En Ecuador, los procesos de alimentos están regulados por una serie de leyes y disposiciones que buscan garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Una de las herramientas clave en estos procesos es la prueba de ADN para determinar la paternidad o maternidad. La legislación ecuatoriana establece claras directrices sobre cómo y cuándo se deben realizar estas pruebas, asegurando tanto la protección de los derechos de los menores como la equidad en el proceso judicial.
De acuerdo con el Artículo 9 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), el juez tiene la obligación de fijar una pensión provisional de alimentos al calificar la demanda, utilizando como referencia la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Esta medida se aplica independientemente de la situación de filiación del menor. En casos donde la filiación no ha sido establecida, el juez ordenará un examen comparativo de ADN sin menoscabo de la fijación provisional de alimentos. Esto asegura que el menor reciba apoyo económico mientras se establece la paternidad de manera definitiva.
El Artículo 10 del CONA establece que el juez puede fijar una pensión de alimentos a favor del menor incluso cuando la filiación no ha sido legalmente confirmada. Este artículo es crucial porque establece una presunción de hecho de la filiación en casos donde el demandado se niega a someterse a la prueba de ADN. Si el resultado del examen de ADN es positivo, se declara la filiación y se fija la pensión definitiva desde la fecha de presentación de la demanda. Además, si el presunto progenitor alega falta de recursos para pagar la prueba de ADN, el Ministerio de Salud Pública está obligado a realizar el examen de manera gratuita.
El Artículo 11 destaca que las pruebas de ADN deben ser realizadas por laboratorios especializados, ya sean públicos o privados, que cuenten con peritos calificados por la Fiscalía. La identidad de la persona a quien se le toma la muestra debe ser verificada mediante documentos oficiales y el registro de su huella digital. La confidencialidad de los resultados está estrictamente regulada, asegurando la integridad del proceso. Además, se permite la intervención de policías, médicos legistas o peritos para garantizar la autenticidad y fiabilidad de la prueba.
Según el Artículo 12, los peritos son responsables administrativa, civil y penalmente por la precisión y veracidad de los procedimientos y resultados de las pruebas de ADN. Esta responsabilidad también recae en el laboratorio donde se realiza la pericia, garantizando así un alto nivel de rigor y profesionalismo en el manejo de estas pruebas críticas.
El Artículo 13 establece que la prueba de ADN, bajo las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en la ley, es suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No se admiten dilaciones en el proceso a través de solicitudes de nuevas pruebas, a menos que se demuestre un incumplimiento en las condiciones legales establecidas.
Finalmente, el Artículo 286 aborda la verificación de identidades y las circunstancias bajo las cuales el juez puede ordenar la práctica de una prueba de ADN. En casos de dudas sobre la paternidad o maternidad, el juez puede ordenar la prueba comparativa de ADN, y si los presuntos progenitores se niegan injustificadamente, se considera negado el consentimiento.
La legislación ecuatoriana proporciona un
marco claro y detallado para la realización de pruebas de ADN en procesos de
alimentos, garantizando que se resuelvan de manera justa y rápida. Estas
disposiciones no solo protegen los derechos de los menores, sino que también
aseguran que los procesos judiciales sean eficientes y basados en pruebas
científicas irrefutables. La implementación de estas normas es crucial para el
bienestar de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador, asegurando que reciban
el apoyo necesario para su desarrollo integral.
Fuente: Código de la Niñez y Adolescencia.(2023). Registro Oficial No. 737. Ecuador.
Blog escrito por la Consultora Camila Proaño
Viernes, 21 de Junio del 2024.
El Código de Comercio ecuatoriano establece una serie de normas que regulan las relaciones entre vendedores y compradores en el ámbito mercantil. Estas disposiciones están diseñadas para garantizar que las mercaderías entregadas cumplan con las especificaciones del contrato y que no estén sujetas a reclamos o derechos de terceros. A continuación, analizamos los artículos 311 al 319, que abordan la conformidad de las mercaderías y las responsabilidades del vendedor y el comprador en relación con las pretensiones de terceros. Conformidad de las MercaderíasEl artículo 311 establece que las obligaciones mercantiles no pueden rescindirse por causa de lesión, salvo en los casos de compraventa de bienes inmuebles o en lo relacionado con los vicios redhibitorios contemplados en el Código Civil. Esto significa que, en general, las obligaciones derivadas de contratos mercantiles son de carácter firme y no pueden disolverse por la mera alegación de un perjuicio económico. Sin embargo, las mercaderías deben cumplir con lo pactado en el contrato.El artículo 312 exige que el vendedor entregue mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a lo estipulado en el contrato, y que estén adecuadamente envasadas o embaladas según lo pactado. Esta disposición es crucial, ya que asegura que el comprador reciba exactamente lo que acordó en términos de especificaciones y condiciones físicas.Además, el artículo 313 establece las condiciones de conformidad de las mercaderías, salvo que las partes acuerden lo contrario. Las mercaderías deben:- Ser aptas para el uso ordinario.- Ser aptas para cualquier uso especial que el comprador haya comunicado al vendedor.- Poseer las cualidades de la muestra o modelo presentado.- Estar adecuadamente envasadas o embaladas para su conservación y protección.Estas condiciones son fundamentales para garantizar que el comprador obtenga mercaderías adecuadas para su propósito, ya sea un uso general o específico. Responsabilidad del Vendedor y del CompradorEl artículo 314 limita la responsabilidad del vendedor en caso de que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la falta de conformidad en el momento de la celebración del contrato. Esto protege al vendedor de reclamos injustos si el comprador estaba al tanto de las deficiencias en las mercaderías.El artículo 315 amplía la responsabilidad del vendedor, ya que este es responsable de toda falta de conformidad que exista en el momento en que el riesgo se transmite al comprador. Incluso si la falta se manifiesta después de ese momento, el vendedor puede ser responsable si la inconformidad deriva del incumplimiento de sus obligaciones o de una garantía pactada.Este artículo también abarca las garantías que el vendedor podría haber otorgado, como que las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso ordinario o especial durante un período determinado. Así, el vendedor tiene la obligación de cumplir con cualquier promesa o expectativa razonable que se haya generado al momento de la transacción. El Derecho de Examen y la Pérdida del ReclamoEl artículo 316 impone al comprador la obligación de examinar las mercaderías dentro de los siete días posteriores a su entrega, salvo que se pacte lo contrario. Si el comprador no realiza el examen dentro de este plazo, podría perder el derecho a reclamar por inconformidad, a menos que haya circunstancias excepcionales, como el transporte prolongado de las mercaderías a su destino.El artículo 317 es claro al señalar que el comprador pierde el derecho a reclamar la inconformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor dentro del plazo indicado. Esto fomenta la diligencia del comprador al recibir las mercaderías, evitando demoras que puedan afectar a ambas partes. Derechos y Obligaciones del Comprador y del VendedorEl artículo 318 otorga al comprador la facultad de rechazar mercaderías que no sean conformes al contrato. No obstante, si el comprador acepta las mercaderías, la venta se considera consumada para los bienes recibidos. En estos casos, el comprador puede exigir al vendedor que entregue mercaderías acordes al contrato o, en su defecto, solicitar una indemnización por los perjuicios sufridos debido al incumplimiento.Finalmente, el artículo 319 establece que el vendedor debe entregar las mercaderías libres de gravámenes, derechos o pretensiones de terceros, salvo que el comprador acepte expresamente estas condiciones. Este artículo protege al comprador de posibles litigios o reclamos por terceros que puedan afectar su derecho de propiedad sobre las mercaderías adquiridas.Conclusión Estos artículos del Código de Comercio ecuatoriano buscan equilibrar los derechos y obligaciones de ambas partes en una transacción mercantil. Por un lado, se asegura que el comprador reciba las mercaderías conforme a lo pactado, y por otro lado, protege al vendedor de reclamos infundados, siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones contractuales. La claridad en las responsabilidades y derechos de las partes contribuye a una mayor seguridad jurídica en el comercio. Fuente: Código de Comercio. (2023).Registro Oficial Suplemento No.497.Ecuador. Blog escrito por la Consultora Camila ProañoViernes, 27 de Septiembre del 2024
Leer más...
IntroducciónLa legislación tributaria ecuatoriana contempla diversas herramientas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para garantizar una administración eficiente y justa de los tributos. Entre ellas, la compensación de deudas y créditos tributarios, prevista en el Art. 51 del Código Tributario, juega un rol fundamental en el alivio de la carga tributaria de los contribuyentes. Esta normativa establece la posibilidad de que las deudas tributarias sean compensadas con créditos líquidos a favor del contribuyente, generados por pagos en exceso o indebidos de tributos, siempre que estos sean reconocidos por la autoridad competente o por el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Este mecanismo busca un equilibrio entre las obligaciones fiscales del contribuyente y la justicia tributaria.DesarrolloEl Artículo 51 del Código Tributario establece que las deudas tributarias, es decir, las obligaciones pendientes de pago del contribuyente, pueden ser compensadas de manera total o parcial. Esto puede ocurrir de oficio, es decir, por iniciativa de la administración tributaria, o a petición de parte, es decir, por solicitud del propio contribuyente. Esta compensación se realizará únicamente si el contribuyente posee créditos líquidos, los cuales son montos claros y determinados que han sido pagados en exceso o indebidamente en concepto de tributos.Para que esta compensación sea válida, los créditos deben cumplir ciertos requisitos: 1. Reconocimiento del crédito: Los créditos deben haber sido reconocidos por la autoridad administrativa competente (como el Servicio de Rentas Internas - SRI) o, en caso de controversia, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Este reconocimiento es vital, ya que asegura que el crédito realmente existe y es exigible por el contribuyente. 2. Créditos no prescritos: Los créditos deben estar dentro del período de vigencia legal y no haber prescrito, es decir, deben ser exigibles dentro del tiempo establecido por la ley. 3. Administración por el mismo organismo: Los tributos involucrados, tanto las deudas como los créditos, deben ser administrados por el mismo organismo, lo que facilita la coordinación en la gestión y aplicación de la compensación. Este mecanismo resulta especialmente beneficioso para los contribuyentes que, debido a errores administrativos o situaciones particulares, han realizado pagos superiores a los exigidos por la ley. De este modo, no es necesario realizar trámites adicionales para solicitar la devolución del dinero, sino que se puede optar por una compensación directa que alivie de inmediato las obligaciones tributarias pendientes.ConclusiónLa compensación de deudas y créditos tributarios, regulada en el Art. 51 del Código Tributario ecuatoriano, es una herramienta eficaz que favorece tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes. Permite la optimización de recursos y la simplificación de procesos, reduciendo la carga administrativa y ofreciendo a los contribuyentes un mecanismo de justicia fiscal que les permite regularizar sus obligaciones sin recurrir a reembolsos complicados. Al mismo tiempo, refuerza la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, evitando que los contribuyentes paguen más de lo debido. Fuente: Código Tributario. (2023). Registro Oficial Suplemento 38. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Carolina VelascoMiércoles, 25 de Septiembre del 2024
Leer más...
El artículo 89 del COIP considera como delitos de lesa humanidad aquellos actos que se cometen en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, llevado a cabo por el Estado, una organización política o bajo su autorización, apoyo o aquiescencia. Estos delitos tienen una naturaleza especialmente grave, ya que buscan, en muchos casos, someter o destruir a grupos de personas mediante la comisión de crímenes atroces.Tipos de delitos de lesa humanidad en el COIPEl artículo especifica varios tipos de crímenes que caen bajo esta categoría, incluyendo:Ejecuciones extrajudiciales: Asesinatos cometidos sin un juicio previo o fuera del marco legal.Esclavitud: La privación de libertad y la explotación de seres humanos.Desplazamiento forzado de la población: El traslado de personas de sus hogares sin una justificación válida para proteger sus derechos.Privación ilegal o arbitraria de libertad: Detenciones sin justificación legal o fuera de los procesos judiciales establecidos.Tortura, violación sexual y prostitución forzada: Actos de violencia que afectan la integridad física y emocional de las personas, con el fin de someterlas o castigarlas.Inseminación no consentida y esterilización forzada: Violaciones a la integridad sexual y reproductiva de las víctimas.Desaparición forzada: Privar a una persona de su libertad y ocultar su paradero, lo que crea un estado de incertidumbre sobre su destino.Sanciones por delitos de lesa humanidadLa gravedad de estos delitos se refleja en la sanción impuesta por la ley ecuatoriana. Según el artículo 89 del COIP, los responsables de cometer alguno de estos delitos recibirán una pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Esta es una de las penas más severas dentro de la legislación ecuatoriana, lo que refleja el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la erradicación de actos que atenten contra la dignidad humana.En conclusión el reconocimiento y sanción de los delitos de lesa humanidad en el COIP refuerza la responsabilidad del Ecuador en la protección de los derechos fundamentales de su población. Este artículo no solo cumple con las normativas nacionales, sino también con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, envía un mensaje claro: el Estado y cualquier otra organización que atente contra la población civil será duramente castigada.Referencia Código Orgánico Integral Penal (2024). Registro Oficial Suplemento 180. EcuadorBlog escrito por la Consultora Emelin QuishpeLunes, 23 de Septiembre del 2024
Leer más...
El Código Civil establece normas claras sobre el reconocimiento de la filiación, regulando los derechos y obligaciones entre padres e hijos, y las implicaciones legales en cuanto a herencias y otros derechos patrimoniales. La filiación no solo establece la relación biológica entre padres e hijos, sino también las responsabilidades y derechos jurídicos que de esta relación se derivan. Formas de Establecimiento de la FiliaciónEl Artículo 24 del Código Civil define las formas en que se puede establecer la filiación, y por lo tanto, las paternidad y maternidad:1. Filiación por matrimonio o unión de hecho: Si una persona es concebida dentro del matrimonio legítimo (o putativo) de sus padres, o dentro de una unión de hecho estable y monogámica reconocida legalmente, automáticamente se establece la filiación. Este tipo de filiación tiene un peso fuerte en el ordenamiento jurídico porque no requiere reconocimiento explícito, sino que se infiere del estado civil de los padres en el momento de la concepción del hijo.2. Reconocimiento voluntario: Si no existe matrimonio entre los padres, la filiación puede establecerse mediante el reconocimiento voluntario por parte del padre o la madre, o de ambos. Este reconocimiento es un acto formal mediante el cual uno de los progenitores reconoce legalmente al hijo como suyo.3. Declaración judicial: Finalmente, si no se ha dado el reconocimiento voluntario, la filiación puede ser declarada judicialmente. Este procedimiento ocurre cuando se presenta una demanda que busca establecer la filiación a través de un proceso judicial, normalmente basado en pruebas como el ADN. Impugnación de la FiliaciónEl artículo 233A del Código Civil regula la impugnación de la filiación, ya sea de paternidad o maternidad. Esta acción puede ser ejercida por varias personas según el artículo:1. El verdadero padre o madre: Si una persona se considera el verdadero progenitor del hijo y desea impugnar la filiación de quien está registrado como tal, puede iniciar el proceso de impugnación.2. El hijo: El propio hijo tiene derecho a impugnar la filiación si existen razones para dudar de la veracidad del parentesco registrado.3. La persona registrada como padre o madre: El padre o madre que está registrado legalmente también tiene el derecho de impugnar la filiación, si considera que dicha filiación es incorrecta o falsa.4. Personas con derechos sucesorios: Las personas que podrían verse perjudicadas en sus derechos de herencia por una filiación incorrecta pueden impugnar la filiación dentro de un plazo de 180 días contados desde la defunción del padre o madre. Este plazo es crucial, ya que limita el tiempo en el que los herederos pueden intentar corregir la filiación para proteger sus derechos patrimoniales. Restricción al Reconocimiento VoluntarioEl artículo 242A establece una limitación importante al reconocimiento voluntario de la filiación. No se admitirá ningún reconocimiento voluntario que contradiga una filiación ya existente. En caso de que un reconocimiento de este tipo se realice, no podrá inscribirse, y si de hecho se llegara a inscribir, dicha inscripción sería nula. Este artículo protege la estabilidad del estado civil y busca evitar conflictos entre distintos reconocimientos de filiación, asegurando que no haya confusión en el registro civil. Pruebas de ADN en Juicios de FiliaciónEl artículo 258 establece que, en caso de una demanda de investigación de filiación, si el demandado niega la paternidad o maternidad, el actor puede solicitar al juez la realización de una prueba de ADN. En este contexto, si el demandado se niega a someterse a dicha prueba, la filiación será presumida de hecho. Esta norma es crucial en los litigios sobre filiación, ya que otorga un peso probatorio significativo a las pruebas genéticas, asegurando que el proceso sea justo y basado en evidencia científica. Sucesión y FiliaciónEl artículo 1030 del Código Civil aborda la sucesión hereditaria en caso de que el difunto no haya dejado descendencia. En este caso, la herencia se divide entre los ascendientes más cercanos y el cónyuge. La filiación juega un papel importante aquí, ya que si la filiación del difunto solo está establecida con respecto a uno de los padres, ese padre recibirá la porción correspondiente. Si ambos padres tienen filiación establecida, la herencia se divide equitativamente entre ellos. Además, si hay varios ascendientes en el mismo grado, la herencia se divide por partes iguales entre ellos. Este artículo muestra cómo la filiación influye directamente en los derechos sucesorios, afectando la distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona. ConclusiónEl establecimiento de la filiación según el Código Civil tiene un impacto significativo en la vida de las personas, tanto desde el punto de vista de los derechos personales como de los patrimoniales. Los mecanismos de reconocimiento voluntario, judicial y las impugnaciones, junto con la importancia de las pruebas genéticas, aseguran que la filiación sea un reflejo lo más preciso posible de la realidad biológica y social. La filiación, además, influye directamente en los derechos sucesorios, regulando quiénes tienen derecho a heredar en función de la relación jurídica entre padres e hijos. Fuente: Código Civil. (2024).Registro Oficial Suplemento No.46. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila Proaño Viernes, 20 de Septiembre del 2024.
Leer más...
Requisitos y Limitaciones:El Código de Comercio ecuatoriano establece una serie de disposiciones relacionadas con la CAPACIDAD MERCANTIL, es decir, quiénes están habilitados legalmente para ejercer actividades comerciales o empresariales. Estas disposiciones buscan proteger a los menores, personas con capacidades limitadas y otros grupos vulnerables, al tiempo que definen responsabilidades claras para quienes participan en el comercio. 1. Capacidad General para Ejercer Actividad Mercantil El Artículo 39 del Código de Comercio señala que cualquier persona que tenga capacidad para contratar según las disposiciones del Código Civil puede ejercer actividades mercantiles o comerciales. No obstante, para ciertos tipos de empresas o actividades específicas, la ley puede imponer requisitos adicionales. Esto asegura que solo quienes cumplan con ciertas cualificaciones puedan operar en áreas comerciales que requieran habilidades o certificaciones específicas. 2. Restricciones para Ejercer el Comercio El Artículo 40 introduce limitaciones para ciertas personas. No pueden actuar como comerciantes o empresarios: a) Los servidores públicos a quienes la ley prohíbe realizar actividades comerciales o empresariales. Esto tiene como fin evitar conflictos de interés y garantizar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones. b) Los quebrados e insolventes que no han obtenido su rehabilitación. Esta medida protege a los acreedores y al sistema financiero de la participación de personas que han demostrado ser incapaces de gestionar sus obligaciones comerciales. 3. Capacidad de los Menores y Personas Bajo Guarda El Artículo 41 aclara que las personas que no tienen capacidad para contratar bajo las leyes comunes tampoco pueden ejercer actividades comerciales, con ciertas excepciones que se detallan en los artículos siguientes. El Artículo 42 establece que los menores emancipados, es decir, aquellos que han sido legalmente liberados de la autoridad parental, pueden ejercer actividades comerciales bajo las limitaciones establecidas por la legislación civil. Además, los menores no emancipados pueden tener intereses en empresas mercantiles (ya sea por donación, herencia, legado u otros medios), pero dichas actividades serán gestionadas a través de su representante legal. 4. Responsabilidad de los Comerciantes El Artículo 43 impone una responsabilidad significativa sobre los comerciantes y empresarios, quienes responderán por sus obligaciones comerciales con todos sus bienes presentes y futuros, a excepción de los bienes inembargables conforme a las leyes civiles. Esto subraya la seriedad con la que el legislador trata las obligaciones derivadas de las actividades comerciales. 5. Actos Comerciales y Responsabilidad conyugal El Artículo 44 trata sobre la responsabilidad compartida en el caso de los cónyuges. Si no hay disolución de la sociedad conyugal o capitulaciones matrimoniales que separen los bienes del cónyuge comerciante, los actos mercantiles de uno de los cónyuges obligan a la sociedad conyugal. Si existen acuerdos que excluyen los bienes del comercio, solo el comerciante será responsable de sus actos con sus bienes propios. 6. Ejercicio del Comercio por Menores Emancipados El Artículo 45 establece que los menores emancipados que cumplen con la edad mínima para trabajar pueden ejercer el comercio siempre que tengan la autorización de su tutor. Esta autorización puede ser formalizada mediante escritura pública y registrada, pero se presume que existe si el menor ejerce públicamente el comercio sin que haya oposición de su tutor. 7. Capacidad Plena de los Menores Autorizados Según el Artículo 46, los menores emancipados autorizados para trabajar son considerados plenamente capaces en el ámbito comercial. Pueden, por ejemplo, comparecer en juicios y realizar actos importantes, como hipotecar o vender bienes inmuebles, con las formalidades requeridas por la ley. 8. Obligaciones de los Menores Administradores de Peculio Finalmente, el Artículo 47 aclara que los menores que administran su peculio profesional (es decir, sus recursos personales) están sujetos a las leyes de comercio, y solo responderán por sus actos comerciales hasta el monto de dicho peculio. Conclusión El Código de Comercio regula detalladamente la capacidad mercantil, asegurando que quienes participen en el ámbito empresarial cumplan con los requisitos legales y se responsabilicen adecuadamente de sus actos. Estas disposiciones buscan proteger tanto a los comerciantes como a las personas con las que interactúan en el curso de sus actividades, manteniendo un equilibrio entre la capacidad individual y las responsabilidades legales. Fuente: Código de Comercio.(2023).Registro Oficial Suplemento No.497.Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoMiércoles, 18 de Septiembre del 2024.
Leer más...
En la actualidad, la responsabilidad ambiental es uno de los temas más cruciales en el ámbito del derecho, especialmente en países con tanta biodiversidad y riqueza natural como Ecuador. La legislación ecuatoriana ha establecido un marco normativo sólido para proteger el medio ambiente y garantizar que quienes causen daños ambientales asuman sus responsabilidades. Uno de los artículos más importantes en este sentido es el Artículo 290 del Código del Ambiente de Ecuador, que aborda la atribución de responsabilidad por la generación de daños ambientales.Atribución de Responsabilidad Ambiental en EcuadorEl Artículo 290 establece las reglas y principios bajo los cuales se determina quién es responsable de los daños al medio ambiente. Esta normativa es crucial, ya que asegura que tanto personas naturales como jurídicas, que realicen actividades económicas que causen perjuicios a la naturaleza, rindan cuentas por sus acciones.1. Responsabilidad extendida en grupos empresarialesSi una persona jurídica (empresa) es parte de un grupo de sociedades, y alguna de estas empresas causa daños ambientales, la responsabilidad puede extenderse a la sociedad matriz, siempre y cuando esta tenga capacidad de decisión sobre las otras compañías del grupo. Esto es particularmente importante en casos donde se detectan fraudes o abusos a la ley por parte de estas empresas. De esta manera, se evita que las empresas eludan responsabilidades escudándose detrás de estructuras corporativas complejas.2. Responsabilidad de los administradoresEl Código del Ambiente no solo señala a las empresas, sino también a las personas naturales o jurídicas que tengan control sobre la actividad que causa el daño. Esto incluye a los administradores y representantes legales de las empresas, quienes serán responsables solidariamente por los daños ambientales generados durante su gestión. Esta disposición es una llamada de atención para que quienes están al frente de las compañías actúen de manera ética y responsable.3. Responsabilidad solidaria entre causantesEn los casos en que varias personas o entidades sean responsables de un mismo daño ambiental, la normativa establece que la responsabilidad será solidaria. Esto significa que cualquiera de los involucrados puede ser obligado a asumir el total de la responsabilidad, aunque luego pueda reclamar a los demás responsables su parte correspondiente. Este principio busca garantizar que no haya impunidad en casos donde múltiples actores causen un daño conjunto.4. Responsabilidad heredadaEl artículo también contempla la eventualidad de la muerte de la persona natural responsable de los daños. En estos casos, las obligaciones económicas pendientes no desaparecen, sino que se transmiten de acuerdo a la ley. Esto asegura que los daños causados no queden sin respuesta, incluso si el responsable fallece.5. Extinción de la persona jurídicaFinalmente, si una empresa responsable de daños ambientales se extingue, sus socios o accionistas deberán asumir las obligaciones económicas pendientes. Esta disposición es clave para evitar que las empresas se disuelvan con el fin de evitar pagar por los daños que hayan causado.En conclusión el Código del Ambiente de Ecuador, y en particular su Artículo 290, establece un marco robusto para garantizar que quienes causen daños ambientales asuman su responsabilidad. Este enfoque es esencial para la protección del medio ambiente en un país tan biodiverso como Ecuador. La responsabilidad solidaria, la transmisión de obligaciones y la posibilidad de extender la responsabilidad a sociedades matrices son mecanismos que refuerzan la protección ambiental y evitan que las empresas o personas puedan eludir sus obligaciones.Como ciudadanos y empresas, es fundamental tomar conciencia de la importancia de estas normativas y trabajar en pro de un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el entorno natural. La naturaleza es un patrimonio de todos, y su preservación es una responsabilidad compartida.Referencia Código del Ambiente (2024). Registro oficial Suplemento 983Blog escrito por la Consultora Emelin QuishpeLunes, 16 de Septiembre del 2024
Leer más...
