ley o el reglamento. También puede encargarse a agentes de retención o percepción debidamente autorizados.Facultad de transigirLa administración tributaria, como titular activo de la relación tributaria, puede recurrir a la transacción como mecanismo para evitar controversias, promoviendo principios como la equidad, suficiencia recaudatoria, igualdad y proporcionalidad. Esta facultad puede ejercerse antes, durante o después del ejercicio de las otras competencias administrativas.Fuente: Código Tributario. (2025). Suplemento del Registro Oficial No. 38, 14 de junio de 2005, Ecuador.Blog escrito por Ashly ManchayMiércoles, 23 de Abril del 2025
Leer más...
Análisis Legal y Consecuencias JurídicasEn el marco del Derecho Civil, los contratos constituyen vínculos jurídicos que obligan a las partes a cumplir con las prestaciones acordadas. Cuando se trata de obligaciones de hacer, el incumplimiento de una de las partes puede generar consecuencias importantes tanto en términos de ejecución forzada como de indemnización de perjuicios. El ordenamiento jurídico contempla mecanismos para proteger a la parte cumplidora y garantizar la eficacia de lo pactado. Este artículo aborda dichas consecuencias a la luz de los artículos 1569, 1570, 1505 y 1561 del Código Civil.1. Obligaciones de Hacer e Incumplimiento: Artículo 1569El artículo 1569 regula las acciones del acreedor frente al incumplimiento de una obligación de hacer, es decir, aquellas en que el deudor se compromete a realizar una determinada actividad o prestación personal. Si el deudor incurre en mora, el acreedor podrá optar por: La ejecución sustitutiva, es decir, que un tercero realice la obligación a costa del deudor. La indemnización de perjuicios, solicitando al juez que el deudor compense los daños derivados del incumplimiento. Esta disposición es fundamental porque otorga herramientas al acreedor para preservar su interés contractual, ya sea mediante la ejecución material de la prestación por un tercero o el resarcimiento económico por el daño sufrido.2. La Promesa de Contrato y su Cumplimiento: Artículo 1570La promesa de celebrar un contrato puede parecer una obligación de hacer, en tanto se refiere a un compromiso de ejecutar un acto jurídico futuro. El artículo 1570 establece que dicha promesa solo produce efectos vinculantes si se cumplen ciertos requisitos, como que conste por escrito, contenga un plazo o condición, y especifique el contrato prometido.Cuando se cumplen estas condiciones, se activa lo previsto en el artículo 1569, permitiendo al acreedor exigir el cumplimiento forzado de la promesa o una indemnización por incumplimiento.3. Contratos Bilaterales e Incumplimiento: Artículo 1505En los contratos bilaterales, el cumplimiento de una parte está condicionado al cumplimiento de la otra. El artículo 1505 reconoce implícitamente una condición resolutoria tácita, que permite a la parte cumplidora optar entre: Exigir la resolución del contrato, liberándose de sus propias obligaciones; o Exigir el cumplimiento forzoso, junto con la indemnización de perjuicios. Esto se conecta directamente con el artículo 1569, pues si la obligación incumplida es de hacer, el acreedor podrá ejercer cualquiera de las acciones contempladas allí, según le convenga.4. El Principio de Fuerza Vinculante del Contrato: Artículo 1561El artículo 1561 consagra el principio de que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes”. Esto implica que las partes deben respetar y cumplir lo acordado, salvo que medie consentimiento mutuo o una causa legal para su terminación.Este principio refuerza la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo las de hacer, a través de los mecanismos legales descritos. No se trata simplemente de un deber moral, sino de una obligación jurídicamente exigible.La ejecución de las obligaciones de hacer por incumplimiento de una de las partes encuentra respaldo en diversas disposiciones del Código Civil. El artículo 1569 otorga opciones claras al acreedor: ejecución sustitutiva o indemnización. Este marco se complementa con el artículo 1570, en el caso de promesas de contrato, y con el artículo 1505 para contratos bilaterales. Todo esto se sostiene sobre el principio de fuerza obligatoria del contrato, previsto en el artículo 1561. En conjunto, estas normas buscan equilibrar las relaciones contractuales y proteger el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. Fuente: Código Civil del Ecuador. (2005). Registro Oficial Suplemento No. 46. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila Proaño Martes, 22 de Abril del 2024
Leer más...
1. ¿Qué es la citación de acuerdo al COGEP?Se establece un concepto según lo determina el Art. 53 del Código Orgánico General de Procesos. Mencionando que la citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador.La diligencia preparatoria que se menciona en el párrafo anterior es un pedido realizado ante el juez para que se practique una determinada diligencia, con el propósito de usar lo actuado en la misma en un futuro juicio. Se añade otras significaciones que contribuyen a lo mencionado por el Código Orgánico General de Procesos mencionando que la Citación es el acto procesal por el que se hace conocer a la parte demandada que existe un proceso judicial en su contra. Por medio de esta diligencia se garantiza el derecho a la defensa de las partes involucradas. En este caso al ser la etapa procesal que da inicio al juicio tiene que ser realizada en legal y debida forma, cumpliendo con ciertos requisitos para que ésta sea válida y no incurrir en ningún tipo de nulidad en el proceso.Si una parte demuestra su conocimiento de una petición o providencia, ya sea por escrito o mediante un acto registrado en el proceso, se considerará citada en la fecha en que se presentó el documento o se llevó a cabo dicho acto.En el caso de que el actor haya proporcionado la dirección de correo electrónico del demandado, la o el juzgador también ordenará que se le envíe por correo electrónico un extracto de la demanda y del auto inicial. Esto se registrará en el sistema, pero no reemplaza la citación oficial.2. ¿Cuántas formas o maneras de citación tenemos en la normativa vigente?La citación al ser la etapa procesal que da inicio al juicio tiene que ser realizada en legal y debida forma, cumpliendo con ciertos requisitos para que ésta sea válida y no incurrir en ningún tipo de nulidad en el proceso. El artículo 54 del COGEP por su parte hace referencia a la citación por persona. Es decir, cuando el citador entrega de manera directa, el acto de proposición en cualquier lugar, día y hora sobre el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos, a la persona demandada. En el caso de personas jurídicas o de personas que no puedan representarse por sí mismas, la citación personal se la realiza por medio de su representante legal. De la diligencia la o el citador elaborará el acta respectiva.Refiere una segunda forma que se detallada en el artículo 55 del mismo código y se denomina citación por boletas. Esta citación consiste en que el citador, una vez cerciorándose que la persona demandada tenga su domicilio en esa ubicación, fije 3 boletas en días distintos. En este caso, si se entregan las boletas de citación, la persona que las recibe debe ser un familiar del demandado, de lo contrario no será válida ni correcta la citación efectuada. Por otro lado en el caso de personas jurídicas, de igual manera, una vez cerciorándose que la empresa opere y funcione en ese establecimiento, se puede entregar a cualquiera de los dependientes dentro de horarios laborales. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.Por último, hay ocasiones en las que se le imposibilita a la parte actora determinar el domicilio de los demandados, y en virtud del principio de celeridad procesal, el artículo 56 del COGEP hace referencia a la citación a través de medios de comunicación. El primer medio de comunicación válido es la prensa (en un periódico de amplia circulación del lugar). Una vez entregado el extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva, se lo debe publicar en tres fechas distintas en un periódico de alta circulación a nivel local o nacional, dichas publicaciones deberán ser agregadas al expediente para evidenciar la citación por prensa. La segunda alternativa es por medio de la radio, que de la misma forma, los mensajes serán transmitidos en tres días distintos y por lo menos tres veces al día entre el horario de seis a veintidós horas, y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud pertinente. Se presentará la respectiva grabación de la transmisión para su constancia. Sin embargo, la citación por medio de radiodifusora solo se llevará a cabo cuando el Juez considere que es la mejor opción. Culminadas las formas se menciona a posterior en el mismo cuerpo normativo que si el requerimiento de declarar la imposibilidad de identificar el domicilio o la residencia del demandado, así como la realización de todas las gestiones necesarias para localizar a la persona que se busca citar de esta manera, como consultar registros de acceso público, será realizada por el solicitante. Esta declaración se llevará a cabo bajo juramento ante el juez del proceso o, alternativamente, mediante deprecatorio a la o el juzgador del domicilio del actor.En el caso mencionado previamente, se incluirá también la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que señale si la persona salió del país o está registrada en el consulado. En caso de confirmarse, se procederá a citar a través de carteles colocados en el consulado donde esté registrado.El juez no aceptará la solicitud a menos que se cumpla con esta condición. En caso de aceptarla, deberá explicar las razones de su decisión.Pasados veinte días desde la última publicación o difusión del mensaje por radio, comenzará el plazo para responder a la demanda.Si se demuestra que la parte actora, su apoderado o ambos mintieron sobre la dirección domiciliaria o residencia del demandado o sobre la imposibilidad de identificarlo, se enviará una copia de lo actuado al fiscal correspondiente para su investigación.La citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares. A las y los herederos conocidos se citará personalmente o por boleta. La citación a las comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica se realizará con la entrega de una copia de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de las providencias recaídas en ella y de la respectiva resolución, a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia. Las citaciones a las instituciones del Estado y sus funcionarios por asuntos propios de su empleo se realizarán en la dependencia local más próxima al lugar del proceso. Para el caso de la citación al Procurador General del Estado se procederá conforme con la ley. La citación a las o los agentes diplomáticos extranjeros, en los asuntos contenciosos que le corresponde conocer a la Corte Nacional de Justicia, se hará a través del ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio. 3. ¿Cuáles son las diferencias entre notificación y citación?La citación es el acto solemne mediante el cual se realiza el llamamiento de una persona Natural o Jurídica para que se defienda. Este es el medio legal para poner en conocimiento al demandado que está siendo demandado o que tiene una acción en su contra, la misma garantiza el derecho a la defensa. En cambio la notificación, es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias judiciales.En la notificación las partes, al momento de comparecer al proceso, determinarán dónde recibirán las notificaciones. Por ejemplo en el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal. Mientras que la citación tiene que realizarse el llamamiento intentado encontrar a la persona por las formas de citación establecidas, puesto que las partes aún no han determinado donde recibirán las sendas manifestaciones respecto al proceso.Otro punto sería mencionar que la citación se realiza al principio del proceso, se realiza para que se inicie el juicio; por otro lado se menciona que la notificación se produce dentro del juicio, ya teniendo un proceso en curso.Según Chiovenda (2000) Tratándose de iniciar un litigio, es natural que la citación no pueda dirigirse a persona distinta del demandado. Pero no siempre la citación personal puede notificarse a la persona misma del demandado; a falta de esa posibilidad, se recurre a equivalentes. Por otro lado la Notificación en propia persona o en mano propia, cuando se entrega la copia al mismo demandado en persona. La entrega puede hacerse dondequiera se encuentre el demandado. En nuestra legislación contempla que se podrá notificar en el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal.Y por último podría establecerse que la citación ordena una comparecencia judicial, o sea, ante el tribunal, mientras que la notificación es una comunicación de esa orden mediano el procesamiento pautado por la ley.Referencias Bibliográficas Asamblea Nacional. (22 de mayo de 2015). Código Orgánico General de Procesos. Suplemento(506). Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial No. 506. Chiovenda, J. (2000). Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Reus. Echandía, D. (2007). Estudios de Derecho Procesal (Vol. I). Bogotá, Colombia : ABC Bogotá. El Telégrafo. (2017). Cogep: De la notificación. El Telégrafo. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto/1/cogep-de-la-notificacion Morán, R. (2009). Derecho Procesal Civil Práctico: Principios Fundamentales del Derecho Procesal. Edilex S.A. Guayaquil. Zavala, E. (2016). Código Orgánico General de Procesos COGEP: Notas de estudio. Murillo, Editores. Guayaquil. Blog escrito por el Consultor José BarrigaJueves, 17 de Abril del 2025
Leer más...
