LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN ECUADOR

Los artículos 30 al 35 de este reglamento regulan aspectos esenciales de la actividad pericial, diferenciando los procedimientos aplicables a los procesos no penales y penales, así como las circunstancias excepcionales en las que procede designar expertos fuera del registro ordinario.

1. Designación de peritos en los procesos judiciales

El artículo 30 establece que la designación de peritos puede realizarse de oficio por la autoridad competente o a petición de parte, atendiendo a la especialidad requerida. En los procesos no penales, esta atribución corresponde a las juezas y los jueces, de conformidad con las reglas del Código Orgánico General de Procesos y del propio reglamento.

Una de las situaciones previstas ocurre cuando una de las partes justifica que no tiene acceso al objeto de la pericia. En este supuesto, deberá solicitar su práctica en la demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda, para que la autoridad judicial ordene la diligencia y designe al perito mediante sorteo en la especialidad solicitada.

Como regla general para este supuesto, los costos de la pericia serán asumidos por la parte solicitante, mientras que los honorarios del profesional designado serán fijados por la autoridad competente conforme al reglamento.

No obstante, se contempla una excepción para las personas representadas por la Defensoría Pública que acrediten, mediante certificación, pertenecer a los quintiles de la población de escasos recursos económicos. En estos casos, la designación se realizará por sorteo y los honorarios del peritaje podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura.

2. Peritajes contradictorios y designación de un nuevo experto

El artículo 30 también contempla la posibilidad de ordenar excepcionalmente un nuevo peritaje cuando los informes presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes respecto de un mismo hecho y, después del debate entre los peritos, persistan dudas en la autoridad judicial.

Esta disposición permite atender situaciones en las que las conclusiones técnicas de los expertos no ofrecen elementos suficientes para que el juzgador esclarezca los hechos discutidos. Sin embargo, la designación de un nuevo perito no constituye una actuación automática ante cualquier diferencia entre informes, sino una medida excepcional sujeta a las condiciones previstas en la norma.

La designación se efectuará mediante sorteo, y los honorarios y gastos correspondientes podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura. Por tanto, la procedencia de esta medida depende de la existencia de contradicciones o divergencias relevantes y de la persistencia de dudas judiciales luego del debate pericial.

3. El sorteo y la disponibilidad de peritos según la especialidad

La designación por sorteo debe efectuarse a través del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, considerando la especialidad requerida y los honorarios y gastos previstos en la tabla del reglamento.

Cuando no existan peritos disponibles en el cantón correspondiente, el procedimiento contempla una ampliación progresiva del ámbito territorial de búsqueda: primero, hacia los cantones más cercanos; posteriormente, al registro provincial y, de ser necesario, a los registros de las provincias limítrofes. Si tampoco existieren profesionales disponibles en estos últimos registros, podrá designarse directamente a un perito del registro nacional, previa consulta a la dirección provincial correspondiente, que coordinará con la administración del Sistema Pericial.

En materia penal, cuando se presenten estos escenarios, el fiscal deberá consultar previamente con la Dirección de Investigación de la Fiscalía General del Estado encargada para el efecto.

Estas reglas buscan atender la necesidad de contar con profesionales idóneos incluso cuando la especialidad requerida no se encuentre disponible en la jurisdicción donde se sustancia la causa.

4. Designación de expertos extraordinarios

El artículo 31 regula los casos en los que el registro nacional de peritos del Consejo de la Judicatura no cuenta con un profesional para la experticia solicitada. Ante esta situación, la jueza, el juez o el fiscal, según corresponda, deberá consultar previamente con la dependencia competente en la materia, que remitirá una terna de expertos o profesionales, conforme a las normas procesales aplicables.

En los procesos no penales, la terna remitida por la dirección provincial correspondiente del Consejo de la Judicatura deberá contar previamente con la validación de la administración del Sistema Pericial, dentro del término de cinco días contado desde la petición formulada por la autoridad judicial.

Una vez cumplido este requisito, la autoridad competente procederá a designar al experto, observando los criterios de especialidad y la experticia requerida para la diligencia.

En consecuencia, la inexistencia de un perito en el registro ordinario no impide necesariamente la práctica de la prueba, pero exige seguir el procedimiento previsto para identificar y validar a un profesional que reúna los conocimientos necesarios.

5. Designación de peritos en materia penal y participación de servidores públicos

El artículo 32 establece un procedimiento específico para la Fiscalía General del Estado. Durante la fase preprocesal o procesal penal, la Fiscalía solicitará la designación de peritos a la Dirección de Investigaciones de la propia institución, dependencia que deberá efectuar obligatoriamente el sorteo mediante el Sistema Pericial Integral.

Por su parte, el artículo 33 regula la intervención de peritos pertenecientes a instituciones del sector público. Estos profesionales deberán actuar conforme a su perfil profesional y a las necesidades de la materia objeto de controversia.

La norma contempla, además, determinados supuestos en los que la autoridad judicial podrá designar directamente como peritos a servidores judiciales, profesionales de instituciones del sistema de salud pública y miembros de la Policía Nacional del Ecuador, siempre que se encuentren previamente calificados para desarrollar esta labor. Esta posibilidad se aplica en procesos de familia, mujer, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, procesos sustanciados en las unidades de flagrancia y otros que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura.

En el ámbito penal, cuando el fiscal requiera peritos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de otras instituciones u organismos públicos, solicitará directamente su designación a las respectivas entidades. Asimismo, los servidores públicos designados deberán contar con los permisos necesarios de sus unidades o direcciones de talento humano para cumplir sus funciones como asuntos oficiales.

6. Constancia de designación y aceptación del encargo pericial

El artículo 34 dispone que, al momento de designar a un perito, deberá dejarse constancia de su código en el Sistema Pericial Integral. Incluso en los casos excepcionales en los que el experto no cuente con código de calificación, su designación deberá registrarse en el sistema.

La disposición también establece una consecuencia frente a la negativa injustificada del profesional a aceptar el encargo. En tal supuesto, la jueza, el juez o el fiscal dejará constancia de lo ocurrido en el sistema y designará inmediatamente, de oficio, a un nuevo perito, conforme a los principios, criterios y procedimientos del reglamento.

Esta regla permite dar continuidad a la actuación pericial y evitar que una negativa injustificada paralice innecesariamente la práctica de la diligencia.

7. El apoyo institucional para el cumplimiento de la pericia

Finalmente, el artículo 35 reconoce que los peritos pueden solicitar a la autoridad competente que los designó que requiera la colaboración necesaria de entidades públicas o privadas para cumplir adecuadamente sus funciones. Esta colaboración puede incluir el apoyo de la fuerza pública cuando resulte necesario.

La disposición evidencia que el trabajo pericial no depende exclusivamente de los conocimientos técnicos del profesional, sino también de las condiciones materiales e institucionales que permitan ejecutar la diligencia. Por ello, cuando existan obstáculos para acceder a información, bienes, lugares u otros elementos necesarios para la experticia, el perito podrá solicitar la intervención de la autoridad que dispuso su designación, dentro del marco de sus atribuciones.

Los artículos 30 al 35 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establecen un marco procedimental para la designación de peritos, la selección de expertos extraordinarios, la intervención de profesionales del sector público y el apoyo institucional requerido para la ejecución de las diligencias.

Para los abogados que intervienen en procesos judiciales, conocer estas reglas permite identificar cuándo corresponde solicitar una pericia, en qué momento procesal debe plantearse la petición, quién debe asumir sus costos y bajo qué condiciones puede requerirse un nuevo informe técnico.

En definitiva, la correcta aplicación de estas disposiciones contribuye a que la prueba pericial se practique con criterios de especialidad, conforme al procedimiento establecido y con las condiciones necesarias para aportar elementos técnicos relevantes a la resolución de la controversia.

Fuente: Consejo de la Judicatura. (2024). Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, Resolución 216-2024.

Blog escrito por la Abg. Camila Proaño
Martes, 10 de Noviembre del 2026

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LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN ECUADOR

La prueba pericial constituye un elemento relevante dentro de los procesos judiciales, pues permite incorporar conocimientos técnicos, científicos o especializados que contribuyen a esclarecer los hechos controvertidos. Para garantizar que esta prueba se practique de manera adecuada, el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establece reglas específicas sobre la designación de peritos, la intervención de expertos extraordinarios, la participación de profesionales del sector público y los mecanismos de apoyo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.Los artículos 30 al 35 de este reglamento regulan aspectos esenciales de la actividad pericial, diferenciando los procedimientos aplicables a los procesos no penales y penales, así como las circunstancias excepcionales en las que procede designar expertos fuera del registro ordinario.1. Designación de peritos en los procesos judicialesEl artículo 30 establece que la designación de peritos puede realizarse de oficio por la autoridad competente o a petición de parte, atendiendo a la especialidad requerida. En los procesos no penales, esta atribución corresponde a las juezas y los jueces, de conformidad con las reglas del Código Orgánico General de Procesos y del propio reglamento.Una de las situaciones previstas ocurre cuando una de las partes justifica que no tiene acceso al objeto de la pericia. En este supuesto, deberá solicitar su práctica en la demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda, para que la autoridad judicial ordene la diligencia y designe al perito mediante sorteo en la especialidad solicitada.Como regla general para este supuesto, los costos de la pericia serán asumidos por la parte solicitante, mientras que los honorarios del profesional designado serán fijados por la autoridad competente conforme al reglamento.No obstante, se contempla una excepción para las personas representadas por la Defensoría Pública que acrediten, mediante certificación, pertenecer a los quintiles de la población de escasos recursos económicos. En estos casos, la designación se realizará por sorteo y los honorarios del peritaje podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura.2. Peritajes contradictorios y designación de un nuevo expertoEl artículo 30 también contempla la posibilidad de ordenar excepcionalmente un nuevo peritaje cuando los informes presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes respecto de un mismo hecho y, después del debate entre los peritos, persistan dudas en la autoridad judicial.Esta disposición permite atender situaciones en las que las conclusiones técnicas de los expertos no ofrecen elementos suficientes para que el juzgador esclarezca los hechos discutidos. Sin embargo, la designación de un nuevo perito no constituye una actuación automática ante cualquier diferencia entre informes, sino una medida excepcional sujeta a las condiciones previstas en la norma.La designación se efectuará mediante sorteo, y los honorarios y gastos correspondientes podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura. Por tanto, la procedencia de esta medida depende de la existencia de contradicciones o divergencias relevantes y de la persistencia de dudas judiciales luego del debate pericial.3. El sorteo y la disponibilidad de peritos según la especialidadLa designación por sorteo debe efectuarse a través del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, considerando la especialidad requerida y los honorarios y gastos previstos en la tabla del reglamento.Cuando no existan peritos disponibles en el cantón correspondiente, el procedimiento contempla una ampliación progresiva del ámbito territorial de búsqueda: primero, hacia los cantones más cercanos; posteriormente, al registro provincial y, de ser necesario, a los registros de las provincias limítrofes. Si tampoco existieren profesionales disponibles en estos últimos registros, podrá designarse directamente a un perito del registro nacional, previa consulta a la dirección provincial correspondiente, que coordinará con la administración del Sistema Pericial.En materia penal, cuando se presenten estos escenarios, el fiscal deberá consultar previamente con la Dirección de Investigación de la Fiscalía General del Estado encargada para el efecto.Estas reglas buscan atender la necesidad de contar con profesionales idóneos incluso cuando la especialidad requerida no se encuentre disponible en la jurisdicción donde se sustancia la causa.4. Designación de expertos extraordinariosEl artículo 31 regula los casos en los que el registro nacional de peritos del Consejo de la Judicatura no cuenta con un profesional para la experticia solicitada. Ante esta situación, la jueza, el juez o el fiscal, según corresponda, deberá consultar previamente con la dependencia competente en la materia, que remitirá una terna de expertos o profesionales, conforme a las normas procesales aplicables.En los procesos no penales, la terna remitida por la dirección provincial correspondiente del Consejo de la Judicatura deberá contar previamente con la validación de la administración del Sistema Pericial, dentro del término de cinco días contado desde la petición formulada por la autoridad judicial.Una vez cumplido este requisito, la autoridad competente procederá a designar al experto, observando los criterios de especialidad y la experticia requerida para la diligencia.En consecuencia, la inexistencia de un perito en el registro ordinario no impide necesariamente la práctica de la prueba, pero exige seguir el procedimiento previsto para identificar y validar a un profesional que reúna los conocimientos necesarios.5. Designación de peritos en materia penal y participación de servidores públicosEl artículo 32 establece un procedimiento específico para la Fiscalía General del Estado. Durante la fase preprocesal o procesal penal, la Fiscalía solicitará la designación de peritos a la Dirección de Investigaciones de la propia institución, dependencia que deberá efectuar obligatoriamente el sorteo mediante el Sistema Pericial Integral.Por su parte, el artículo 33 regula la intervención de peritos pertenecientes a instituciones del sector público. Estos profesionales deberán actuar conforme a su perfil profesional y a las necesidades de la materia objeto de controversia.La norma contempla, además, determinados supuestos en los que la autoridad judicial podrá designar directamente como peritos a servidores judiciales, profesionales de instituciones del sistema de salud pública y miembros de la Policía Nacional del Ecuador, siempre que se encuentren previamente calificados para desarrollar esta labor. Esta posibilidad se aplica en procesos de familia, mujer, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, procesos sustanciados en las unidades de flagrancia y otros que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura.En el ámbito penal, cuando el fiscal requiera peritos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de otras instituciones u organismos públicos, solicitará directamente su designación a las respectivas entidades. Asimismo, los servidores públicos designados deberán contar con los permisos necesarios de sus unidades o direcciones de talento humano para cumplir sus funciones como asuntos oficiales.6. Constancia de designación y aceptación del encargo pericialEl artículo 34 dispone que, al momento de designar a un perito, deberá dejarse constancia de su código en el Sistema Pericial Integral. Incluso en los casos excepcionales en los que el experto no cuente con código de calificación, su designación deberá registrarse en el sistema.La disposición también establece una consecuencia frente a la negativa injustificada del profesional a aceptar el encargo. En tal supuesto, la jueza, el juez o el fiscal dejará constancia de lo ocurrido en el sistema y designará inmediatamente, de oficio, a un nuevo perito, conforme a los principios, criterios y procedimientos del reglamento.Esta regla permite dar continuidad a la actuación pericial y evitar que una negativa injustificada paralice innecesariamente la práctica de la diligencia.7. El apoyo institucional para el cumplimiento de la periciaFinalmente, el artículo 35 reconoce que los peritos pueden solicitar a la autoridad competente que los designó que requiera la colaboración necesaria de entidades públicas o privadas para cumplir adecuadamente sus funciones. Esta colaboración puede incluir el apoyo de la fuerza pública cuando resulte necesario.La disposición evidencia que el trabajo pericial no depende exclusivamente de los conocimientos técnicos del profesional, sino también de las condiciones materiales e institucionales que permitan ejecutar la diligencia. Por ello, cuando existan obstáculos para acceder a información, bienes, lugares u otros elementos necesarios para la experticia, el perito podrá solicitar la intervención de la autoridad que dispuso su designación, dentro del marco de sus atribuciones.Los artículos 30 al 35 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establecen un marco procedimental para la designación de peritos, la selección de expertos extraordinarios, la intervención de profesionales del sector público y el apoyo institucional requerido para la ejecución de las diligencias.Para los abogados que intervienen en procesos judiciales, conocer estas reglas permite identificar cuándo corresponde solicitar una pericia, en qué momento procesal debe plantearse la petición, quién debe asumir sus costos y bajo qué condiciones puede requerirse un nuevo informe técnico.En definitiva, la correcta aplicación de estas disposiciones contribuye a que la prueba pericial se practique con criterios de especialidad, conforme al procedimiento establecido y con las condiciones necesarias para aportar elementos técnicos relevantes a la resolución de la controversia. Fuente: Consejo de la Judicatura. (2024). Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, Resolución 216-2024.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 10 de Noviembre del 2026

LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS CONTRATOS EN ECUADOR

La transformación digital ha modificado la forma en que las personas y las empresas celebran contratos, permitiendo que numerosas operaciones se realicen sin necesidad de acudir físicamente a un establecimiento o suscribir documentos en papel. En este contexto, la firma electrónica constituye una herramienta jurídica que facilita la identificación de los firmantes, permite expresar su voluntad y contribuye a la celebración de negocios por medios digitales.En Ecuador, su utilización se encuentra regulada principalmente por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Esta normativa reconoce efectos jurídicos a la firma electrónica y establece condiciones para su validez, sin eliminar los requisitos que las leyes exigen para determinados contratos. Por ello, el principal desafío jurídico consiste en garantizar que la contratación electrónica respete la voluntad de las partes, la seguridad de la información y los derechos de quienes intervienen en el negocio.ü Concepto:La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos asociados a un mensaje de datos que permite identificar al titular y expresar su aprobación respecto de la información contenida en él. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su función consiste en relacionar al firmante con el documento y manifestar que reconoce y aprueba su contenido.En materia contractual, permite que las partes suscriban acuerdos mediante documentos electrónicos, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Su importancia radica en que facilita la contratación a distancia y permite conservar evidencia electrónica de las declaraciones realizadas.ü Características:La firma electrónica presenta las siguientes características: Identificación: permite vincular la firma con una persona determinada. Autenticidad: facilita la comprobación de la autoría del documento mediante mecanismos técnicos de verificación. Integridad: permite comprobar si el documento firmado ha sido alterado, de acuerdo con las características del sistema utilizado. Manifestación de voluntad: expresa la aprobación del firmante respecto del contenido al que se encuentra asociada. Valor jurídico: puede producir los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme al artículo 14 de la ley. Admisibilidad probatoria: puede presentarse como prueba en un proceso judicial. Seguridad: exige medidas para proteger los datos de creación de la firma y evitar su utilización no autorizada. Estas características contribuyen a la confianza en la contratación electrónica, aunque la validez de cada operación también depende de la capacidad de las partes, el consentimiento, el objeto, la causa y las formalidades que correspondan al contrato.ü Normativa ecuatoriana:La regulación de la firma electrónica se encuentra principalmente en las siguientes disposiciones:Constitución de la República del Ecuador. El artículo 66, numeral 19, reconoce el derecho a la protección de datos personales, relevante cuando la contratación electrónica implica el tratamiento de información de los firmantes. Asimismo, el artículo 76 establece garantías del debido proceso que pueden resultar pertinentes cuando la autenticidad de una firma o de un documento se discute judicialmente.Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Artículo 2: reconoce a los mensajes de datos igual valor jurídico que a los documentos escritos, bajo las condiciones previstas en la ley. Artículo 13: define la firma electrónica. Artículo 14: reconoce a la firma electrónica igual validez y efectos jurídicos que a la firma manuscrita y admite su utilización como prueba judicial. Artículo 15: establece los requisitos de validez de la firma electrónica, incluidos la vinculación con su titular, la posibilidad de verificar su identidad y la seguridad del método empleado. Artículo 16: establece que la firma debe formar parte del mensaje de datos o estar lógicamente asociada a él y contempla la presunción de voluntad del emisor. Artículo 17: establece obligaciones para el titular, entre ellas mantener la firma bajo su control y adoptar medidas para evitar su uso no autorizado. Artículo 45: reconoce la validez de los contratos instrumentados mediante mensajes de datos. Artículo 46: dispone que el perfeccionamiento de los contratos electrónicos se somete a los requisitos y solemnidades legales correspondientes. Estas disposiciones demuestran que el uso de medios electrónicos no constituye, por sí solo, una razón para negar la validez de un contrato. Sin embargo, tampoco significa que cualquier documento digital firmado sea automáticamente válido: deben verificarse los requisitos legales aplicables al negocio concreto.ü La firma electrónica en la celebración de contratos:La firma electrónica puede utilizarse en distintos contratos civiles y mercantiles, como acuerdos de prestación de servicios, contratos comerciales y determinados convenios celebrados entre empresas o particulares. Permite que las partes manifiesten su consentimiento sin coincidir físicamente en un mismo lugar.Para que el contrato produzca los efectos jurídicos correspondientes, deben concurrir los requisitos generales de validez contractual y las formalidades especiales que resulten aplicables. Por ejemplo, la firma electrónica no elimina la necesidad de cumplir una solemnidad legal cuando la ley exige una forma determinada para la celebración de un negocio.En consecuencia, es importante diferenciar entre la firma electrónica como mecanismo de identificación y manifestación de voluntad, y el contrato como acuerdo jurídico que genera obligaciones. La primera contribuye a demostrar la suscripción del documento, mientras que la validez del segundo depende del cumplimiento de las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico.ü Caso práctico:Una empresa ecuatoriana celebra un contrato de prestación de servicios con un profesional independiente. Ambas partes reciben el documento por medios electrónicos y lo suscriben utilizando sus firmas electrónicas. Posteriormente, la empresa se niega a pagar los honorarios acordados y sostiene que el contrato no tiene validez porque nunca se firmó físicamente.En este supuesto, el profesional puede invocar el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que reconoce los efectos jurídicos de la firma electrónica, y el artículo 45, que reconoce la validez de los contratos instrumentados mediante mensajes de datos.Si se cumplen los requisitos legales y se demuestra la autenticidad del documento y el consentimiento de las partes, la ausencia de una firma manuscrita no constituye, por sí sola, una razón suficiente para desconocer el contrato. No obstante, la exigibilidad de las obligaciones dependerá también de las cláusulas pactadas, de la prueba disponible y de las normas aplicables al caso.ü Riesgos y dificultades jurídicas:A pesar de sus ventajas, la contratación electrónica presenta problemas que requieren atención jurídica.Uno de los principales riesgos es el uso no autorizado de una firma electrónica. Si un tercero obtiene los datos de creación de la firma y los utiliza para suscribir un documento, puede surgir una controversia sobre la identidad del firmante y la existencia de consentimiento. En estos casos, deben examinarse los mecanismos de autenticación, los registros técnicos disponibles y las circunstancias de la operación.Otro problema es la alteración del documento después de su suscripción. Si se modifica el contenido contractual, puede ser necesario verificar la integridad del archivo y determinar si las partes aceptaron las cláusulas discutidas.También pueden surgir dificultades cuando una persona firma electrónicamente en nombre de una compañía sin contar con facultades suficientes de representación. La existencia de una firma válida no demuestra, por sí sola, que su titular tenga autorización para obligar a una persona jurídica.Por ello, la seguridad jurídica exige verificar tanto la firma como la identidad, la capacidad y las facultades de quienes intervienen en la contratación.ü Observación jurídica:La firma electrónica fortalece la contratación moderna al facilitar las operaciones y reducir la dependencia de documentos físicos. Sin embargo, su reconocimiento legal no debe confundirse con una garantía absoluta de autenticidad o consentimiento en cualquier circunstancia.El problema jurídico aparece cuando una persona desconoce la firma, alega que sus datos fueron utilizados por un tercero o sostiene que el documento fue alterado. En tales casos, el análisis debe centrarse en la autenticidad de la firma, la integridad del documento, la voluntad contractual y el cumplimiento de las formalidades legales.Por tanto, el desafío consiste en armonizar la eficiencia tecnológica con la protección de los derechos de las partes. La contratación electrónica debe ofrecer agilidad, pero también mecanismos adecuados para verificar la identidad, conservar la documentación y resolver controversias.ü Importancia jurídica:La firma electrónica es importante porque facilita la celebración de contratos a distancia, contribuye a la eficiencia de las relaciones comerciales y permite utilizar documentos electrónicos con efectos jurídicos reconocidos por la legislación ecuatoriana.Además, su regulación fortalece la seguridad jurídica al establecer requisitos para verificar la identidad del firmante y reconocer los documentos electrónicos como elementos que pueden ser valorados en procesos judiciales. Su uso responsable exige, sin embargo, proteger las credenciales de firma y conservar los documentos originales junto con los elementos necesarios para verificar su autenticidad.En conclusión, la firma electrónica constituye una herramienta jurídica fundamental para la contratación en el Ecuador, pues permite manifestar la voluntad de las partes mediante medios digitales y facilita la celebración de negocios sin presencia física. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos reconoce sus efectos jurídicos y establece condiciones para su validez y utilización como prueba.No obstante, su utilización no elimina los requisitos generales de los contratos ni las formalidades especiales exigidas por la ley. En consecuencia, la validez de un contrato suscrito electrónicamente debe analizarse considerando la autenticidad de la firma, el consentimiento de las partes, la capacidad, la representación y el cumplimiento de las disposiciones aplicables. De esta manera, la firma electrónica contribuye a modernizar las relaciones jurídicas sin dejar de lado la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contratantes. Referencias: Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ecuador. (2002, con reformas posteriores). Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Registro Oficial Suplemento No. 557, de 17 de abril de 2002. Ecuador. Código Orgánico Administrativo, artículos 90 y 94, en lo pertinente al gobierno electrónico y a la firma electrónica en el ámbito administrativo. Gobierno Electrónico del Ecuador. Normativa sobre firma electrónica. https://www.firmadigital.gob.ec/normativa/ Defensoría Pública del Ecuador. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. https://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3374Blog escrito por la Consultora Salomé AlbarracínViernes, 06 de noviembre del 2026

EL ENGAÑO AL COMPRADOR RESPECTO A LA IDENTIDAD O CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 235 DEL COIPLas relaciones de consumo deben desarrollarse bajo principios de transparencia, buena fe e información veraz. Cuando un proveedor ofrece un producto o servicio con determinadas características y, de manera fraudulenta, entrega uno distinto, puede vulnerar los derechos del consumidor y generar responsabilidad penal. En Ecuador, esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de la sección relativa a los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.Esta disposición busca proteger al comprador frente a prácticas fraudulentas que afectan su capacidad de decidir libremente y recibir aquello que efectivamente adquirió.¿Qué establece el artículo 235 del COIP?El artículo 235 del COIP sanciona a la persona que provoque error en el comprador o usuario respecto de la identidad o calidad del bien o servicio vendido, mediante la entrega fraudulenta de un objeto o servicio distinto al ofrecido en la publicidad, información o contrato. También contempla el engaño relacionado con la naturaleza u origen del bien o servicio, cuando se entrega otro que resulta semejante en apariencia al que se creyó adquirir.La norma establece una pena privativa de libertad de seis meses a un año para la persona responsable. Asimismo, cuando se determine la responsabilidad penal de una persona jurídica, se impondrá una multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.¿Cuándo se configura este delito?Para comprender el alcance de esta infracción penal, es necesario identificar los elementos principales de la conducta descrita en la norma.1. El engaño al comprador o usuario. La conducta debe provocar un error respecto de la identidad, calidad, naturaleza u origen del bien o servicio. No se trata únicamente de una insatisfacción con la compra, sino de una conducta fraudulenta que induce a adquirir algo distinto de lo ofrecido.2. La diferencia entre lo ofrecido y lo entregado. El objeto o servicio recibido no corresponde a lo anunciado, informado o acordado contractualmente. La diferencia puede relacionarse con sus características, calidad, naturaleza u origen.3. La existencia de una conducta fraudulenta. El artículo 235 exige que la entrega del objeto o servicio distinto sea fraudulenta. Por tanto, no toda equivocación comercial, deficiencia o incumplimiento contractual constituye automáticamente este delito; deben analizarse las circunstancias concretas y los elementos que permitan establecer la responsabilidad penal.Ejemplos de engaño al compradorEste delito puede comprender distintas situaciones que se presentan en las relaciones comerciales. Por ejemplo:● Identidad del producto: se ofrece y cobra por un artículo de una marca determinada, pero se entrega fraudulentamente otro producto distinto, haciéndolo pasar por el adquirido.● Calidad del bien: se comercializa un producto como si reuniera determinadas características de calidad, pero se entrega fraudulentamente otro que no corresponde a lo ofrecido.● Origen del producto: se presenta un bien como procedente de un país o fabricante específico, pero se entrega otro de origen diferente, ocultando esa circunstancia mediante el engaño.● Prestación de servicios: se contrata un servicio con características concretas y, de manera fraudulenta, se proporciona uno distinto al anunciado o acordado.Estos ejemplos deben examinarse individualmente, pues la aplicación del artículo 235 depende de que los hechos se ajusten a los elementos previstos en la norma penal.Protección de los derechos del consumidorEl artículo 235 del COIP guarda relación con los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Su artículo 4 reconoce, entre otros, el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios, así como la protección frente a la publicidad engañosa y el acceso a mecanismos administrativos y judiciales para la tutela de los derechos del consumidor.Por su parte, el artículo 17 de la misma ley establece la obligación del proveedor de entregar información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna, de manera que el consumidor pueda realizar una elección adecuada y razonable.Estas disposiciones permiten comprender que la transparencia en la oferta y la correspondencia entre lo anunciado y lo entregado son aspectos esenciales de las relaciones de consumo. Sin embargo, la existencia de una infracción a la normativa de protección al consumidor no implica, por sí sola, que se haya configurado el delito previsto en el artículo 235 del COIP.¿Qué sanciones establece la norma?El artículo 235 contempla dos consecuencias penales, según el sujeto responsable:Para la persona natural: pena privativa de libertad de seis meses a un año.Para la persona jurídica: multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general, siempre que se determine su responsabilidad penal.La imposición de estas sanciones requiere que se establezca la responsabilidad correspondiente conforme a las reglas del procedimiento penal. No basta con demostrar que el producto o servicio no cumplió las expectativas del comprador; es necesario acreditar los elementos de la conducta tipificada.¿Qué puede hacer una persona afectada?Cuando un comprador considera que ha sido víctima de un engaño, es recomendable conservar los elementos que permitan demostrar las condiciones de la oferta y la diferencia con lo recibido. Entre ellos pueden encontrarse:● Facturas, recibos y comprobantes de pago.● Contratos, órdenes de compra y documentos relacionados con la contratación.● Publicidad, capturas de pantalla y comunicaciones con el proveedor.● Fotografías, videos e informes técnicos que permitan identificar las características del bien o servicio entregado.● Cualquier otro elemento que contribuya a esclarecer las circunstancias de la operación comercial.Con base en los hechos y las evidencias disponibles, la persona afectada podrá evaluar las acciones legales que correspondan. Si existen indicios de una conducta que se adecue al artículo 235 del COIP, podrá ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen conforme a la ley, sin perjuicio de los mecanismos de protección al consumidor que resulten aplicables.El artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal constituye un mecanismo de protección frente al engaño fraudulento en las relaciones comerciales. Su finalidad es sancionar las conductas que inducen al comprador o usuario a error sobre la identidad, calidad, naturaleza u origen de los bienes o servicios adquiridos.La aplicación de esta disposición exige distinguir entre un simple incumplimiento contractual y una conducta fraudulenta que reúna los elementos del tipo penal. Por ello, la publicidad, la información proporcionada, los términos contractuales y las características del producto o servicio efectivamente entregado pueden resultar determinantes para el análisis jurídico del caso.Conocer esta norma permite a los consumidores identificar posibles vulneraciones de sus derechos y a los proveedores comprender la importancia de actuar con transparencia y respetar las condiciones de los bienes y servicios que ofrecen.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Asamblea Nacional del Ecuador. (2000). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio de 2000.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 03 de Noviembre del 2026

EL ENGAÑO AL COMPRADOR RESPECTO A LA IDENTIDAD O CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

EL TESTIMONIO RESERVADO DEL MENOR EN ECUADOR

En los procesos judiciales que involucran a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos relacionados con la tenencia, el régimen de visitas y los conflictos familiares, escuchar la opinión del menor constituye una garantía fundamental para la protección de sus derechos.En Ecuador, los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) reconocen el derecho de los menores a expresarse libremente y a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. En este contexto, el testimonio reservado puede constituir un mecanismo para conocer su opinión en condiciones que protejan su intimidad, integridad emocional y libertad de expresión, sin que su participación se convierta en una fuente de presión o revictimización.Fundamento jurídico: artículos 59 y 60 del CONAArtículo 59. Derecho a la libertad de expresión.Esta disposición reconoce que los niños, niñas y adolescentes pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, utilizando los medios que consideren adecuados, dentro de las restricciones legales destinadas a proteger los derechos de las demás personas.En el ámbito judicial, este derecho implica que el menor debe tener la oportunidad de manifestar sus sentimientos, experiencias y preferencias respecto de las decisiones que afectan su vida familiar, sin que su opinión sea descalificada únicamente por su edad.Artículo 60. Derecho a ser consultados.Este artículo establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten y que su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez.Además, incorpora una garantía esencial: ningún menor puede ser obligado o presionado para expresar su opinión.Esta disposición resulta especialmente relevante en los procesos de tenencia, en los que el niño puede encontrarse en medio de un conflicto entre sus progenitores. Su participación debe desarrollarse de manera libre, sin intimidaciones, amenazas, manipulación ni exigencias para que manifieste preferencia por uno de ellos.¿Qué es el testimonio reservado del menor?El testimonio reservado del menor es una forma de recibir su declaración procurando proteger su identidad, intimidad, seguridad y estabilidad emocional, de acuerdo con las características del procedimiento y las medidas de protección que correspondan.Su finalidad es permitir que el niño exprese su opinión en un entorno adecuado, con las garantías necesarias para evitar presiones externas y reducir los efectos negativos que podría ocasionar su participación en un conflicto judicial.Es importante precisar que los artículos 59 y 60 del CONA reconocen el derecho a expresarse y a ser escuchado, pero no regulan por sí solos una modalidad procesal específica denominada «testimonio reservado». La forma de recibir la declaración debe determinarse conforme a las normas procesales aplicables y las garantías correspondientes al caso.La opinión del menor en los procesos de tenenciaEn los procesos judiciales de tenencia, la opinión del niño puede aportar información relevante sobre sus vínculos afectivos, su entorno familiar, sus necesidades emocionales y las circunstancias en las que se desarrolla su convivencia con cada progenitor.Sin embargo, escuchar al menor no significa trasladarle la responsabilidad de decidir con quién debe vivir. La decisión corresponde a la autoridad judicial, que debe valorar integralmente su interés superior, las pruebas incorporadas al proceso y las condiciones de protección y cuidado.La opinión del niño debe ser considerada según su edad, madurez y capacidad para comprender la situación. No debe tratarse como una prueba automática de idoneidad o falta de idoneidad de alguno de sus progenitores, sino como un elemento relevante que debe analizarse junto con los demás medios probatorios.Protección frente a amenazas, intimidación y manipulaciónLa prohibición de presionar al menor para que exprese su opinión constituye una garantía indispensable cuando existen conflictos familiares intensos o alegaciones de violencia.Si se advierte que el niño podría estar siendo intimidado, manipulado o condicionado para manifestar una determinada preferencia, resulta pertinente solicitar que su participación se desarrolle mediante un procedimiento adecuado a su edad y situación emocional, con intervención de profesionales especializados cuando corresponda.El objetivo no es orientar su respuesta hacia uno de los progenitores, sino garantizar que pueda expresarse de manera espontánea, auténtica y libre de influencias indebidas.Asimismo, deben evitarse interrogatorios reiterados o confrontaciones innecesarias que puedan incrementar su angustia o colocarlo en una situación de conflicto de lealtades.La reserva y el derecho a la defensaLa protección de la intimidad del menor debe armonizarse con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes. Por ello, la reserva no debe entenderse automáticamente como una exclusión absoluta del conocimiento o contradicción de la prueba.La autoridad judicial debe aplicar las medidas de protección previstas en la normativa correspondiente, procurando que la participación del niño sea segura y que, al mismo tiempo, se respeten las garantías procesales de quienes intervienen en la causa.La forma concreta de recibir, documentar y valorar su declaración dependerá de las reglas procesales aplicables al procedimiento judicial.Los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados en los asuntos que afectan su vida, sin ser obligados ni presionados.En consecuencia, dentro de los procesos de tenencia y régimen de visitas, la participación del menor debe garantizar condiciones de seguridad, respeto, libertad y protección emocional. Su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez, sin atribuirle la responsabilidad de resolver el conflicto de sus progenitores.Escuchar al menor no significa hacerlo escoger entre sus padres; significa reconocerlo como sujeto de derechos y garantizar que su voz sea considerada sin miedo, manipulación ni presiones. Fuente: Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial No. 737, 3 de enero de 2003, arts. 59 y 60.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 27 de Octubre del 2026

JUSTICIA CLIMÁTICA EN EL ECUADOR

El cambio climático constituye uno de los principales desafíos ambientales y sociales de la actualidad, debido a que sus efectos no se distribuyen de manera uniforme entre la población. Las comunidades que poseen menores recursos económicos o que dependen directamente de los ecosistemas pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente a fenómenos como sequías, inundaciones, incendios, pérdida de cultivos y escasez de agua. En este contexto surge la justicia climática, que busca que la respuesta frente al cambio climático se desarrolle bajo criterios de igualdad, equidad, responsabilidad y protección de los derechos humanos y de la naturaleza.En el Ecuador, este enfoque adquiere especial relevancia porque la Constitución no solamente reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, sino que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Por ello, la lucha contra el cambio climático no constituye únicamente una cuestión de política ambiental, sino también una obligación jurídica relacionada con la protección de derechos constitucionales.- Concepto de justicia climática:La justicia climática puede entenderse como el enfoque jurídico y social que busca que las cargas, responsabilidades y consecuencias derivadas del cambio climático sean distribuidas de manera equitativa, otorgando especial protección a las personas, comunidades y ecosistemas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.Por tanto, no se limita a reducir las emisiones contaminantes. También pretende garantizar que las medidas de mitigación, adaptación y reparación respeten los derechos humanos, protejan a las poblaciones afectadas y consideren la responsabilidad de quienes generan impactos ambientales.- Características:La justicia climática presenta varias características: Enfoque de derechos humanos: Relaciona la crisis climática con derechos como la vida, salud, agua, alimentación y vivienda. Equidad: Busca que las consecuencias y responsabilidades frente al cambio climático no recaigan desproporcionadamente sobre los grupos vulnerables. Protección de la naturaleza: En Ecuador comprende también los derechos constitucionales de la naturaleza. Responsabilidad estatal: Exige que el Estado adopte medidas adecuadas para prevenir, mitigar y enfrentar los efectos climáticos. Solidaridad intergeneracional: Considera la obligación de proteger las condiciones ambientales para las generaciones futuras. Participación: Reconoce la importancia de que las comunidades puedan intervenir en decisiones que puedan afectar su ambiente y territorio. - Importancia:La importancia de la justicia climática radica en que permite analizar el cambio climático desde una perspectiva jurídica y no exclusivamente ambiental. Una política climática puede ser técnicamente adecuada para disminuir emisiones, pero resultar injusta si sus costos recaen principalmente sobre comunidades vulnerables.Por ello, la justicia climática exige que las decisiones públicas consideren quiénes soportan los impactos ambientales, quiénes participan en la generación del problema y qué medidas deben adoptarse para garantizar una protección efectiva de los derechos.- Fundamento constitucional:La Constitución de la República del Ecuador proporciona una base importante para desarrollar el concepto de justicia climática.· El artículo 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.· El artículo 66 numeral 27 reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.· Los artículos 71 y 72 reconocen los derechos de la naturaleza y su derecho a la restauración. Esto resulta fundamental para la justicia climática ecuatoriana, debido a que la protección jurídica no se limita al bienestar humano, sino que también comprende la conservación y regeneración de los ecosistemas.· El artículo 395 establece principios ambientales relacionados con un modelo de desarrollo sustentable, mientras que el artículo 397 establece obligaciones estatales frente a los daños ambientales.· El artículo 414 establece expresamente que el Estado debe adoptar medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, incluyendo la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica, además de proteger a la población en riesgo.- Código Orgánico del Ambiente:El Código Orgánico del Ambiente, en su Libro IV relativo al cambio climático y conforme a las reformas vigentes, constituye el principal instrumento legal específico para abordar esta problemática en el Ecuador. Su regulación desarrolla mecanismos de planificación, coordinación institucional, adaptación, mitigación y financiamiento climático. En particular, el artículo 249 resulta relevante para la justicia climática porque prioriza la reducción de las afectaciones sobre las personas en situación de riesgo, los grupos de atención prioritaria y quienes viven en condiciones de pobreza. Esta disposición permite vincular la gestión climática con la protección diferenciada de las poblaciones vulnerables.Asimismo, las disposiciones sobre planificación territorial, adaptación y mitigación permiten sostener que la respuesta estatal frente al cambio climático debe incorporarse en las decisiones públicas y no limitarse a acciones aisladas. Desde la perspectiva de la justicia climática, estas obligaciones deben interpretarse junto con los derechos constitucionales al ambiente sano, al agua y a la salud, así como con los derechos de la naturaleza.- Aplicación práctica:La justicia climática puede aplicarse, por ejemplo, cuando una comunidad rural depende de una fuente de agua que comienza a disminuir como consecuencia de sequías prolongadas. En este escenario, el Estado no debería limitarse a reconocer que existe un fenómeno climático, sino que debe adoptar medidas de adaptación, garantizar el acceso al agua y proteger especialmente a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.También puede aplicarse frente a actividades económicas que generan contaminación o contribuyen al deterioro ambiental. En estos casos, la protección debe considerar tanto los derechos de las personas afectadas como los derechos de la naturaleza.- Caso práctico:Supongamos que una comunidad amazónica vive cerca de una zona donde se desarrolla una actividad hidrocarburífera. La contaminación y las emisiones generadas por esta actividad afectan la calidad del agua, la salud de la población y los ecosistemas.Desde una perspectiva de justicia climática, la autoridad debe analizar no solamente si la actividad posee autorización administrativa, sino también si las medidas adoptadas son suficientes para prevenir daños, proteger a la población vulnerable y garantizar los derechos de la naturaleza.En consecuencia, la existencia de una autorización administrativa no elimina las obligaciones constitucionales de prevención, protección y reparación ambiental.- Jurisprudencia:a) Sentencia No. 1149-19-JP/21 – Caso Bosque Protector Los Cedros:Esta sentencia constituye un precedente importante para analizar la justicia climática desde la protección de los derechos de la naturaleza.La Corte Constitucional examinó una acción de protección relacionada con actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros y desarrolló aspectos relacionados con los derechos de la naturaleza, el principio de precaución, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y la consulta ambiental.La Corte determinó que se habían vulnerado los derechos de la naturaleza del Bosque Protector Los Cedros, el derecho al agua y el derecho de las comunidades a ser consultadas respecto de decisiones que podían afectar el ambiente. Además, ordenó medidas de reparación y ajustes a la normativa ambiental.Este precedente resulta importante para la justicia climática porque demuestra que la protección ambiental debe considerar los riesgos futuros y no únicamente los daños que ya se hayan producido.b) Sentencia No. 2167-21-EP/22 – Caso Río Monjas:Otro precedente relevante es la Sentencia No. 2167-21-EP/22, relacionada con el río Monjas. La Corte Constitucional analizó la responsabilidad ambiental de una autoridad municipal y vinculó la protección del ambiente con derechos como el ambiente sano, el hábitat seguro, el agua, el desarrollo sostenible, los derechos de la naturaleza y la reparación integral.Este caso permite comprender que los problemas ambientales pueden generar consecuencias sobre varios derechos simultáneamente, por lo que las autoridades deben adoptar una protección integral y no fragmentada.- Observación jurídica:La justicia climática no significa que todas las personas deban soportar las mismas obligaciones ambientales de manera idéntica. Precisamente su finalidad es reconocer que existen diferentes niveles de responsabilidad y vulnerabilidad.Por ello, las políticas públicas deben procurar que las medidas de adaptación y mitigación no produzcan nuevas desigualdades. Por ejemplo, una medida destinada a proteger determinado ecosistema no debería ejecutarse sin considerar los derechos de las comunidades que dependen de él.De esta manera, la justicia climática exige armonizar tres elementos: protección de los derechos humanos, protección de la naturaleza y distribución equitativa de las cargas y beneficios de la acción climática.Además, actualmente la Asamblea Nacional ha impulsado una reforma al Código Orgánico del Ambiente en materia de cambio climático, orientada a fortalecer la mitigación, adaptación, gestión de pérdidas y daños y financiamiento climático. Sin embargo, al encontrarse dentro del proceso legislativo, debe distinguirse de la normativa vigente hasta su eventual promulgación y publicación.- Importancia:La justicia climática permite fortalecer la protección constitucional del ambiente y de la naturaleza, especialmente frente a situaciones en las que los efectos del cambio climático recaen con mayor intensidad sobre determinados sectores de la población.Su importancia también radica en que obliga a superar una visión exclusivamente preventiva del cambio climático. No basta con reducir emisiones; también es necesario proteger a las personas vulnerables, garantizar su participación, prevenir daños, asegurar la adaptación y establecer mecanismos efectivos de reparación cuando se produzcan afectaciones.En conclusión, la justicia climática constituye un enfoque jurídico necesario para enfrentar los efectos desiguales del cambio climático. En Ecuador encuentra fundamento en la Constitución, especialmente en las disposiciones relativas al ambiente sano, los derechos de la naturaleza, la restauración, la protección ambiental y la obligación estatal de adoptar medidas frente al cambio climático.En consecuencia, enfrentar la crisis climática no puede reducirse a una cuestión técnica o ambiental. Implica garantizar derechos, distribuir de manera equitativa las responsabilidades, proteger a las comunidades vulnerables y asegurar la conservación de la naturaleza. La justicia climática permite, por tanto, construir una respuesta estatal que sea no solamente ambientalmente sostenible, sino también jurídicamente justa y socialmente equitativa.- Referencias: · Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador.· Asamblea Nacional del Ecuador. (2026). Código Orgánico del Ambiente. · Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 1149-19-JP/21.· Corte Constitucional del Ecuador. (2022). Sentencia No. 2167-21-EP/22. · Asamblea Nacional del Ecuador. (2026). Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente en materia de cambio climático.Blog escrito por la Consultora Salomé Albarracín23 de octubre del 2026